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A la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo y al Comité de Derechos Humanos y Paz de la Universidad del Atlántico.

Desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, con sede social en el País Vasco (Estado Español),  les enviamos la presente comunicación al objeto de manifestar nuestra preocupación y nuestra repulsa frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a la privación de libertad del Comandante del Frente José Pablo Díaz, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unificadas de Colombia, ÉDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ alias Don Antonio[1].

  1. Nos encontramos ante una decisión que quebranta los Derechos de las víctimas a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No Repetición de los hechos vividos como consecuencia del accionar paramilitar en la Región Caribe.
  2. La sentencia no responde a las garantías jurídicas que permitan un esclarecimiento de los hechos para conocer la Verdad en relación con la violencia desatada por el paramilitarismo en el periodo 1998 – 2003 en la Universidad del Atlántico (asesinatos sistemáticos de profesores, estudiantes, sindicalistas y trabajadores)[2].
  3. En caso de que se materialice la puesta en libertad de EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ, manifestamos nuestra honda preocupación en el sentido de que los efectos de esta decisión se traduzcan en la destrucción de pruebas para casos no resueltos por la justicia ordinaria o el riesgo de fuga de miembros involucrados en el asesinato de Jorge Adolfo Freytter Romero, así como para otros casos sin resolver.
  4. En este contexto jurídico, que puede llegar a significar la impunidad de los responsables últimos de la violencia paramilitar en la Región Caribe, solicitamos el envío de toda la información que no esté sometida al secreto de sumario en relación con el caso de Jorge Adolfo Freytter Romero de la que ustedes dispongan como Instituciones inmersas en el Proceso Jurídico.
  5. Así mismo, hacemos una petición específica a la Procuraduría General de la Nación para conocer qué expedientes disciplinarios a funcionarios públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran en estos momentos abiertos en relación con el caso del Profesor Freytter Romero.

Aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento desde el Acompañamiento Internacional al Proceso de Paz en el exterior, a las Instituciones Colombianas para que protejan los Derechos de las víctimas civiles del Conflicto armado, teniendo en consideración el punto 5 de los “Acuerdos para la Terminación del Conflicto”. Los victimarios deben atender y responder al Derecho que las víctimas tenemos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las garantías de No Repetición.

Atentamente,

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero.                              En Bilbao, a 12 de octubre de 2016.

[1] http://www.elheraldo.co/judicial/corte-ratifica-orden-de-libertad-don-antonio-en-justicia-y-paz-203628

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/los-crimenes-don-antonio/84647-3

VALORACIONES DE LA ASOCIACIÓN JORGE ADOLFO FREYTTER ROMERO. ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ACTUAL COYUNTURA POST-PLEBISCITO.

País Vasco, 05 de octubre de 2016.

El Proceso de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC – EP iniciado en 2012, no se detiene con la victoria del NO por la mínima (62.000 votos), en el Referendo del 02 de Octubre de 2016. Las partes en conversación no deben levantarse de la Mesa con el objetivo de materializar los Acuerdos de Paz firmados en la Ciudad de Cartagena de Indias. Es la hora de profundizar en una dinámica social y política democrática, que supere la polarización y movilice a sectores sociales que todavía no manifiestan su apoyo explícito al Proceso de Paz (abstención de 62,7% del censo electoral).

En esta nueva etapa que se abre de Construcción de la Paz para Colombia, el rol que debe jugar la Comunidad Internacional toma un carácter crucial. Tanto la ONU, como Noruega y Cuba (países garantes), así como la Unión Europea, Chile y Venezuela (países acompañantes), deben reforzar su papel en La Habana y en Colombia, con el objetivo de garantizar la irreversibilidad del Proceso. En este sentido, hacemos un llamamiento a que las instituciones públicas tanto en el País Vasco, como en el Estado Español, se involucren desde ya en el Proceso de Paz colombiano, con el objetivo de garantizar la implementación de los Acuerdos, denominados: “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

En las zonas como La Región Caribe ha ganado el SÍ por amplia mayoría. Los datos de los departamentos de Bolívar (60,23%), Atlántico (60,53%), La Guajira (61,14%) y Sucre (61,88%), así lo demuestran. En estos territorios, donde el Conflicto armado ha tenido mayor impacto en las últimas décadas, se dan condiciones sociales y culturales favorables para la Construcción de Paz en zonas golpeadas de forma estructural por la Violencia Política. Así, se deben comenzar a implementar de forma inmediata medidas de protección de los Derechos Humanos, profundización democrática y garantías de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición para las víctimas del Conflicto social y armado.

Consideramos de interés analizar los resultados del Plebiscito en el extranjero: el Sí ha ganado con claridad en todos los Estados donde la comunidad colombiana (migrantes económicos, estudiantes, mujeres trabajadoras, etc), se ha manifestado apoyando decididamente el Proceso de Paz. Así, desde el exilio político, reiteramos nuestras demandas a las partes en conversación al objeto de garantizar y participar en las futuras comisiones de Paz, que se conformen a este respecto. Se debe superar la invisibilidad parcial del exilio y garantizar la seguridad y la reparación para poder ejercer el Derecho al Retorno Digno. El resultado del Plebiscito en el extranjero nos demuestra la necesidad de cerrar las heridas que el desplazamiento forzado exterior ha causado. Esta Realidad debe ser asumida como una política de Estado a implementar dentro del Punto 5 de los Acuerdos (Víctimas).

Se abre un escenario donde debemos redoblar esfuerzos desde el exterior para construir la Nueva Colombia por la que llevamos trabajando desde el año 2012; generando dinámicas inclusivas y democráticas encaminadas a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Ahora hay muchas miradas puestas en Colombia por la influencia del Acompañamiento Internacional al Proceso, pero no debemos olvidar que las vulneraciones de Derechos Humanos se siguen produciendo sistemáticamente. Tampoco olvidemos que sectores de las Fuerzas Armadas, en connivencia con el Paramilitarismo, continúan poniendo en riesgo la Paz y el Pensamiento Crítico. Por lo tanto seguiremos trabajando con esperanza e ilusión, como en los tiempos más lacerantes. Es la hora de construir una Colombia plenamente democrática, que camine hacia la reconciliación nacional, con Justicia Social y que se edifique sobre una Paz estable, incluyente y duradera.

¡Un paso al frente por la Paz!.

Asociación/Elkartean “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas. Latinoamerika-ko indarkeria Politikoa eta bere espezializazioa: Kolonbiako Unibertsitatea Publikoak.

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La responsabilidad de las empresas en el conflicto armado colombiano Algunas reflexiones jurídicas

Entrevista a Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina

Algunas reflexiones jurídicas sobre la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado

Jorge Freytter-Florián (19-09-2016)
En el conflicto colombiano, muchas empresas nacionales y transnacionales vulneran sistemáticamente los derechos humanos. El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera aborda esta cuestión [2].
No obstante, son muchos los interrogantes que nos surgen al respecto. ¿Es competente la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre los derechos humanos para juzgar a las empresas como actores del conflicto armado? ¿Las prácticas de las empresas transnacionales se encuentran también bajo su jurisdicción? ¿Qué delitos podrán ser sancionados? ¿Y qué penas pueden ser impuestas a las empresas?

Para desengranar estas cuestiones contamos con la colaboración del profesor Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina.

-Antes de entrar de lleno en el tema mencionado, nos gustaría conocer algunas valoraciones generales sobre el Acuerdo Final 

-Mi primera valoración es positiva. Creo que el pueblo colombiano necesita estos acuerdos para iniciar una nueva fase de confrontación con el poder económico y político.

El cambio de estadio en la caracterización de las luchas creo que era una demanda importante de la población colombiana, ya que el conflicto armado ha generado muchísimo dolor y el triunfo de un nuevo modelo de sociedad parecía inviable por esta vía. Además, enfrentarse al capitalismo y a las fuerzas hegemónicas en esta coyuntura, requiere sumar esfuerzos, crear nuevas formas de resistencia y acumular fuerzas que la confrontación armada no permitía.

-¿Usted cree que la paz ha llegado a Colombia? 

-Lo que ha ocurrido en La Habana es muy importante, se han firmado unos Acuerdos que esperemos abran nuevos espacios a la lucha política y social, pero la paz es otra cosa.

Galtung habla de la paz negativa, que hace referencia a la ausencia de violencia directa. En este caso, es el Acuerdo el que reconduce la confrontación armada entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Pero los movimientos sociales y la izquierda luchamos por una paz positiva que destierre la violencia estructural de un sistema capitalista y patriarcal tremendamente cruel. No hay paz en el sentido profundo del término sin justicia social y sin otro modelo político y económico.

No obstante, el plebiscito del dos de octubre no permite demasiados espacios para los matices, y el uso de la palabra paz se convierte en un arma “electoral”, pero no se puede perder de vista que lo firmado en La Habana son unos Acuerdos muy importantes, pero Acuerdos al fin y al cabo. Sin embargo, el triunfo del sí es imprescindible para continuar con las siguientes fases.

-¿Cuáles son los desafíos más importantes de la nueva fase que se abre si los Acuerdos son ratificados en el plebiscito del dos de octubre? 

-El paramilitarismo, la violencia policial y militar deben ser perseguidas y erradicadas de inmediato. No puede ser que activistas sociales y defensores de los derechos humanos sigan siendo asesinados. Hay que garantizar que en Colombia se puede “hacer política” sin que te asesinen. Esta es una condición imprescindible.

Por otra parte, los Acuerdos no implican una transformación radical de las estructuras económicas o jurídicas, son el inicio de una nueva fase política que implica una reactivación de las movilizaciones sociales y populares en busca de una nueva correlación de fuerzas.

Se necesita una gran dosis de unidad de las distintas fuerzas anticapitalistas y antipatriarcales y ampliar las alianzas de las diferentes luchas contra el modelo neoliberal que el gobierno de Santos, las corporaciones transnacionales y el bloque dominante colombiano han puesto en marcha. La concentración de la propiedad de la tierra, la democratización del país y la lucha contra la desigualdad, se convierten en ejes centrales del combate.

Además, la solidaridad internacional debe ser otro frente de lucha a tener en cuenta. El fortalecimiento de redes contra hegemónicas globales son muy importantes para frenar y revertir los planes de las grandes corporaciones transnacionales.

Por otra parte, el movimiento popular colombiano debe profundizar en un modelo de desarrollo radicalmente distinto al que impone el capitalismo. Las corporaciones transnacionales quieren afianzar sus espacios de poder económico y convertir a Colombia, entre otras cosas, en una nueva locomotora minera, por eso, la lucha contra los acuerdos de comercio e inversiones, la puesta en marcha de la soberanía alimentaria y de las ideas eco socialistas y eco feministas son desafíos imprescindibles para un nuevo modelo de desarrollo social y económico.

-Entremos de lleno en el objeto central de esta conversación, a su parecer, ¿ el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo   la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos tiene competencia para juzgar a las empresas nacionales y transnacionales? 

-Rotundamente sí. El análisis del documento mencionado nos confirma esta afirmación.

Destacaría algunas ideas fuerza que recorren este texto.

1. En los principios básicos que componen el sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición se insiste mucho en el derecho de las víctimas a la justicia y a la protección de sus derechos. La centralidad de las víctimas es un elemento esencial. Por tanto, la verdad, justicia y reparación de sus derechos es uno de los objetivos del documento. Las empresas nacionales y transnacionales no pueden sustraerse, en ningún caso, a este principio general.

2. El apartado 15 y 32 establecen que el Sistema Integral se aplicará a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y se añade que también será competente para juzgar las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones.

3. También se refiere a las responsabilidades colectivas del Estado, por las prácticas y hecho incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto.

Es cierto que el documento no establece ningún epígrafe donde se mencione expresamente a las empresas como posibles actores del conflicto armado, pero la lectura global del texto y la específica de algunos apartados del mismo no deja ninguna duda sobre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a las empresas.

-¿Hay algún otro apartado que reseñaría especialmente? 

-El apartado 19 del texto me parece muy importante. Especifica que los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y cómo al adoptar sus resoluciones o sentencias se hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, la cual puede ser diferente a la efectuada por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas. Es decir, los magistrados y magistradas deben aplicar, también para juzgar a las empresas, el marco normativo internacional y disponen de un amplio margen interpretativo al poder realizar una calificación jurídica propia, que en ningún caso quiere decir arbitraria, ya que sus referencias son el marco mencionado.

No debe extrañarnos el apartado 19 -y menos al hablar de empresas-, ya que estas disponen en el ámbito global de los Mecanismos de Resolución de Diferencias Inversor –Estado -los llamados tribunales arbitrales-, para la defensa de sus intereses. Es un sistema paralelo al poder judicial -se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral. Los árbitros disponen de un margen de interpretación sin límite alguno.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas de los acuerdos y tratados de comercio e inversiones y no las normas sobre los derechos humanos.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos, es todo lo contrario, ubica en el centro de su práctica jurídica al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, dadas las características específicas del Acuerdo Final, el margen de interpretación de los magistrados y magistradas debe ser muy amplio y en la pura teoría del Derecho, puede ser un sistema que neutralice la asimetría existente entre normas corporativas a favor de las empresas transnacionales y los derechos de las mayorías sociales. ¿Por qué no dotar a los magistrados y magistradas de la misma capacidad interpretativa de la que disponen los árbitros de los tribunales arbitrales cuando de juzgar a empresas se trata?

-¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos iniciales para encausar a las empresas? 

-El apartado 48 recoge cómo la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas recibirá los informes que le presente la Fiscalía y otros órganos e instituciones de carácter oficial, pero también incluye los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas relativos a las conductas cometidas por las empresas con ocasión del conflicto armado.

Se específica, además, que se les dará el mismo tratamiento. Por tanto, y más allá de todo el procedimiento previsto, el papel de la sociedad civil va a ser muy importante, ya que son muchos los informes -y de un alto rigor- que circulan en Colombia en relación a la impunidad con la que han actuado las empresas transnacionales y nacionales sirviéndose del conflicto armado.

A partir de aquí los magistrados y magistradas tomarán en consideración o no, los hechos descritos y activarán el procedimiento previsto.

-¿En estos momentos hay fuentes, indicios, pruebas… para denunciar a las empresas? 

-Resultaría muy prolijo enumerar el trabajo realizado en condiciones extremas de seguridad de miles de personas y de un importante número de organizaciones, movimientos sociales, observatorios, Ongs, sindicatos, colectivos de abogados y abogadas… etc. que han elaborado denuncias, informes y documentos muy rigurosos sobre la tremenda responsabilidad de las empresas en el conflicto armado. Estos documentos se entregarán a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas y muchos de ellos se convertirán en documentos “oficiales” y pasarán a formar parte del cuerpo de pruebas que los magistrados y magistradas tendrán que valorar.

Desde mi experiencia personal puedo nombrar al Tribunal Permanente de los Pueblos y a las sucesivas sentencias que ha ido fallando en relación a la responsabilidad de las empresas transnacionales en Colombia. Hay muchos datos y pruebas que involucran a las mismas en el conflicto armado.

Por otro lado, el papel de la fiscalía ha sido completamente insuficiente y la impunidad de las empresas es lo que ha imperado en Colombia. No obstante, a finales de 2015 se creó un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de las Dirección de Justicia Transicional que se encuentran trabajando en 50 casos como “prueba piloto”. Los primeros resultados ponen en valor algunas de las denuncias realizadas desde el movimiento popular. Así, aparece la vinculación y financiación de grupos paramilitares por empresarios bananeros, ganaderos, palmicultores, empresas mineras, hidrocarburos, energéticas… etc.

-¿Cómo se concreta la responsabilidad de las empresas? 

-Cuando una empresa produce daños o vulnera los derechos humanos, debe responder civilmente. Es decir, deben reparar a las víctimas por el daño causado, y si los daños constituyen delito o crímenes deben responder penalmente. En el caso tratado, si las empresas han cometido actos o han actuado como cómplices, colaboradoras, instigadoras, inductoras o encubridoras de las conductas tipificadas en al apartado 40 -“No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además, del reclutamiento de menores conforme a los establecido en el Estatuto de Roma”- tienen una responsabilidad penal.  

Por otra parte, los miembros del consejo de administración, los dirigentes, ejecutivos, funcionarios, trabajadores, representantes… de las empresas son personas físicas y las normas jurídicas vigentes descritas anteriormente son también obligatorias para ellos, particularmente en materia civil y penal. Por ejemplo, responderán de haber financiado a grupos paramilitares para delinquir en favor de las empresas.

En definitiva, hay una doble imputación, por una lado, a las empresas, y por otro, a las personas físicas responsables de las gravísimas conductas recogidas en el apartado 40 del  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos.

-¿La responsabilidad penal de las empresas está regulada en el ámbito internacional? 

-En Europa -más de 25 países- y en todo el mundo, sobre todo en los últimos veinte años, cada vez más países han introducido la misma. Hay que tener en cuenta que el principio de legalidad en el Derecho Penal obliga a la fiscalía a investigar y otorga una protección jurídica más segura.

En el contexto de los juicios de Nuremberg como con posterioridad -los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda- la responsabilidad penal de las empresas transnacionales se llegó a establecer. Se determinó que las personas jurídicas habían vulnerado determinadas leyes de la guerra. El Estatuto del Tribunal de Nuremberg recogió que grupos u organizaciones pueden ser declaradas criminales y que formar parte de ellas daría lugar a una conducta delictiva. No podemos olvidar que muchas empresas alemanas se beneficiaron de la ocupación nazi al adquirir propiedades o explotar a prisioneros de guerra.

-¿La legislación internacional reconoce la responsabilidad de las empresas nacionales y transnacionales ?

-Hay una primera premisalas empresas son personas jurídicas y, en tanto tales, sujeto y objeto de Derecho, de modo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es también obligatorio -además del ordenamiento jurídico colombiano- para éstas.

La responsabilidad de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, no es una materia pacífica en la doctrina internacional. Durante mucho tiempo se han calificado a los derechos humanos como derechos individuales frente al poder del Estado. En estos momentos se ha consolidado la tesis por la que se reconoce que los derechos humanos pueden ser vulnerados por las personas físicas y jurídicas, es decir, las empresas también pueden violar los derechos humanos. Este es un tema muy importante, veamos algunas cuestiones.

El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

Artículo 29 

  1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
  2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Las empresas como toda persona privada debe respetar la ley nacional e internacional. Principio que la doctrina ha asumido y que numerosos convenios internacionales han ido incorporando. Además, la Declaración de Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia: Las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales. En Derecho Internacional la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario están en vigor y es obligatorio. La Declaración Universal de Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa. Lo mismo que el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

En definitiva, además de los textos descritos existe un número muy importante de normas e instrumentos internacionales vigentes que son aplicables a las empresas. Son normas que se refieren a la dignidad inherente a las personas y por tanto obligatorias e inderogables.

Los magistrados y magistradas deben tener en cuenta las normas internacionales que las empresas nacionales e internacionales deben cumplir, más allá, incluso, de lo que la legislación colombiana establezca.

-¿Existe alguna norma concreta referida a la responsabilidad de las empresas respecto a la vulneración de los derechos humanos? 

-Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, son la referencia normativa internacional más importante y con mayor consenso en la comunidad internacional y en el seno de la ONU; Colombia también ha acogido dichos Principios.

En su apartado II letra nº 11 establece que “las empresas deben respetar los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. De la lectura de estos Principios deriva la responsabilidad de respetar los derechos humanos como una conducta mundial aplicable a todas las empresas, donde quiera que operen. Responsabilidad que se acentúa al referirnos a prácticas vulneradoras de los derechos humanos tan relevantes como las recogidas en el apartado 40 del   Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos.

Es verdad que el carácter voluntario de estos Principios relativiza mucho su eficacia jurídica, pero en el caso que nos ocupa y de acuerdo con el apartado 19 del Sistema Integral, los magistrados y magistradas pueden otorgarles el carácter imperativo que consideren de acuerdo con su pertenencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la gravedad de los hechos juzgados y a la capacidad de adoptar sus resoluciones o sentencias en base a una calificación jurídica propia del Sistema Integral.

-¿Cómo se puede probar la responsabilidad de las empresas y de las personas responsables individuales? 

-La carga de la prueba se rige por la regla clásica, lo que implica que las víctimas o el Estado son los que tienen que probar la responsabilidad de los daños causados por las empresas o por las personas físicas que dirigen o trabajan para ellas. No obstante, en la doctrina internacional se está extendiendo la obligación jurídica por la cual son las empresas las que tienen la obligación de prevenir los posibles daños causados, invirtiendo la carga de la prueba en relación con los medios y capacidades de dichas empresas.

Así, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos ratificados en el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considera que cuanto mayor sea la cercanía o proximidad de la empresa a una zona de conflicto o situación de riesgo, las empresas deberán desplegar un mayor esfuerzo para no incurrir en responsabilidades respecto a las vulneraciones de derechos producidos. La debida diligencia y la “prevención” deben completar la regla clásica de la prueba de los daños causados por las empresas. Los Principios también recogen que puede existir complicidad “cuando una empresa contribuye o parece contribuir a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos causadas por otras partes”.

Por ejemplo, si una empresa tiene la oposición de todas las comunidades cercanas para imponer soja en una determinada zona y de la noche a la mañana las comunidades se “desplazan” y la oposición desaparece, la debida diligencia y la prevención que emana de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos debe tenerse en cuanta a la hora de establecer las responsabilidades. La empresa debe demostrar que no tiene nada que ver con los desplazamientos de las comunidades y con la “misteriosa” desaparición de la oposición al proyecto de soja.

Los empresarios que aleguen buena fe en la compra de tierras, que fueron objeto de despojos o desplazamientos forzosos anteriores a su adquisición, deben demostrar que actuaron con la debida diligencia y se aseguraron de que su forma de actuar no tendría un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos.

-¿Qué sanciones caben contra las empresas? 

-En principio, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos, prevé dos tipos de sanciones: de cinco a ocho años para quienes reconozcan la verdad y acepten su responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de los delitos previstos en el apartado 40 y de 15 a 20 años cuando no exista reconocimiento de la verdad ni se acepte su responsabilidad.

Estas sanciones se aplican a las personas físicas que hayan delinquido gravemente a favor de las empresas que dirigen, en las que trabajan o a las que representan -financiando, por ejemplo, grupos paramilitares- y, además, deben reparar a las víctimas por el daño causado.

Respecto a la responsabilidad penal de las empresas existe un vació legal (obviamente una empresa no puede ser encarcelada), ya que las sanciones previstas no recogen esta posibilidad. Resulta evidente que deben reparar civilmente el daño causado a las víctimas, pero en otras legislaciones se prevé, en base a la responsabilidad penal, multas, exclusión de contratos públicos y subvenciones, disolución de la empresa…etc.

Los magistrados y magistradas deben fundamentar sus fallos en las normas internacionales e impedir la impunidad de prácticas tipificadas, entre otras, como delitos de lesa humanidad o genocidio, en grado de autoría, complicidad, colaboración, instigación, inducción o encubridor. También deben despejar las posibles contradicciones entre los grados de participación descritos y lo que el Acuerdo recoge en el apartado 31 sobre “las conductas de financiación o colaboración de los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieran una participación determinante o habitual”. Pienso que el carácter de esta participación no puede quebrar los grados de de autoría, complicidad, colaboración, instigación, inducción o encubridor.

A mi parecer, la vinculación de empresas transnacionales como agentes directos o indirectos con el conflicto armado colombiano -en función de las gravísimas conductas previstas en el apartado 40 del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos- , requiere la expulsión de la zona donde han actuado y según la gravedad de los hechos, de la propia Colombia. La disolución de las empresas nacionales por los mismos hechos es otra sanción a tener en cuenta.

El que la legislación colombiana no regule la responsabilidad penal de las empresas, no impide que los magistrados y magistradas puedan aplicarla, ya que según el apartado 19 mencionado anteriormente, las referencias normativas son el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y además a la hora de adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema, lo que les permite aplicar la responsabilidad penal de las empresas tal y como se desarrolla en la legalidad internacional.

-¿Por qué actúan con tanta impunidad las empresas transnacionales en el ámbito global?

-Es un pregunta muy compleja, pero desde una perspectiva jurídica, la existencia de una nueva lex mercatoria o Derecho Corporativo Global explica la impunidad con la que actúan.

En la lex mercatoria, los derechos de las empresas transnacionales se blindan a través de un complicado entramado legal compuesto por miles de normas -los contratos firmados por las grandes corporaciones; las reglas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales arbitrales – caracterizadas por su fortaleza jurídica. La oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies transnacionales a la creación de normas que puedan poner en riesgo sus perspectivas de negocio tiene una explicación muy sencilla: las actuales normas corporativas globales están diseñadas a su imagen y semejanza. Son “leyes” para la defensa de los intereses de las grandes corporaciones; son normas para ricos.

Por otra parte, las multinacionales protegen sus derechos por medio de normas supranacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que debilitan la soberanía de los Estados receptores; sus obligaciones, sin embargo, se ajustan a las legislaciones nacionales previamente sometidas a la lógica del capital.

En el caso de Colombia, la alianza entre el poder corporativo, el gobierno y las clases dominantes han desregulado, privatizado y quebrado todas las políticas públicas de apoyo a las mayorías sociales en el marco de un conflicto armado y una violencia generalizada contra los movimientos populares. Colombia es una excelente pista de aterrizaje para el capital transnacional.

Y, junto a la debilidad y complicidad de los Estados para controlar a las empresas transnacionales, existe una ausencia de mecanismos e instancias adecuadas para exigir la responsabilidad de estas compañías en el ámbito global, con unos sistemas regionales e internacionales que no están diseñados para recibir denuncias contra las grandes corporaciones y con una falta de cumplimiento y ejecución de las decisiones de los órganos competentes.

La arquitectura de la impunidad que emerge de la lex mercatoria descrita es la manera en que se explica jurídicamente el poder corporativo global.

-¿Para terminar, tiene alguna reflexión final? 

-El Acuerdo desde una perspectiva general y en lo relacionado con las Víctimas del Conflicto que incorpora el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre los derechos humanos, necesita ser “observado” y “controlado” por el movimiento popular. El poder corporativo, el gobierno y el bloque dominante van a presionar para que el mismo se vacíe de contenido y se ponga al servicio de las clases dominantes. En relación a la Jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre los derechos humanos, los principios de priorización y de la selección de los máximos responsables van a ser interpretados por los sectores más reaccionarios como frenos al desarrollo de la Jurisdicción especial. Únicamente la organización y la unidad de las luchas populares pueden presionar para que los Acuerdos se interpreten a favor de la emancipación de las mayorías sociales.
Notas
Jorge Freytter-Florián, Exiliado político en el País Vasco, miembro de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudio sobre violencia política en América Latina. http://www.ascjafr.org

[2] El Acuerdo Final contiene un sub apartado referente al Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto que incorpora el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que incluye la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre los derechos humanos.

La construcción de paz en las universidades públicas colombianas en el post-acuerdo: aportes desde el exilio

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero

AJAFR.

1. Conflicto armado, víctimas y pedagogías de la paz

El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeabilizado en todos los sectores sociales. Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados hasta 2012).

La situación del conflicto permanente ha significado un desgaste de todas las instituciones y las administraciones del Estado, de la cual la educación superior es parte. Sin embargo, las conversaciones de paz iniciadas en 2012 en La Habana (Cuba), entre las FARC-EP y el Gobierno; y la fase exploratoria de conversaciones públicas del gobierno con el ELN iniciada este abril de 2016, dibujan un contexto de posibilidad y una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera al conflicto social y armado. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas.

En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ’80 ha surgido un campo de estudios sobre la violencia política, desarrollado por quienes han sido denominados los “Violentólogos”. Estos estudios responden a un ejercicio teórico colectivo, cuyo objetivo es entender y explicar, en última instancia, la larga historia de violencia en el país.

De esta manera, el desarrollo y estímulo de “Pedagogías para la Paz”, se enmarca en un contexto de avances significativos de la negociación para la solución política. Este escenario, dentro de las universidades públicas colombianas, debe significar un salto cualitativo que contribuya al fortalecimiento de los acuerdos que las partes en conversación han firmado. Las universidades públicas deben erigirse como verdaderos agentes que implementen, garanticen y desarrollen el “Acuerdo General para Terminación del Conflicto Colombiano y una Paz Estable y Duradera”. Dentro de ese marco existe un punto específico sobre las víctimas del conflicto y su reconocimiento, que contempla dos apartados: los Derechos Humanos de las Víctimas y  la Verdad. Este es uno de los puntos más relevantes para abordar la problemática sobre la violencia histórica que se ha manifestado en el seno de las universidades públicas colombianas.

El diagnóstico que subyace a la evaluación del daño causado por el conflicto armado a las instituciones universitarias, implica considerar que las amenazas a miembros de la comunidad académica representan actos criminales de enorme trascendencia social y política. Así, exigir silencio bajo amenaza de muerte genera profundas implicaciones personales, y agrede y violenta la esencia de la universidad como institución sociocultural y académica. El uso de la violencia política contra miembros de la comunidad universitaria ha generado profundas rupturas, y ha lesionado el espíritu universitario basado en la libertad de cátedra, la defensa de la vida, la libertad de expresión y la autonomía universitaria. El cuestionamiento del pensamiento crítico a través del uso de la violencia política (evitando el legítimo debate académico), es un fenómeno que continúa desarrollándose en la actualidad, y debe ser desterrado de una vez por todas de las universidades públicas colombianas.

En Colombia se han desarrollado Bancos de Datos de violaciones de Derechos Humanos con más cobertura y precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y testimonios han hecho posible el informe reciente de la “Comisión Histórica del Conflicto y Sus Víctimas”, así como los trabajos del Centro de Memoria Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico, Basta Ya, del año 2013.

La tarea fundamental que se presenta con el Proceso de Construcción de la Paz ante la comunidad universitaria, las instituciones del Estado y ante el conjunto de la sociedad colombiana, es vincular estos esfuerzos de recuperación de la memoria histórica, con la academia, las víctimas y la sociedad civil.

2. Universidades públicas, paramilitarismo y construcción de paz

Las universidades públicas colombianas deben contribuir a la Construcción de la Paz, en un contexto complejo y contradictorio; sin embargo, también nos encontramos ante un escenario de fondo potencialmente fértil para la defensa de los derechos humanos y las Pedagogías para la Paz en las universidades públicas colombianas (un escenario político y social que se abre paulatinamente nunca visto en los últimos 70 años en Colombia).

Con la Ley 975 de 2005 conocida como “Justicia y Paz”, más de 30.000 paramilitares fueron incorporados a la vida civil. En este proceso existieron acreditados elementos de impunidad. De hecho, ya quedó demostrado por la sentencia del 18 de Mayo de 2006 de la Corte Constitucional, que la desmovilización de las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC), no se planteó por el legislador en unos términos transparentes de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En las universidades públicas colombianas, esta Ley 975 normalizó la presencia de ex-paramilitares mediante beneficios para su ingreso en “Programas de capacitación y educación”. Durante los últimos 10 años, miles de paramilitares se han infiltrado en la vida universitaria interviniendo en los espacios democráticos y oponiéndose sistemáticamente al desarrollo del pensamiento crítico, en un país donde la violencia política de baja intensidad es estructural. Las Universidades, hasta la fecha, no disponen de herramientas efectivas mediante las cuales desarrollar Pedagogías para la Paz, procesos de acompañamiento a víctimas del paramilitarismo, o reparación de las violaciones de Derechos Humanos realizadas en sedes universitarias. Miles de víctimas del paramilitarismo, afectadas por la re-victimización que supuso la aprobación de la “Ley de Justicia y Paz”, están viendo cómo los beneficios de la Ley 975 de 2005 en las universidades, son únicamente para el victimario, y no para sus víctimas.

En este contexto, el paramilitarismo ha llevado a cabo una campaña de intervención de baja intensidad en las Universidades Públicas a nivel nacional durante los últimos 10 años. Este fenómeno se ha experimentado con mayor énfasis en universidades públicas como en la Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Córdoba, Universidad de la Guajira, Universidad del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre o la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte y más recientemente, el Gobierno impulsó las “Cátedras para la Paz” amparadas por la Ley 1732 de 2015. Por medio de ésta Ley, se establece la obligatoriedad en todas las instituciones educativas del país de  desarrollar programas con el objetivo de “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica”. Por lo tanto, es un buen momento para incidir en la filosofía y en el contenido de esta Ley; con los objetivos de impulsar la educación para la paz, defender los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos, se debe comenzar a desplegar una hoja de ruta que permita la “Reconstrucción de democracia y Paz” en espacios universitarios.

Por lo tanto, la problemática de la Construcción de la Paz en las universidades públicas debe ser abordada desde una perspectiva que abarque amplios sectores de la sociedad colombiana. Así, uno de los objetivos a medio plazo deberá ser el fortalecimiento de la participación de las víctimas directas y de la comunidad universitaria a través de un diálogo social fluido, que permita la creación de redes para estrechar los vínculos entre víctimas-universidad-sociedad civil.

Es fundamental evitar los procesos de re-victimización en las universidades públicas colombianas. Para ello se deben implementar medidas efectivas que permitan profundizar en la resolución del conflicto: 1) hacer un seguimiento de las múltiples violencias de baja intensidad, que se han desarrollado en las Universidades durante los últimos decenios, en clave de recuperación de la Memoria Histórica; 2) implementar mecanismos de reparación y no repetición para las víctimas de las violencias de motivación política que el Conflicto social y armado ha producido en la comunidad universitaria; y 3) facilitar un acompañamiento internacional que verifique el proceso de paz en las Universidades.

3. Aportes desde el exilio

Desde los y las exiliados-as colombianas en Europa – y creemos que esto es también extensible a las comunidades colombianas que residen acá por motivaciones económico-sociales- consideramos que debemos contribuir a la Construcción de la Paz, haciendo parte activa del momento histórico e ilusionante que atraviesa toda Colombia. Queremos participar defendiendo los derechos humanos y fortaleciendo la educación pública de nuestro país. Para ello es fundamental priorizar la recuperación de la memoria histórica, implementar mecanismos que favorezcan las garantías de no-repetición y apoyar la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia desde el exterior.

El acompañamiento internacional que desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero estamos desarrollando, tiene como objetivo aportar a la Construcción de Paz en las Universidades desde múltiples  ámbitos. Así, consideramos fundamental colaborar para desarrollar, fortalecer y acompañar las iniciativas que tengan como objetivo implementar propuestas concretas en defensa de los derechos humanos, como por ejemplo:

  • Cátedras de Paz en las universidades públicas colombianas.
  • Tribunales de la Verdad dentro de los campus universitarios.
  • Comisiones de Verificación Internacional de los derechos humanos.
  • Foros de participación directa de las víctimas del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado con sus familiares.
  • Homenajes que dignifiquen el buen nombre de mujeres y hombres que dejaron su vida en defensa de la educación pública, el pensamiento crítico y la lucha contra la corrupción dentro de las universidades públicas colombianas.
  • Actividades públicas que reconozcan todas las víctimas y todos los sufrimientos que el conflicto colombiano ha provocado en las universidades.
  • Documentación de los casos para ser puestos de manera jurídica y política en la futura Comisión de la Verdad y Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno paramilitar en Colombia.
  • Centros de la Memoria. Establecer en cada universidad pública donde el paramilitarismo ejecutó a profesores/as, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, trabajadores/as  de estás universidades un Centro de la Memoria donde reposé fotografías, audios, libros, biografías de todos/as las personas que fueron asesinadas.
  • La creación de cupos obligatorios y directos para los hijos-as y nietos-as de los profesores-as y trabajadores-as asesinados, como parte de la reparación y de la garantía de no repetición de estos hechos.

En este 2016, tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil debemos redoblar esfuerzos para fortalecer el papel que han de desempeñar las universidades públicas en la configuración de escenarios de paz. Tanto en Colombia como en el exterior, debemos caminar hacia la regeneración del tejido social dañado por el conflicto armado colombiano. Las universidades públicas son un elemento estratégico para la consolidación de escenarios estables de paz en Colombia: la academia debería de ser un enclave privilegiado desde donde facilitar espacios en los cuales las víctimas, la sociedad civil y el pueblo colombiano participen de forma directa en los múltiples procesos que buscan una solución estable y duradera a siete décadas de conflicto social y armado.

Por lo tanto, las problemáticas a las que la AJAFR pretende aportar sus esfuerzos implican:

  1. Impulsar desde el exterior el fortalecimiento de las universidades públicas colombianas a través de actividades, programas y ejes de intervención por la paz en el ámbito social y académico. Impulsar la Cultura de la Paz y a la defensa de los derechos humanos para Colombia en un marco de reciprocidad social y cultural.
  2. Desarrollar un trabajo en red que permita tender puentes entre las Universidades Públicas Colombianas, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD), Mondragón Unibertsitatea (MU)-,resto de universidades de Estado español; así como entre las Instituciones vascas, españolas y colombianas. Todo ello para contribuir, desde el acompañamiento internacional a la resolución  del Conflicto colombiano.
  3. Señalar, visibilizar y difundir procesos concretos en defensa de los derechos humanos y las “Pedagogías para la Paz”. Es decir, colaborar en la reconstrucción social en clave de reparación, verdad y garantías de no repetición, haciendo partícipes a las sociedades colombiana, vasca y española.

Dichas aportaciones, son mencionadas en el Informe del Viaje a la ciudad de Barranquilla por la Asociación elaborado al respecto en el 2016

Queremos construir una Colombia en Paz, con derechos de la ciudadanía, con justicia social y con reconocimiento y reparación para todas las víctimas del conflicto. Vamos a reconstruir esa Nueva Colombia también desde el exilio, porque muchos-as de nosotros-as queremos tener el derecho a retornar, y para ello necesitamos garantías de no volver a sufrir la violencia política nunca más.

Bilbao, Agosto de 2016

Asociación/Elkartean “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.Latinoamerika-ko indarkeria Politikoa eta bere espezializazioa: Kolonbiako Unibertsitatea Publikoak.

http://www.ascjafr.org ||Twitter: @ascjafr|| info@ascjafr.org 

ENTREVISTA A RENÁN VEGA CANTOR, HISTORIADOR COLOMBIANO, PROFESOR UNIVERSITARIO Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS.

ENTREVISTA A RENÁN VEGA CANTOR, HISTORIADOR COLOMBIANO, PROFESOR UNIVERSITARIO Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS.

“ (..) En Colombia puede hablarse de un neoliberalismo armado (..)”
País Vasco, 28 de Marzo de 2016
Por: FREYTTER-FLORIÁN Jorge
En la presente entrevista al profesor Renán Vega Cantor brinda su testimonio entorno a varios aspectos, como son: el conflicto social y armado, paramilitarismo, pensamiento crítico, universidades públicas, democracia y violencia política en Colombia, todo estos elementos abarcar lo que venimos demostrando en base a nuestras hipótesis: la persecución política al Pensamiento Crítico en Colombia, con su visión académica y como parte de la Comisión Histórico del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) en las actuales Conversaciones de Paz.

  1. ¿Usted considera que el paramilitarismo será un obstáculo para la concreción en el post Acuerdo?   

Si tenemos en cuenta que el paramilitarismo ha sido un instrumento privilegiado –más no el único- de la contrainsurgencia del bloque de poder en Colombia durante el conflicto armado, desde su mismo comienzo, para destruir las bases sociales de la insurgencia armada, no resultaría sorprendente que, si se firma un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado, el paramilitarismo le corresponda la tarea de empezar a amenazar, perseguir y asesinar guerrilleros desarmados. Al fin y al cabo, el paramilitarismo es anticomunista, como lo es el grueso de la población colombiana, y a partir de ese criterio la justificación de matar a los enemigos garantiza la plena impunidad. Por esta razón, si se quiere que no haya un derramamiento de sangre con posterioridad a los acuerdos, una condición obligatoria es que tanto el Estado como sus Fuerzas Armadas no solo se comprometan a liquidar el paramilitarismo sino que lo hagan en la práctica. De no ser así, el acuerdo va a nacer muerto.

2).¿Qué intereses económicos puede encontrar el paramilitarismo en las Universidades Públicas?

En el mundo contemporáneo y no solo en Colombia, la educación se ha convertido en un negocio. Eso es evidente en las universidades públicas que han sido transformadas por las políticas neoliberales. Al respecto, Colombia ha sido un laboratorio de experimentación, porque las universidades que todavía se denominan públicas, pero que en realidad poco lo son, están privatizadas, venden servicios, se encuentran al servicio de los intereses del capital privado y ya no son, como alguna vez lo pudieron ser, la cantera de algún proyecto crítico, alternativo o anticapitalista. Sobre esto último me refiero en términos globales, puesto que en forma aislada o individual algunas personas de la universidad pública encarnan propuestas anti- sistémicas. Estos dos elementos, el económico, convertir a la universidad en un vulgar negocio (que se asemeje a un super-mercado o a un centro comercial), y el político, para erradicar cualquier proyecto disidente, se han consolidado en Colombia de la mano de la violencia física directa. Por eso, en diversas universidades públicas está comprobada la injerencia del paramilitarismo, para manejar presupuesto, nombrar rectores, controlar consejos superiores, con todo lo cual consiguieron apropiarse de los recursos estatales destinados a la financiación de las universidades.

3).¿En qué Universidades el paramilitarismo elegía, captaba, respaldaba las administraciones universitarias?

Existen múltiples casos en los que está comprobada la participación del paramilitarismo, directa o indirecta, tanto en el nombramiento de los rectores y miembros del consejo superior, como en el control de las instancias administrativas de las instituciones. También han existido casos de académicos, docentes e investigadores al servicio del paramilitarismo, un tema que ameritaría una investigación especial, pero que desde luego es muy complicada de realizar, por sus implicaciones políticas.

Entre algunas de las universidades en las que están comprobados los nexos directos con el paramilitarismo se encuentran la Universidad de Córdoba (existen grabaciones en las que Mancuso le da órdenes al rector y a miembros del Consejo Superior sobre lo que deben hacer), la Universidad Industrial de Santander, UIS, (también existen grabaciones en las que un rector conversa con un paramilitar y proporciona un listado de estudiantes de “izquierda” que deben ser asesinados) y en otras universidades de la costa los nexos de los paramilitares están comprobados, como en la del Atlántico.

 

4). ¿Qué relación tiene el proyecto neoliberal con el modelo paramilitar y su irrupción en las universidades?

En Colombia puede hablarse de un neoliberalismo armado, con lo que se quiere decir que en este país el lesivo y antipopular proyecto neoliberal (la forma dominante de capitalismo en el mundo de hoy) se ha impuesto a sangre y fuego. Algunas personas y autores podrán decir que eso no es exclusivo de Colombia, porque en todos los lugares donde se ha impuesto el neoliberalismo lo ha hecho a partir del pánico, del terror, del miedo, de la intimidación, a lo que la investigadora canadiense Naomi Klein, llama apropiadamente la “Doctrina del Shock”. Esta autora demuestra, con multitud de ejemplos históricos (que van desde Chile, hasta China, pasando por los países de Europa oriental) que hay una relación directa entre la tortura y el neoliberalismo. Y en esa relación la universidad desempeña un papel central, porque, en el caso de América Latina, para generar terror uno de los principales lugares ha sido la universidad, en la que se han asesinado profesores, estudiantes, líderes sindicales, escritores, investigadores, artistas, se han destruido sus instalaciones, bibliotecas, laboratorios, se han quemado libros en piras que recuerdan los ritos nazis (Chile y Argentina son los casos más tristemente célebres), se ha eliminado carreras y programas de ciencias sociales y humanas…

Volviendo a la investigación de Naomi Klein, a mí me sorprende que ella no hable del caso colombiano, que es uno de los casos más claros del vínculo entre tortura y neoliberalismo, y donde se ha constituido el neoliberalismo armado. Con esto se quiere significar que para imponer el neoliberalismo en Colombia se ha recurrido a unos niveles inusitados de violencia por parte del bloque de poder contrainsurgente contra la población en general (recuérdese la magnitud y el sadismo de las masacres paramilitares a lo largo y ancho de Colombia, con el uso de la motosierra, de hornos crematorios, de los cocodrilos, para que devoraran vivos a los enemigos del establecimiento…). Por supuesto, la universidad pública no ha estado al margen tanto de esa violencia como de la imposición del neoliberalismo, como se demuestra con una gran cantidad de estudiantes, profesores, activistas que han sido encarcelados, perseguidos, exiliados y cierto número apreciable secuestrados y asesinados. A eso, debe sumarse el papel que desempeñan los medios de desinformación dominantes (Caracol, RCN, El Tiempo…) para criminalizar a la universidad pública y difamar a aquellos que piensan y luchan contra el capitalismo en Colombia. Porque, adicionalmente, ese es un mecanismo para justificar la metamorfosis interna de la universidad, para que allí no se piense, ni proteste, sino que todos los miembros de las universidades se conviertan en robots amaestrados y dóciles.

5) ¿Qué ha significado la mercantilización de la educación, proliferación 

de amenazas, extorsiones y secuestros a miembros de la comunidad universitaria?.

Ya indicaba antes que la mercantilización de la universidad pública (inscrita en el proyecto neoliberal) y la persecución interna que allí se adelanta no son aspectos contradictorios, son complementarios. Para facilitar la transformación de lo público en privado, y de un derecho en un servicio mercantil, se recurre a la represión y a la persecución de aquellos que enfrenten ese proyecto. Así se despeja el camino para que la mercantilización sea aceptada y se tolere como algo normal, para que la educación universitaria se convierta en un negocio caro y de poco rigor, y para que se vuelva a fortalecer una educación clasista y discriminatoria, que solo beneficie a una minoría insignificante, la misma que domina en el país en todos los órdenes sociales, políticos y económicos.

6) ¿Por qué se configura una política sistemática de persecución a los docentes colombianos?.

Colombia, hay que decirlo y reconocerlo con vergüenza, está entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión docente, hasta el punto que somos el primero o segundo en la lista de profesores asesinados, lugar que nos disputamos con Irak, país ocupado por los Estados Unidos por varios años y cuya política nefasta y criminal sigue destruyéndolo. Al profesor, a todos los niveles de la educación en Colombia –desde el pre-escolar al posdoctorado- no se le respeta de ninguna manera: tiene muy malos sueldos y condiciones laborales, se le inculpa por el pésimo estado de la educación colombiana (que en las pruebas PISA, siempre ocupa el último lugar), se le calumnia de manera cotidiana y se desprecia su profesión. Como a pesar de todo ello, muchos profesores en Colombia son ejemplo de dignidad, de resistencia y de lucha, pues contra ellos se organiza la persecución sistemática, porque además se les presenta como “subversivos”, “terroristas”, “comunistas” y calificativos similares con los de antemano se les descalifica y se les coloca una lápida.

En un país cruzado por la violencia estatal y para-estatal, por el anticomunismo visceral, por el arribismo y la idea del enriquecimiento fácil y la cultura traqueta (propia de Colombia), el que no se sujete a esas lógicas es un enemigo declarado que debe ser acallado o eliminado, y eso es lo que sucede con profesores críticos, vistos como un mal ejemplo para una niñez y juventud a la que se le han colocado como referentes y modelos no a los pensadores, sino a los narcos, a los sicarios, a las modelos pre-pago o a los futbolistas.

7) ¿Qué nos puede permitir identificar estas persecuciones?.

En la educación en general y en particular en la universidad pública a diario se vive y se respira la intolerancia y la persecución, y sobre todo, cuando se es crítico y las actuaciones de un docente o un estudiante rompen con las lógicas dominantes. A esas personas se les somete a todo tipo de persecuciones: que  van desde los chismes, las amenazas, los chantajes, la persecución judicial (apertura de procesos disciplinarios, sanciones, suspensión o destitución), el secuestro, exilio o asesinato. Lo mencionado no es excepcional, es una práctica constante y sistemática, pero también avalada por el silencio cómplice de las autoridades universitarias y el grueso del profesorado y del estudiantado. Así, como cuando son asesinados de dirigentes sindicales o líderes sociales y políticos de izquierda que cuando los matan el comentario que se impone es el de “por algo sería”, “algo debe haber hecho” para justificar y naturalizar los crímenes y el terrorismo de Estado, en la universidad sucede lo mismo y los comentarios que se imponen son del mismo estilo.

8) El Informe especial de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se aborda la noción de Bloque de Poder Contrainsurgente en Colombia- BDPCi-, ¿puntualice el desarrollo de sus acciones en las Universidades Públicas en Colombia?.

La noción de bloque de poder contra-insurgente fue acuñada por la investigadora Vilma Franco en un extraordinario libro que se titula Orden contra-insurgente y dominación. El término es de mucha utilidad, porque ubica el fenómeno paramilitar no como si fuera una realidad en sí mismo y explicable por sí mismo, sino como parte de la contrainsurgencia que ha caracterizado al Estado y las clases dominantes durante el siglo XX, desde antes de la aparición del movimiento armado de tipo insurgente. Ese bloque de poder acude a todas las formas de lucha y las combina, para eliminar, y en el mejor de los casos cooptar o integrar a los enemigos. Acude a la violencia física directa, a la violencia simbólica, a las acciones judiciales, a las calumnias mediáticas, a la desinformación, a la victimización y a muchos otros mecanismos para mantener su hegemonía. Eso mismo se aplica en las universidades, como lo hemos señalado anteriormente.

9) ¿Qué opinión nos pueden transmitir sobre el impacto del paramilitarismo en las Universidades públicas?.

El impacto del paramilitarismo en las universidades públicas, como en el conjunto de la sociedad colombiana, ha sido nefasto, porque contribuye a institucionalizar el terrorismo y el pánico como forma de dirimir los conflictos y contradicciones sociales. Instaura, como resultado, el conformismo, la pasividad, el miedo y la cobardía. La universidad debe ser un sitio de debate, de deliberación, de discusión y crítica permanente, pero esa misión desaparece cuando no se discute sino que se acalla violentamente al contradictor, que además no tiene armas, ya que usa la palabra, el libro, la cátedra para difundir sus ideas. El paramilitarismo introduce la fuerza bruta e irracional en el medio universitario, estableciendo el terrible precedente de vencer y no convencer, como en las universidades franquistas y fascistas.

10) ¿Cuál será el papel de las universidades en este nuevo contexto de cambiar el relato de la violencia política vivida en 60 años de conflicto?.

Aquí deberíamos precisar de qué tipo de universidad estamos hablando, de la actual, de la que realmente existe, o de una nueva universidad. Si es de la que existe, poco aporta, porque en ella se han impuesto los discursos oficiales sobre el conflicto armado –con excepciones individuales, pero que no modifican la tendencia general-, en las que el Estado ha sido la víctima, y Colombia es una democracia asediada. Eso caracteriza bien a la llamada violentologia, que tiene uno de sus centros en la Universidad Nacional de Colombia (y principalmente en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI) y en la cual se ha impuesto la visión convencional sobre el conflicto colombiano. En la retórica de esos violentologos ha desaparecido cualquier lenguaje crítico, anticapitalista, para asumir la lógica del Banco Mundial, de los Estados Unidos y de las clases dominantes y el Estado colombiano. Por supuesto, que esos relatos que predominan en la universidad pública de hoy no sirven para construir un nuevo relato sobre la historia contemporánea de Colombia, porque además están ligadas a la neoliberalización, privatización y universidad de la ignorancia, que define hoy a la universidad pública. Para pensar en otros relatos, es pertinente pensar en otra universidad, diferente a la dominante en la actualidad.

11) ¿Cómo han soportado la persecución al Pensamiento Crítico y sus múltiples posiciones: víctimas, sobrevivientes, testigos y afectadas por esta violencia política las mujeres docentes, académicas y dirigentes políticas?.

Como parte de la criminalización que soportan los miembros de la comunidad universitaria hay que mencionar que en las instituciones universitarias –en ninguna de ellas, incluyendo la Universidad Nacional- existen mecanismos institucionales no académicos que permitan brindarle apoyo a los profesores, estudiantes o trabajadores amenazados. Esto lleva a que cuando es amenazado un docente, por ejemplo, el asunto quede como una cuestión individual, que este debe resolver, bien renunciando a su cargo, pidiendo una licencia no remunerada –que son muy cortas y circunstanciales-, recurriendo a mecanismo académicos (como comisiones en el exterior, años sabáticos, profesor visitante), o simplemente quedándose en el cargo, esperando a que lo maten o lo secuestren. Ese comportamiento es perverso, porque reduce el asunto a una cuestión individual, como si las universidades en su conjunto no tuvieran nada que ver al respecto. Por eso, la solidaridad es más bien voluntaria y también individual o circunscrita a grupos pequeños de profesores y estudiantes. Cuando a un profesor le toca exiliarse a otra ciudad o a otro país tiene que soportar todo el peso que eso significa, en términos económicos y morales, porque no cuenta con ningún apoyo real.

Como la situación de amenazas contra un docente o sus familiares genera pánico, en muchos casos la reacción es la de abandonar cualquier proyecto de lucha, quedarse callado y asumir una actitud pasiva y resignada. Con esto se consigue la desmovilización de gran parte de los que critican al sistema desde la universidad. Otros no se pliegan y tienen que asumir las consecuencias de sus acciones, con los costos humanos que eso tiene.

12) ¿Recomendaciones para afrontar una verdadera reconciliación de la Memoria Histórica y las Garantías de No Repetición de los hechos vividos en la universidad?.

Que se conozca la verdad sobre los nexos de gran parte de las administraciones de las universidades públicas con el bloque de poder contrainsurgente, incluyendo desde luego al paramilitarismo. Que se revele la documentación interna y se abran los archivos de las universidades para evidenciar la responsabilidad institucional en el acoso y persecución de aquellas personas consideradas incomodas o enemigas de la institución.

Para que eso no se repita, no se necesita solo voluntad –que el bloque de poder contrainsurgente no tiene- sino de una transformación interna de las universidades públicas, que implique construir otra universidad, pluralista, autónoma, democrática y popular.

13).¿Dónde se verá el acompañamiento del Pensamiento Crítico a los procesos Democráticos y de participación en las Comisiones de la Verdad, y Comisión de Esclarecimiento del Paramilitarismo?.

Eso depende de la forma como se constituyan esas comisiones. Si allí participan pensadores críticos e independientes eso contribuirá a esclarecer los hechos y los responsables, para evitar caer en la teoría que hace carrera en los medios de desinformación y en el mundo académico, que revive la teoría de los dos demonios del funesto Informe Sábato. En el caso colombiano esa teoría es peor a la de Ernesto Sábato, porque este equiparaba la violencia del Estado con la del movimiento insurgente. En Colombia se dice que el Estado es una víctima, que no puede hablarse de terrorismo de Estado, y por lo tanto no hay una acción planificada y  orquestada de terror insitucional, sino que las acciones son estrictamente individuales. Al salvar de responsabilidad al Estado, se le atribuye la responsabilidad principal a la insurgencia y luego a los paramilitares, como si estos no fueran una manifestación institucional. Esta es la teoría de los dos demonios a la colombiana, que comparten la mayor parte de los violentologos, no solo colombianos sino extranjeros, como Daniel Pecaut o Malcon Deas.

Es obvio, que alguien que piense críticamente no puede compartir esta visión, ni legitimar el terrorismo de Estado y si está en alguna de esas comisiones debería actuar en consecuencia con esa forma de pensar, que va en contravía de los prejuicios dominantes y de las mentiras establecidas sobre el conflicto colombiano.

14) ¿Cuál será el papel de los Movimientos Sociales y Políticos en la construcción de la Democracia en Colombia?.

Es fundamental, porque sin ellos no puede hablarse de democracia real y no formal, porque una de las razones históricas y estructurales que explica el conflicto armado en Colombia es la antidemocracia, o sea, el hecho de impedir que quienes piensan distinto y pretenden organizarse políticamente sean perseguidos y liquidados. Y en Colombia lo han sido quienes han encarnado proyectos distintos de país, desde los tiempos de Jorge Eliecer Gaitán.

15) ¿Los gobiernos universitarios son Democráticos?.

En general no lo son, por la misma forma cómo está diseñada la administración de la universidad pública, pues la composición del Consejo Superior de las universidades es terriblemente antidemocrática, pues predomina el gobierno de turno, ya que sus representantes son mayoría frente a los representantes de la comunidad universitaria. Además, es frecuente que los mismos representantes de esa comunidad se plieguen a los dictámenes oficiales. Además, no existe autonomía interna y los gobiernos universitarios están sometidas a presiones externas, a un manejo presupuestal cada vez más condicionado a seguir las políticas oficiales.

16 ) ¿Cuáles son las deficiencias del modelo Democrático colombiano? . 

Hablar de democracia en Colombia es un muy mal chiste, que puede dejarse para los cultores de la ficción. Colombia es una “democracia asesina” si se quisiera seguir usando ese nombre tan manoseado de democracia. ¿De qué otra manera puede denominarse a uno de los países más injustos y desiguales del mundo, en donde se matan dirigentes sindicales, profesores universitarios, defensores de derechos humanos de manera permanente y a gran escala? ¿Qué democracia es aquella en la que ha habido una mayor cantidad de desaparecidos (como ha pasado en Colombia) que los ocasionados por la dictadura de Pinochet o de Videla?

El gran problema, y logro para las clases dominantes de Colombia y su Estado, estriba en que al mundo le han vendido la idea de que este es un país democrático, una mentira que ha servido para camuflar la desigualdad, la explotación y la miseria.

17) ¿Se impide en la Democracia colombiana, la investigación, la denuncia y el trabajo académico y político?. 

Hay que diferenciar entre la forma (el papel) y el contenido (la realidad). En la forma se reconoce la libertad de investigación, de crítica, de pensamiento, pero en la realidad cada día es más difícil ejercerlos, por múltiples canales de censura y de acallamiento, que resultan ser terriblemente efectivos para el régimen. Entre esos mecanismos están los señalados en términos de intimidación, pero deben nombrarse otros más sutiles, como la desaparición de editoriales y revistas de izquierda que dificulta la publicación de pensamientos alternativos y el peso que tienen los grandes medios de desinformación en el adoctrinamiento de la población colombiana. Ya no hay para que censurar, porque cómo puede competir una buena investigación crítica publicada en un libro, del que se editan cuando mucho mil ejemplares y que requiere de años, a veces decenas de años, para agotarse, con las mentiras que circulan por la televisión sobre los mismos acontecimientos de que trata un libro. Es bueno recordar que Colombia es uno de los países del mundo donde menos se lee y por eso ya los libros son inofensivos, al contrario de lo que sucedía en otro tiempo.

18). ¿Qué ha pasado con los docentes orgánicos y críticos que se oponen a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos en Colombia?. 

La mayor parte han sido perseguidos de múltiples formas, como lo evidencia el caso actual del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, que fue secuestrado en México y desde entonces su vida se ha convertido en un verdadero calvario, por el acoso a que lo somete el terrorismo de Estado en Colombia, que ha contado además con la complicidad de las autoridades, y de gran parte de docentes, de la Universidad Nacional de Colombia.

19 ) ¿El Estado Colombiano es irresponsable  en el respeto de los Derechos Humanos y laborales de los docentes?. 

El Estado colombiano no solo es irresponsable, ese es un término benigno, sino que es uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo, similar a Israel, Turquia. Las cifras al respecto son elocuentes en todos los planos, pero en esta ocasión solo recordemos una: los asesinatos de civiles causados por las Fuerzas Armadas, y bautizados con el eufemismo de “falsos positivos”. Estamos hablando del asesinato, en estado de indefensión, de humildes colombianos por parte del Ejército, de miles de personas. Y en eso están involucrados presidentes de la República, como el actual y el anterior para no ir más lejos.

Lanzamiento del libro “La universidad de la ignorancia” de Renán Vega

La universidad de la ignorancia. Capitalismo académico y mercantilización de la educación superior se ocupa de estudiar la producción, consumo y adoración de un tipo específico de mercancía, «la educación», que se vende en diversos empaques y envolturas, como se ofrece cualquier mercancía de uso corriente —salchichas, papas fritas, automóviles, detergentes…

Mediante un análisis profundo que privilegia la crítica de la economía política, así como la consulta de textos de múltiples procedencia y género —sitios web, periódicos, ensayos, entrevistas—, Renán Vega Cantor arroja nuevas luces no solo sobre las causas, sino también sobre las consecuencias que supone la transformación de la universidad pública en una entidad mercantil, es decir, en una universidad de la ignorancia.

Sobre el autor

Renán Vega Cantor

: Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de América Latina. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Gente muy Rebelde (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad. Entre sus últimos trabajos podemos mencionar: Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra: El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo (2010). La República Bolivariana de Venezuela le entregó en 2008 el Premio Libertador por su obra Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar. Dirige la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo). Es integrante del Consejo Asesor de la Revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus trabajos.

Introducción del libro “La universidad de la ignorancia. Capitalismo académico y mercantilización de la educación superior”, de Renán Vega Cantor

El capitalismo busca convertir la universidad en sumisa, consumista y de derechas
(29-04-2015)

 

La hora de las víctimas y de las esperanzas

“¿Y ahora, qué?/ Se pregunta todo el mundo,/ Ahora es necesario/ Construir un nuevo mundo”.

 

Rafael A. Ballén Molina

En un país en guerra, como el nuestro, todos somos víctimas. Esa es la mala noticia. La buena es que el mundo está con nosotros, rinde homenaje a nuestras víctimas mortales y hace visibles a nuestras víctimas sobrevivientes. Ciudadanos vascos y colombianos residentes en el País Vasco (Euskal Herria) le han hecho un justo reconocimiento al docente universitario, humanista y líder sindical Jorge Adolfo Freytter Romero —asesinado por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia aliado con el “Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal” (Gaula) el 28 de agosto de 2001— organizando la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero.

Y la Universidad del País Vasco ha materializado ese homenaje en la publicación del libro Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas: en memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero. El libro ve la luz pública justo para conmemorar el 13º aniversario de la muerte del profesor Freytter Romero, y en el preciso momento en que en el proceso de paz de La Habana, el Gobierno y las FARC-EP abordan el punto relacionado con el reconocimiento a las víctimas.

Freytter era natural de Santa Marta (1949), en cuya Escuela Normal cursó estudios pedagógicos. En Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, obtuvo dos títulos: el de licenciado en ciencias sociales y el de abogado. En esa misma universidad, y en su colegio anexo —Instituto Pestalozzi— se consagró como educador, y en el momento de ser secuestrado, torturado y asesinado era miembro de Asociación de Pensionados de la Universidad del Atlántico (Asojua).

Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas, como homenaje al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, es un trabajo colectivo, en el que intervinieron 27 académicos, escritores, intelectuales y líderes políticos, cuyos aportes llegaron a la Universidad del País Vasco desde nueve países: Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, Argentina, Colombia y desde el propio País Vasco.

Sin embargo, es preciso señalar que este libro de honores a un hombre que muere por los ideales de justicia se convierte en una gran disculpa para que tantos hombres y mujeres de dos continentes se ocupen de Colombia y de sus angustias, como lo dice el mentor y presentador del libro, Alexánder Ugalde Zubiri: “Concebimos esta obra en el contexto de la situación actual de Colombia. Una coyuntura en la que el conflicto histórico, debido a causas políticas, económicas, sociales y culturales […], pudiera tal vez comenzar a arreglarse”.

Resulta imposible en esta nota sintetizar tan siquiera una idea de cada uno de los autores de este libro. Muchos de los aportes son profundos ensayos de sociología política, que ponen al descubierto la realidad colombiana. François Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, dice: “No podemos penar el proceso de paz en Colombia fuera del contexto global. Hay dos dimensiones importantes: el continente latinoamericano; y la alternativa al sistema capitalista mundial”.

El padre Javier Giraldo hace nuevos aportes sobre el origen del paramilitarismo, la institucionalización y la tercera generación de esa estructura criminal, y la habilidad de los gobernantes para “hacer convivir un Estado de Derecho […], con un aparato de violencia que garantice la exclusión mediante el terror impuesto a las grandes mayorías empobrecidas o inconformes”.

Jorge Freytter Florián, hijo del profesor sacrificado —desde su exilio, allá en el País Vasco—, señala: “Este artículo vendría a hacer un aporte enorme, no solamente a la memoria de mi padre, sino también a aquellos estudiantes, profesores, sindicalistas, trabajadores, representantes a consejos superiores, asesinados en las diferentes universidades públicas colombianas”. Jorge Freytter Franco, escritor y politólogo, su otro hijo —exiliado en Canadá—, como un corolario esperanzador, en emocionado poema, escribe: “¿Y ahora, qué?/ Se pregunta todo el mundo,/ Ahora es necesario/ Construir un nuevo mundo”.

Más visibilización de la Constituyente de los exiliados-as

Era el mes de noviembre, transcurría el otoño y en la municipalidad de Bolívar, País Vasco, se fueron aglutinando exiliados y exiliadas colombianos residentes en diversos países de la Unión Europea, con la única finalidad de ser visibilizados, reconocidos como sujetos políticos y víctimas del conflicto social y armado que por más de 60 años ha vivido Colombia. Entre ellos participaron grandes personalidades del exilio político, todos unidos por primera vez en una sola voz y con unificación de planteamiento frente a la persecución política del Estado colombiano.

Podemos decir que ya la definición en sí caracteriza al exilio político colombiano, considerándolo un sentimiento, una emoción, surgidos a raíz del proceso de desarraigo, expatriación, discriminación racial y política, producido por el abandono sistemático que sufren estas personas que salieron de su nicho laboral, vivencial, familiar y así mismo del ejercicio político, desarrollando una tragedia, como dicen algunos: “Un drama, una catástrofe en todo lo que pueda representar esta palabra…” Reflejando el dolor, la angustia y depresión profunda por la cual atravesamos todos y todas las exiliadas políticas.

A su vez, existen aproximaciones más objetivas que desde muchos puntos de vistas se vienen exponiendo, conversando y presentando a manera de ponencias en múltiples foros, coloquios o seminarios internacionales en el que se hable del exilio. Pero desde el punto de vista sociológico, político, histórico y le agregaría el económico, han intentado explicarlo como un fenómeno de una sociedad concreta y determinada en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo los procesos de expatriación de miles de personas, quizás millones, que han ocurrido en América Latina y Caribeña durante el siglo XX generados por grandes periodos de dictaduras bajo el concepto de “Seguridad Nacional” implantada por Estados Unidos en nuestra América, siendo conocido a nivel mundial, muy presentes en Europa y en otros países solidarios que los han acogido, destacando por ejemplo, la diáspora chilena, argentina, uruguaya, brasileña y centroamericana, en los últimos años la diáspora colombiana. Aquí es donde proponemos el debate desde la constituyente de Exiliados/as Perseguidos/as por el Estado colombiano .

Como consecuencia de un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) financiadas por los impulsores de esas mismas estrategias de la mal llamada “Seguridad Nacional” generaron aquellas diásporas a nivel continental, y como si fuera un cajón de sastre incluyeron en esa misma terminología a los exiliados y exiliadas por razones políticas. Es decir, quienes tuvieron que huir forzados por la persecución del Estado y los poderes fácticos, y consecuencia del ejercicio de estos poderes, se produjo además un exilio forzado de jóvenes marginados por la falta de oportunidades, desigualdad, pobreza y exclusión.

Tenemos entonces que mientras el emigrante es enajenado, aislado, atomizado y obligado a buscar el trabajo “clandestino” individualmente, impidiéndole su organización colectiva, los exiliados-as políticos, en su mayoría, superando la depresión y el terrible impacto emocional del destierro, buscan por el contrario, asociarse y organizarse para continuar desenmascarando y denunciando la política inhumana que los ha perseguido y forzado a abandonar su patria; y por esta razón en la mayoría de países de refugio humanitario se encuentran múltiples asociaciones, organizaciones y colectivos de “compatriotas” que, incluso continúan siendo perseguidos políticamente por los gobiernos de sus países como fue el caso de la conocidísima “Operación Cóndor” de Sur América en la década de los 70, o la reciente “Operación Europa” del DAS , como lo documenta el artículo de Pablo Llauesma en el cual pone de relieve las directrices del mismo servicio de inteligencia colombiano:

“El problema de las investigaciones realizadas por el DAS ha traspasado fronteras y durante los últimos años también han sido fruto de sus artimañas algunos estamentos europeos entre los que se encuentran el sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Oficina de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y gobiernos nacionales. La estrategia que utilizan es la de desprestigiar dichas entidades creando comunicados falsos y denunciando sus actuaciones en páginas web, adelantando así una guerra jurídica contra las mismas”

A partir de este relato se empieza a activar algunos protocolos de participación desde el propio exilio político invisibilizado, estigmatizado para denunciar la responsabilidad del Estado y sus políticas de control y espionaje al exilio político organizado. El actual gobierno de Juan Manuel Santos con sus Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) participantes en encuentros amplios muy promocionados mediáticamente, incluso en Europa el cual se excluye la participación de la Constituyente de Exiliados-as Perseguidos-as por el Estado Colombiano.

Esta misma Constituyente Por La Paz de Exiliados-as recoge un múltiple abanico de organizaciones, colectivos, partidos, movimientos sociales y políticos, personalidades y hasta entidades europeas que soportan este ideario e imaginario político que es la Constituyente de Exiliados-as.

La Constituyente reafirma los debates y presenta sus demandas políticas, no solamente a la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, entre la Delegación del Gobierno Colombiano y la Delegación de las FARC-EP sino además al ELN y al EPL, y a toda la sociedad colombiana en su conjunto, la siguientes demandas:

a) Desarrollar acciones en la búsqueda de la Verdad, Justicia, Reparación Integral de las víctimas y las Garantías de No Repetición y para quienes nos encontramos en tal condición el reconocimiento del exilio político .

b) Acciones vinculantes en Política Públicas y Jurídicas tanto en lo nacional como en lo internacional para detener la persecución y operaciones de inteligencia del Estado Colombiano, y establecer el resarcimiento colectivo del exilio político .

c) Exigir el desmonte de todas las estructuras y auspiciadores del paramilitarismo.

d) Iniciar procesos y espacios de confluencias del exilio político, como pueden ser mesas de concertación entre el exilio, el Estado Colombiano y organismos internacionales para el reconocimiento político, económico, social dentro de la diversidad para la construcción de la Paz.

e) El respeto al ejercicio de organización “conscientemente” como lo hemos venido haciendo desde hace más de 30 años, denunciando y desenmascarando políticas inhumanas y deshumanizadas, demagógicas y represivas impulsadas y ejecutados por los últimos gobiernos colombianos, contra el exilio político.

De esta forma hacemos parte de la Construcción de una Paz duradera, con garantías y sujetos políticos de una nación que nos ha excluido. Las palabras de Frantz Fanon nos hacen ser lo que somos actualmente desde el exilio: “Una lucha que moviliza todas las capas del pueblo, que expresa las intenciones y las impaciencias del pueblo, que no teme apoyarse casi exclusivamente en ese pueblo, es necesariamente victoriosa”.

(1) Activista político colombiano en el País Vasco, miembro de la Constituyente de Exiliados-as
(2)Blog de la Constituyente de Exiliados-as Perseguidos-as por el Estado Colombiano: http://exiliadaspoliticascolombianas.tumblr.com/page/5

(3) Departamento Administrativo de Seguridad, policía política en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El Gobierno de Juan Manuel Santos expidió el decreto 4057 en el cual suprime esa entidad. El Gobierno Nacional creará la nueva agencia civil de inteligencia, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

(4) Llauesma, Pablo, “Operación Europa: El DAS colombiano también espía en Europa”, Mondiaal Nieuws, 23 de Junio de 2010. http://www.mo.be/fr/node/12553

(5) Lamentablemente, sobra para denunciar no sólo el “exilio” al que han estado sometidas estas víctimas por los gobiernos, los medios de comunicación y la academia, sino porque en el intento de “retornarlas” al imaginario social colectivo del país y al proceso de paz, la Ley 1448 las ha enfrentado a una carrera de obstáculos”. Dosdad Iranio, Angela, “Los `exiliados´ de la Ley 1448: Las Víctimas en el exterior”, El Tiempo, 27 de Enero de 2015. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/analisis-cei-uniandes-los-colombianos-victimas-en-el-exterior/15152319

(6)Basta conocer un poco el Derecho Internacional de los Refugiados para saber que las personas solicitantes de asilo en un tercer país y quienes tienen el estatuto de refugiado no pueden establecer contacto con instituciones de su Estado de origen. Se entiende que el país de acogida, junto al ACNUR, concede protección internacional a estas personas porque su Estado no ha mostrado la voluntad o capacidad de evitar su huida forzada. Dosdad Iranio, Angela, “Los `exiliados´ de la Ley 1448: Las Víctimas en el exterior”, El Tiempo, 27 de Enero de 2015. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/analisis-cei-uniandes-los-colombianos-victimas-en-el-exterior/15152319

Carta abierta de un preso político colombiano a los ex presidentes Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe

Tienen boca, mas no hablarán; tienen ojos, mas no verán

Oídos tienen, más no oirán; tienen narices, mas no olerán

Manos tienen, mas no palparán; tienen pies, mas no andarán

 

A través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de la “Declaración de Panamá sobre Venezuela” difundida en el marco de la celebración de la VII Cumbre de las Américas, donde sus firmantes denuncian la supuesta “alteración democrática que sufre Venezuela”. Al observar sus nombres entre los 24 ex mandatarios latinoamericanos que suscriben dicho documento no pude menos que pensar en aquella extraordinaria narración de Robert Louis Stevenson, tan elogiada por Jorge Luis Borges: “El Extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hide”. Como recordarán el protagonista de este relato sufre un desdoblamiento al ingerir una mezcla de sustancias químicas que él mismo ha preparado en su laboratorio. A partir de ese momento su existencia se escinde en dos personajes: el Dr. Henry Jekill científico filantrópico preocupado por el bienestar y el progreso de la humanidad y Edward Hide, un ser maligno inclinado hacia a los actos más depravados y violentos, en el que habitan las mayores infamias. Solía decir el novelista francés Julio Verne que “todo lo que un escritor imagina, siempre quedará más acá de la verdad, porque otros podrán hacerlo realidad”, y, créanme señores ex presidentes que Ustedes lo han logrado al rubricar este declaración donde exigen “garantías constitucionales y democráticas” al hermano país de Venezuela; sólo que en este caso la metamorfosis ha operado en sentido contrario: Mr. Hide ha tomado la figura del respetable Dr. Jekill.

No dudo que la libertad de expresión y el respeto por los derechos fundamentales sean reivindicaciones válidas en cualquier régimen, independientemente del signo político que éste ostente. Pero que esta reclamación salga de sus voces (y que dicha petición esté acompañada de otros ex mandatarios, buena parte de ellos símbolos de una caduca y regresiva forma de hacer política) corrobora los fundados indicios de las maniobras intervencionistas que se vienen fraguando para derrocar un régimen establecido constitucionalmente con amplio respaldo popular. Y es que una cosa es el derecho a la libre expresión y a la protesta y otra, muy diferente, las repudiables acciones de violencia y sabotaje que han realizado las llamadas “guarimbas” -asesoradas y estimuladas por miembros de la oposición venezolana y financiadas desde el exterior con propósitos claramente golpistas- a las cuales se les atribuye la muerte de decenas de civiles en solo mes de febrero.

Porque si algo representa el gobierno venezolano, en cabeza de su primer mandatario Nicolás Maduro, es la continuación de la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y heredera de las más caras tradiciones democráticas de este continente. Por eso no sorprende el señalamiento que el pasado 9 de marzo hiciera Barack Obama, declarando a Venezuela “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” imponiendo vetos y sanciones a funcionarios venezolanos. La historia de América Latina, nos revela que estos anuncios han sido el preludio de operaciones intervencionistas, abiertas o encubiertas, del país del norte, dirigidas abortar procesos independientes que riñen con sus intereses imperiales, como sucedió en su momento con los gobiernos populares de Jacobo Arbenz (Guatemala), Fidel Castro (Cuba), Salvador Allende (Chile) y Francisco Caamaño (República Dominicana).

Ustedes como signatarios de esa carta se han convertido en punta de lanza para una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos del hermano país de Venezuela, porque en su pobre imaginación no les cabe un régimen que ha legislado para los sectores menos favorecidos fortaleciendo la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas; que ha tenido logros significativos en la reducción de la pobreza (CEPAL, 2011); que ha incrementado notablemente el gasto social a tiempo que ha acortado la brecha entre pobres y ricos, siendo el país menos desigual de la región. Lo que sucede, señores ex presidentes, es que el modelo de democracia que ustedes han defendido y siguen defendiendo es el del bipartidismo excluyente sustentado en las mafias del narcotráfico, y el imperio del paramilitarismo; el de la impunidad y la corrupción; el del fraude electoral y la eliminación física y jurídica de la oposición; el del consenso de Washington y el sometimiento a los grandes intereses transnacionales y globalizados.

Ya lo advertía, a principios del siglo pasado, el pensador venezolano Laureano Vallenilla Lanz en su polémica con el periodista (y posterior presidente de Colombia) Eduardo Santos. Cuando éste –en un arrebato de pueril patriotismo- señalaba que “el pueblo de Colombia es el más ilustrado, el más libre, el más digno de toda la América”, aquel sociólogo –tan poco sospechoso de marxismo- le replicaba: “¿Quién es el pueblo de Colombia? ¿Serán las cien familias que desde la independencia vienen figurando en el Gobierno, constituyendo las dos oligarquías que se han discutido el poder, llamándose liberales y conservadores? […..] que me señalen siquiera una docena de hombres surgidos de las bajas clases populares que hayan sido en Colombia Presidentes, Ministros, Diplomáticos, etc. Y si los hubiera habido en cien años, no harían sino confirmar la existencia de un régimen oligárquico, aristocrático, hermético apoyado en el clero o cayendo en la anarquía y en la dictadura, cuando han tratado de destruirlo?. Que casi cien años después el mandatario actual de los colombianos sea Juan Manuel Santos, y su primo Francisco Santos candidato para la alcaldía de Bogotá -después de haber ejercido como vicepresidente bajo su presidencia, señor Uribe- no es sino una triste confirmación de las verdades que enrostraba el intelectual venezolano al tío-abuelo del actual jefe de gobierno.

Pero retornemos a los fueros que motivan esta carta pública: yo pregunto –y estoy seguro que buena parte del pueblo colombiano también- ¿cuáles son sus credenciales éticas para exigir “la puesta en libertad de los presos políticos” en el vecino país de Venezuela? Admito que actuo con cierta ligereza al colocar sus actuaciones en un mismo plano; sus trayectorias políticas e intelectuales, así como sus estilos de gobierno y sus talantes personales me obligarían a establecer ciertos matices que es imposible enunciar en esta carta. Sin embargo creo no faltar a la verdad si afirmo que como miembros de la clase política de nuestro país ustedes carecen de la solvencia moral para hablar de “garantías democráticas” siendo, como lo son, autores de graves omisiones y complicidades criminales que han pretendido esconder bajo el manto de una supuesta defensa del estado de derecho. Y no voy a referirme a la cuota de responsabilidad que tuvieron sus gobiernos en la materialización de los más de seis millones de desplazados (Cohdes); de los tres mil sindicalistas asesinados (CUT) y de los 57200 desaparecidos (ONU), sólo hablaré de sus políticas penitenciarias y el tratamiento de la problemática de los presos políticos.

Señor Belisario, reconozco en usted una persona que pese a provenir de las tradiciones más ultramontanas del conservatismo colombiano tuvo la voluntad política de propiciar una amnistía política (pese a sus limitaciones), reorientar la política exterior colombiana y viabilizar un proceso de paz que naufragó en medio de la tolerancia al accionar de grupos paramilitares, que en connivencia con los fuerzas militares y las élites políticas nacionales y regionales, adelantaron la más cruda “guerra sucia” que haya vivido país alguno en aquellos años.

Sin embargo -como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República- es usted responsable del asesinato de decenas de personas que fueron masacradas durante la retoma del Palacio de Justicia, así como de aquellas que salieron con vida para ser posteriormente interrogadas, torturadas y desaparecidas. Una de ellas fue Irma Franco, guerrillera del M19, que tras ser llevada a la Casa del florero, fue cruelmente torturada e interrogada y finalmente asesinada. En el marco de esos mismos hechos ocurrió la desaparición forzada de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes del mismo, y la detención arbitraria e ilegal de cuatro ciudadanos más, considerados sospechosos de colaborar con esa guerrilla, como lo revela la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena al Estado colombiano [http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm]. Todos(as) ello(as), sin distinción de si eran guerrilleros o civiles, estaban cobijados por las garantías constitucionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, contando con su aquiescencia fueron sometidas por las Fuerzas Militares a tratos crueles y degradantes y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente.

Y como confirmación de que estos hechos de violencia estatal han contribuido a atizar el conflicto armado, déjeme contarle, señor Belisario, que cuando estuve detenido la cárcel nacional Modelo, hace ya más de 25 años, por cuenta de otro montaje judicial, conocí a René Guarín, un joven y brillante estudiante de la Universidad Nacional de Colombia cuya hermana, Cristina del Pilar Guarín, fue desaparecida en estos luctuosos hechos del 6 y 7 de noviembre. Su único delito: ser empleada de la cafetería. Agraviado por este hecho –que el Establecimiento negó sistemáticamente- y hostigado por los servicios de inteligencia que lo presionaron para guardar silencio, optó por abandonar sus prometedores estudios de ingeniería e ingresar a las filas del M-19. Es que Ustedes con sus acciones y omisiones han tenido responsabilidades directas en el incremento de la insurgencia armada en este país, porque nadie se hace guerrillero por “el gusto de hacer la guerra”. Y si en mi caso personal –que estoy seguro es el de muchos otros- nunca di ese paso fue porque primó –y sigue primando en mí- la honda convicción en el poder del diálogo y las salidas políticas al conflicto. Pese a lo anterior he sido judicializado y estigmatizado como “subversivo” por el Estado y sus aparatos de propaganda.

Señor Pastrana, a finales del mes de enero, estuvo usted visitando Caracas en compañía de los ex mandatarios Sebastián Piñeira y Felipe Calderón. A su regreso al país hizo varias declaraciones a los medios de comunicación, donde manifestaba su aflicción porque no se le permitió la visita del opositor Leopoldo López. Poco después en una entrevista concedida al periódico El Tiempo hablaba horrorizado de la existencia en Venezuela de “83 presos políticos y casos aberrantes como los de las tumbas que son unas celdas de 2×2, tres pisos bajo tierra, con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a los estudiantes que protestan”. No pretendo poner en tela de juicio sus afirmaciones –aunque bajo su mandato presidencial la mentira haya sido una de sus más efectivas armas para dar al traste con el proceso de paz en El Caguán- sin embargo quisiera recordarle que cuando la Corte Constitucional declaró “la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones” (a raíz del hacinamiento, la corrupción y la sistemática violación de los derechos humanos a los internos) y, acto seguido, ordenó “un plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida digna en los penales”(Sentencia T-153 de 1998. Subrayado Mío), la salida “humanitaria” que su gobierno ofreció fue la construcción de esa gran tumba para seres vivientes que es la cárcel de Valledupar (más conocida como “La Tramacúa”).

Esta cárcel de castigo -que no sin razón los internos llaman “La Guantánamo de Colombia”- formó parte del “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario” que como anexo al Plan Colombia estuvo bajo el directo planeamiento y control de los EEUU, de modo tal que su reglamento interno fue copiado de manuales diseñados por agentes de este país, quienes a su vez se encargaron de entrenar el cuerpo de guardianes instruyéndolo con técnicas encaminadas a quebrar la moral de los presos, como lo demuestra en su documentada investigación el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) que junto a otras organizaciones defensoras de presos políticos ha liderado el cierre de esta cárcel de alta y mediana seguridad por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. No es para menos: este centro penitenciario -el cual alberga tanto condenados como sindicados- ubicado en una región que alcanza los 40º de temperatura cuenta con graves deficiencias en el suministro del agua al punto que este líquido vital sólo se suministra 5 o 10 minutos al día y sólo en las áreas colectivas ubicadas en el primer piso, con todas las implicaciones que esto tiene para la convivencia en el penal. De otra parte, los reclusos deben hacer sus necesidades en bolsas de plástico por lo que es común que los orines y las heces fecales inunden los pasillos. Muchas celdas no tienen techo; no se permite la posesión de espejos ni siquiera de fotografías. La visita conyugal debe ser atendida en cubículos sucios, colchonetas infectadas de hongos y baños repletos de excrementos orgánicos. Como si esto fuera poco, los visitantes son sometidos a denigrantes requisas tanto a la entrada como a la salida, porque el ingreso de periódicos, documentos y revistas que critiquen al gobierno están prohibidos, así como el envío de notas escritas a amigos y familiares.

Las instalaciones de la “Tramacua” están diseñadas para ser una cárcel exclusiva de varones pero -como usted recuerda señor Uribe- allí trasladó a la extraditada guerrillera de las FARC Nayibe Rojas (“Sonia”), quien previamente –y de manera irregular- había permanecido incomunicada en una base marina ubicada en el Pacífico colombiano bajo la custodia de personal de los Estados Unidos. Ante la protesta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que cuestionaron tamaño adefesio, su gobierno dispuso el traslado de cerca de 100 mujeres de los diferentes penales del país, y convirtió así la torre 9 de la cárcel de Valledupar en un sitio de reclusión de mujeres, algo similar a lo que hizo el protagonista del Otoño del Patriarca cuando ordenó que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera más larga. Huelga anotar que “Sonia” jamás tuvo contacto con sus nuevas acompañantes. Estas agresiones a la condición humana nunca despertaron la sensibilidad de al menos uno de los 26 firmantes de “La Declaración de Panamá”; fue la tenaz resistencia civil de las prisioneras la que logró el cierre de esta torre en el 2011, luego que aquella mole de ignominia se convirtiese en el escenario de varias muertes.

Pero los tratos crueles e indignantes en la “Tramacúa” no son cosa del pasado, señor Pastrana, precisamente pocos días antes de su viaje “humanitario” a Caracas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dio a conocer una denuncia pública sobre torturas en este penal. La fuerza de los hechos narrados me obliga a transcribir una parte del documento: “El día de hoy [12 de enero de 2015] a eso de las 3:30 de la tarde los guardianes requirieron al interno Leonardo Yepes TD 3592 a una requisa por encontrarse en área no permitida, el interno atendió el requerimiento pero de inmediato los guardianes lo encendieron a golpes, los demás internos acudieron a su ayuda ante la cual se presentó un operativo donde la guardia arrojó a los internos 5 granadas lacrimógenas. Es de anotar que además de sus porras el grupo de reacción traía un palo largo mango de una pata y un garrote cuadrado de una pata de una mesa además de dos tábanos. En medio de la avalancha del Inpec algunos internos escalaron la estructura ante lo cual a una altura de cuatro pisos los guardianes entre ellos el dragoneante Reyes les echaron gas pimienta en los ojos y la cara a los internos y les golpeaban las manos con sus porras, lo que casi ocasiona una tragedia. Los otros internos tuvieron que desafiar y recibir los porrazos de la guardia para socorrer a los internos que pendían en él vacío siendo bajados con lazos improvisados de sábanas. Varios internos fueron golpeados presentando contusiones y laceraciones en la cabeza e incluso heridas abiertas […] Es de anotar que esto internos fueron sacados del patio y gaseados en la noche en los calabozos estando en estado de indefensión (Cf. CSPP. “Hasta con las patas de las Mesas”)

Estos actos inhumanos y degradantes de la guardia hacia los reclusos no es patrimonio exclusivo de “la Tramacúa” por el contrario ocurren a diario en los diferentes centros de reclusión del país, pues como ustedes saben la cárcel de Valledupar se convirtió en arquetipo para la expansión -en los tres últimos lustros- de la “oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, programa que cristalizó en la construcción de once establecimientos reclusorios de Orden Nacional (ERON), bajo la asesoría del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Estos atropellos son invisibles a sus ojos no sólo por el hecho elemental que fueron Ustedes los artífices de estos monumentos a la infamia sino porque a dichas cárceles jamás ingresan quienes ostentan poder político, económico o criminal. Las raras veces que la justicia colombiana actúa, estos “prestantes” delincuentes son alojados en sitios de reclusión donde cuentan con permisos permanentes de salida, visitas diarias de amigos, familiares y “modelos prepago”, ingreso de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, tráfico de influencias, ejecución de obras dentro del penal para su mayor comodidad, posibilidades de celebrar sus cumpleaños acompañados de reconocidas orquestas musicales a las que asisten los directores del penal. Entiendo que en Venezuela el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y el ex candidato presidencial Leopoldo López no gozan de estos mismos privilegios ¿Explica esta circunstancia su gran indignación, señor Pastrana?

En Colombia –señores ex presidentes- son más de 9500 hombres y mujeres, prisioneros/as político/as que se encuentran distribuidos/as en más de 140 establecimientos carcelarios, como resultado del conflicto social y armado que en último medio siglo ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas (Cfr. Informe ¡Basta Ya!). Algunos están allí porque se alzaron dignamente en armas, ejerciendo el legítimo derecho a la rebelión para hacer frente a una política de terrorismo estatal que lleva aplicándose en nuestro país hace más de sesenta años. Otros -la gran mayoría- son campesinos(as), estudiantes, amas de casa, obrero(as), defensores(as) de derechos humanos, opositores políticos y líderes sociales que hemos sido víctimas de montajes judiciales. Porque en nuestro país se amenaza, se persigue, se encarcela, se tortura, se desaparece y se asesina a quienes pensamos críticamente.

Un doloroso caso que ilustra esta política es el del sociólogo y ex rector de la Universidad del Magdalena, Alfredo Correa de Andreis quien fuera sindicado de pertenecer a las FARC y de actuar en esta organización bajo el supuesto alias de ‘Eulogio’. Tras varios meses de prisión se le absolvió de todos los cargos siendo asesinado pocas semanas después. En los días que estuvo privado de la libertad el profesor Correa dirigió a usted, señor Uribe, una angustiosa misiva donde le solicitaba: “su intervención directa en este atropello del que mi persona y toda mi familia somos víctimas [….]lo que estoy experimentando, el sufrimiento, la humillación, el sometimiento propio y de mi unidad familiar a este tipo de injusticia, a esta privación de la libertad, a una angustia que se dilata en indagatorias. Quedé perplejo, se me liquidó por completo mi capacidad de asombro frente a unos testimonios en mi contra que no sólo riñen con la verdad, sino que parece obra demencial, fuera de toda lógica y razón humana. Señor Presidente en su condición de Jefe de Estado le pido que intervenga para que afirme mi derecho a la libertad”. Una súplica similar hizo a Usted, señor Belisario, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Alfonso Reyes Echandía cuando en condición de rehén, suplicó que ordenara cesar el fuego e ingresara la Cruz Roja para atender los heridos ¿Acaso, corrieron Ustedes presurosos a atender estas demandas para salvar valiosas vidas humanas entregadas no a actos conspirativos sino a la más excelsa cátedra universitaria?. Hoy sabemos que el asesinato del profesor Correa fue planeado desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un órgano de inteligencia dependiente directamente del ejecutivo.

Lamentablemente los montajes judiciales no ha sido una práctica excepcional, baste recordarles aquí algunos casos como el del sindicalista y docente universitario Jorge Freytter, encarcelado torturado, desaparecido y asesinado por agentes pertenecientes a cuerpos especializados de la policía que actuaron en connivencia con grupos paramilitares; como la socióloga y estudiante de Ciencias Políticas Liliany Patricia Obando, condenada con pruebas ilícitas e ilegales y a quien se negó, en diez ocasiones, su solicitud de casa por cárcel, no obstante ser una madre cabeza de familia de dos menores; como el defensor de Derechos Humanos Carmelo Agámez, quien permaneció cerca de tres años privado de la libertad, perseguido jurídicamente por su labor en favor de las víctimas del Estado; como el profesor David Rabelo condenado a 220 meses de prisión, en un proceso plagado de irregularidades donde se le cobró su compromiso con la defensa de los derechos humanos; como el dirigente sindical de Fensuagro Hubert Ballesteros, quien fuera uno de los más destacados líderes del último paro nacional agrario; como el profesor universitario Francisco Toloza, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica; como el canta autor Carlos Lugo y los líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios, Omar Marín y Jorge Eliécer Gaitán, judicializados por su participación en las movilizaciones estudiantiles contra la privatización de la educación superior. A estos nombres se suman los de Erika Rodríguez y Xiomara Torres, estudiantes de Química de la Universidad Pedagógica Nacional; así como, Cristian David Leiva y Diego Alejandro Ortega, de las Universidades Distrital y del Valle respectivamente, quienes junto al profesor Carlo Alexánder Carrillo, fueron falsamente incriminados en hechos delictivos por un agente de inteligencia militar infiltrado en la comunidad universitaria.

La Lista de Presos(as) Politicos(as) haría interminable esta misiva si en ella incluimos una relación de las torturas, tratos inhumanos, atropellos y arbitrariedades a que han sido sometidos (as) todos(as) ellos(as). Una rápida revisión de los procesos arroja en estos casos: capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; negación del derecho a la presunción de inocencia; descrédito y estigmatización ante los medios de comunicación; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; carrusel de falsos testigos; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado, dilatación indebida del proceso buscando doblegar la voluntad del preso; amenaza y hostigamiento a familiares.

No voy a detenerme en mi caso personal, los intríngulis que han acompañado este montaje judicial los conoce Usted muy bien, señor Uribe, (y también el señor Felipe Calderón que ¡vaya coincidencia! también es firmante de la declaración) porque –como lo manifestó un agente de la inteligencia mexicana pagado por el Estado Colombiano y que rindió su testimonio en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas- “Beltrán era uno de los mayores trofeos de Colombia y México” (Semana.com. mayo 23 de 2011), pues con mi detención se pretendía “demostrar” la supuesta infiltración de las guerrillas en las universidades públicas, a la vez que se buscaba atemorizar a aquellos investigadores que venían abordando el conflicto armado y social colombiano desde una perspectiva crítica. Esto lo corrobora el hecho de que se hayan utilizado mis escritos académicos como indicio de mi supuesta militancia en las FARC. Secuestrado, juzgado con pruebas ilícitas e ilegales como el fantasmagórico computador del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes; privado de la libertad por más de dos años en un pabellón del alta seguridad; absuelto de todos los cargos en primera instancia; estigmatizado por los medios masivos de comunicación como guerrillero; amenazado de muerte y forzado al exilio por dos años junto con mi esposa e hijos; destituido de mi cargo como docente de la Universidad Nacional de Colombia, inhabilitado por 13 años para desempeñar cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, fui condenado el pasado 18 de diciembre por el por el delito de “rebelión”.

El Magistrado Jorge Enrique Vallejo integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá considera en la sustentación de su sentencia que no sólo es rebelde el promotor armado en el conflicto sino que también son “autores del delito quienes hacen parte de la denominada ala política o ideológica”. Pero ¿qué significa en Colombia ser parte del ala política e ideológica de una organización guerrillera?: escribir artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales sobre el conflicto armado y social colombiano con una perspectiva crítica. Interpretación que en su momento hiciera el inquisidor Alejandro Ordoñez –a través de sus procuradores delegados- al emitir los fallos de primera y segunda instancia. Todo parece indicar que estos funcionarios judiciales padecen de una dislexia jurídica que los lleva a confundir divergencia con insurgencia.

La pena que me impuso el mencionado Tribunal por el delito de ejercer mi actividad académica con sentido crítico, es de ocho años y 4 meses (junto a una multa de cuarenta y cinco mil dólares). Esta sentencia resulta mayor a la que individualmente recibieron 12 de los principales jefes paramilitares, a quienes la fiscalía imputa 15 mil víctimas (Semana, 4 de febrero de 2014). Esto gracias a la pena alternativa que otorga la llamada “Ley de Justicia y Paz” y que hoy cubre a figuras como Ramón Isaza, responsable de 1139 víctimas en las que se cuentan 163 desapariciones; “el iguano” quien ordenó cuatro mil asesinatos y 28 masacres; “Botalón” autor de numerosos crímenes contra ancianos y miembros de la Comunidad LGTBI en la zona del Magdalena Medio. Quiere esto decir que en Colombia resulta más peligroso escribir un artículo sustentando que la guerrilla colombiana tiene sus orígenes en la desigual distribución de la tierra, que despedazar cuerpos vivos y mochar cabezas con motosierra, abusar sexualmente de mujeres, desplazar campesinos de sus comunidades para apropiarse de sus fincas, cometer masacres indiscriminadas, eliminar integrantes de la oposición y cometer delitos de lesa humanidad. De nuevo me asalta la pregunta señores ex presidentes: ¿Esta es la justicia que Ustedes reclaman para la hermana república Bolivariana de Venezuela?

Ahora bien, si en algún país de América Latina verdaderamente se cierne un grave peligro sobre la oposición política y social, ese no es otro que Colombia. Las amenazas sistemáticas a sus líderes, los homicidios y masacres selectivas, el hostigamiento a las organizaciones sociales y a las comunidades campesinas, el creciente número de los pesos políticos, constituyen el pan de cada día. Ad portas de las elecciones presidenciales pasadas el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica denunció que en el lapso de dos años de existencia, sesenta de sus integrantes habían sido asesinados o desaparecidos. Esto sin contar sus numerosos líderes que se encuentran en las cárceles colombianas, o bajo amenaza permanente como la Doctora Piedad Córdoba, que valga recordar fue destituida de su cargo de senadora e inhabilitada para desempeñar funciones públicas durante 18 años, en un acto de retaliación por sus activas gestiones en favor de la paz de Colombia. Situaciones similares padecen otros movimientos políticos alternativos.

No son sólo cifras. Las víctimas en Colombia tienen nombres, hijos, hermanos, padres que han cargado de generación en generación con historias de dolor y sufrimiento. Buena parte de ellas han sido condenadas al olvido, como en el caso de los presos políticos y sus familiares que no existen ni siquiera en las estadísticas oficiales, porque en Colombia los gobiernos de turno han negado sistemáticamente la existencia de los mismos. Como olvidar por ejemplo, las cínica declaración del presidente Turbay (1978-1982) cuando ante la prensa internacional expresó que el único preso de conciencia era él, mientras que en la Brigada de Institutos Militares se torturaba a centenares de hombres, mujeres, niños y ancianas, judicializados, con el fin de mostrar resultados positivos en la “lucha contra el terrorismo” (Cfr. Informe de Amnistía Internacional, 1979). Uno de los responsables de estos actos crueles y degradantes fue el general Miguel Vega Uribe –fundador del terrible grupo paramilitar conocido como la Alianza Americana Anticomunista (Triple A)- y quien fuera designado por Usted, señor Belisario, Ministro de Defensa. Si bien desde aquellos lejanos años el número de presos políticos se ha incrementado notablemente, el actual gobierno del presidente Santos insiste en la tesis que en Colombia éstos no existen, impidiendo en reiteradas ocasiones el ingreso de observadores internacionales de Derechos Humanos como denunciara en su momento la Fundación Lazos de Dignidad.

A esta invisibilización han contribuido los medios de comunicación oficiales como Caracol, RCN y El Tiempo que en un característico gesto de solidaridad de clase han dado un gran despliegue publicitario a la actividad de Mitzy Capriles y Lilian Tintores respectivas esposas de los venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López, privados de la libertad por sus actividades golpistas, al mismo tiempo que esconden el drama familiar no digamos de los presos políticos que sería esperar demasiado, sino de los miles de colombianos y colombianas que pagan en las cárceles penas altísimas por delitos comunes (los cuales crecieron al amparo de las políticas neoliberales aplicadas por sus gobiernos). A los medios alternativos de información que tratan de romper este cerco mediático y develar estas realidades ocultas Usted, señor Uribe, los llama “aliados del terrorismo? (El Espectador, septiembre 18 de 2014), porque “terrorista” en nuestro país es todo aquel que denuncia la violación de los derechos humanos

Cierto es que en Colombia, los familiares y amigos que se solidarizan con sus seres queridos presos, tienen que soportar un pesado fardo que altera por completo sus vidas cotidianas, pues apenas si puede distinguirse la delgada frontera que separa la afectación que recibe el procesado, y sus allegados. Estos últimos deben asumir no solo los altos gastos económicos para la defensa de sus parientes sino los vejámenes de que son objeto a la hora de las visitas. Cargas que se tornan aún más duras cuando los procesados son presos políticos pues, lo corriente es que sean privados de su libertad en centros de reclusión alejados del núcleo familiar. A este respecto resulta esclarecedor el testimonio de Blanca Dorelly, madre del estudiante universitario Cristian Leiva, quien lleva más de dos años detenido víctima de un montaje judicial: “Nosotros –relata doña Blanca- vivimos en Bogotá, en la localidad de ciudad Bolívar, y él actualmente se encuentra en la cárcel modelo de Bucaramanga (Santander). Así que apenas lo he podido visitar tres veces. Un viaje hasta la cárcel me cuesta mínimo doscientos mil pesos [80 dólares], regresándome el mismo día. Esto sin contar que hay que llevarle la comida o lo que ellos dejen entrar”. Cabe advertir que esta suma de dinero es equivalente a un poco más de la mitad del salario que recibe mensualmente y con el cual debe contribuir al sostenimiento de otros hijos. Lo más doloroso –continua relatando la madre de Cristian- es que Uno llega con la esperanza de verlo enseguida, pero desde la entrada empiezan las filas que son tremendas, luego tiene que pasar por una cantidad de sitios y someterse a todo tipo de requisas, la comida es minuciosamente esculcada. Son más de dos horas haciendo las filas y el tiempo que uno logra estar con él es apenas dos horas”.

En estas inequidades e injusticias ancla sus raíces el conflicto social y armado colombiano, pero ¿acaso a los políticos de la sociedad del espectáculo les interesa auscultar en las profundidades de este subsuelo? o ¿han preguntado alguna vez qué secretos esconden esos muros de concreto donde los gobernantes de turno, en un acto de prestidigitación, hacen desaparecer los problemas políticos y sociales que ellos mismos generan? Seguro que No. Y si lo hicieran necesitarían la imaginación de un Dante para describir los círculos del infierno carcelario en Colombia: reclusos(as) con enfermedades terminales o heridas de guerra, que agonizan a la espera de recibir atención médica; presos mutilados que son golpeados brutalmente por la guardia; internos(as) que amenazan con suicidio porque no se les permite ver a sus seres queridos; celdas pestilentes donde están recluidos seis o más internos; prisioneros aislados por meses en oscuros calabozos como castigo por liderar movimientos de resistencia civil; centros penitenciarios que carecen de ventilación, agua o luz solar; alimentos en pésimas condiciones higiénicas y en descomposición que hacen parte del menú diario; pacientes psiquiátricos que cohabitan con la demás población carcelaria y que son instrumentalizados por los guardianes para atentar contra la integridad de los presos políticos; reclusos en huelga de hambre que se han cosido la boca para sacudir la indiferencia de la comunidad nacional e internacional que todavía se alimenta del mito que “Colombia es la Democracia más estable del continente”.

Debo decirles que a pesar de estas indignantes condiciones los prisioneros y prisioneras políticas no hemos enterrado la esperanza, seguimos construyendo caminos alternativos, mediante el estudio, la escritura, el trabajo conjunto y la denuncia del oprobioso sistema carcelario, siempre en la perspectiva de rescatar la perspectiva humana, de mantener viva la llama de la utopía, de continuar luchando por una vida digna, junto a los estudiantes, a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes que, también, han levantado sus banderas por su derecho al territorio, al agua, a las semillas, en contra del TLC, de las locomotoras mineras, y de los proyectos de un supuesto progreso que sólo han dejado despojo y desolación en nuestro territorio.

Este es el espíritu libertario que anima estas líneas porque mientras el terror del presidio y los barrotes sea el precio que debamos pagar los colombianos y colombianas insumisos(as) a las “verdades” oficiales; mientras se nos imponga la muerte laboral y política a quienes ejercemos el pensamiento crítico; mientras se nos nieguen las mínimas garantías democráticas conquistadas hace ya más de dos siglos en occidente, tras grandes luchas y esfuerzos, no guardaremos silencio y seguiremos reivindicando la necesidad de una verdadera paz con justicia social para Colombia. Hablo con mi voz y mis palabras, que son las únicas armas que he esgrimido en estos años de compromiso con la investigación y la docencia universitaria, pero también con la certeza que miles de compatriotas, de dentro y fuera de las cárceles, se reconocerán en el sentimiento de “digna rabia” que acompaña esta misiva.

Señores ex presidentes: Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe:

Ustedes son representantes de un régimen bipartidista que en casi dos siglos de excluyente hegemonía ha sido incapaz de dar solución a los graves y profundos problemas sociales que aquejan el pueblo colombiano, y que constituyen las causas objetivas del prolongando conflicto social y armado.

Ustedes encarnan la doble moral de una clase política que habla de “democracia”, pero que ha aplicado de manera sistemática el terrorismo de estado para defender sus más mezquinos intereses.

Ustedes simbolizan la barbarie de una clase política que ha sacrificado el presupuesto de inversión social en educación, salud, vivienda para despilfarrarlo en una guerra que ha dejado grandes ganancias para sus proveedores pero sólo dolor, miseria y destrucción para la gran mayoría de la población.

…Y ahora, pretenden darle lecciones de democracia a un pueblo que libre y autónomamente ha emprendido transformaciones sociales de hondo calado, que hacen de él un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del continente. Si les queda algo de pudor ¡Retiren sus manos de la hermana República de Venezuela!, no sea que terminen como aquel personaje de Gautier que atraído por el amor de Clarimonda, una bella mujer que le seducía desde las profundidades de la muerte, acabó por no distinguir el sueño de la vigilia y olvidar dónde empezaba la realidad y dónde terminaba el deseo.

Con la Dignidad de Siempre (porque el silencio no es una alternativa).

Miguel Ángel Beltrán Villegas. Sociólogo e Historiador. Preso político colombiano. Condenado a ocho años y 4 meses de prisión por el delito de pensar diferente.