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La responsabilidad de las empresas en el conflicto armado colombiano Algunas reflexiones jurídicas

Entrevista a Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina

Algunas reflexiones jurídicas sobre la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado

Jorge Freytter-Florián (19-09-2016)
En el conflicto colombiano, muchas empresas nacionales y transnacionales vulneran sistemáticamente los derechos humanos. El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera aborda esta cuestión [2].
No obstante, son muchos los interrogantes que nos surgen al respecto. ¿Es competente la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre los derechos humanos para juzgar a las empresas como actores del conflicto armado? ¿Las prácticas de las empresas transnacionales se encuentran también bajo su jurisdicción? ¿Qué delitos podrán ser sancionados? ¿Y qué penas pueden ser impuestas a las empresas?

Para desengranar estas cuestiones contamos con la colaboración del profesor Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina.

-Antes de entrar de lleno en el tema mencionado, nos gustaría conocer algunas valoraciones generales sobre el Acuerdo Final 

-Mi primera valoración es positiva. Creo que el pueblo colombiano necesita estos acuerdos para iniciar una nueva fase de confrontación con el poder económico y político.

El cambio de estadio en la caracterización de las luchas creo que era una demanda importante de la población colombiana, ya que el conflicto armado ha generado muchísimo dolor y el triunfo de un nuevo modelo de sociedad parecía inviable por esta vía. Además, enfrentarse al capitalismo y a las fuerzas hegemónicas en esta coyuntura, requiere sumar esfuerzos, crear nuevas formas de resistencia y acumular fuerzas que la confrontación armada no permitía.

-¿Usted cree que la paz ha llegado a Colombia? 

-Lo que ha ocurrido en La Habana es muy importante, se han firmado unos Acuerdos que esperemos abran nuevos espacios a la lucha política y social, pero la paz es otra cosa.

Galtung habla de la paz negativa, que hace referencia a la ausencia de violencia directa. En este caso, es el Acuerdo el que reconduce la confrontación armada entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Pero los movimientos sociales y la izquierda luchamos por una paz positiva que destierre la violencia estructural de un sistema capitalista y patriarcal tremendamente cruel. No hay paz en el sentido profundo del término sin justicia social y sin otro modelo político y económico.

No obstante, el plebiscito del dos de octubre no permite demasiados espacios para los matices, y el uso de la palabra paz se convierte en un arma “electoral”, pero no se puede perder de vista que lo firmado en La Habana son unos Acuerdos muy importantes, pero Acuerdos al fin y al cabo. Sin embargo, el triunfo del sí es imprescindible para continuar con las siguientes fases.

-¿Cuáles son los desafíos más importantes de la nueva fase que se abre si los Acuerdos son ratificados en el plebiscito del dos de octubre? 

-El paramilitarismo, la violencia policial y militar deben ser perseguidas y erradicadas de inmediato. No puede ser que activistas sociales y defensores de los derechos humanos sigan siendo asesinados. Hay que garantizar que en Colombia se puede “hacer política” sin que te asesinen. Esta es una condición imprescindible.

Por otra parte, los Acuerdos no implican una transformación radical de las estructuras económicas o jurídicas, son el inicio de una nueva fase política que implica una reactivación de las movilizaciones sociales y populares en busca de una nueva correlación de fuerzas.

Se necesita una gran dosis de unidad de las distintas fuerzas anticapitalistas y antipatriarcales y ampliar las alianzas de las diferentes luchas contra el modelo neoliberal que el gobierno de Santos, las corporaciones transnacionales y el bloque dominante colombiano han puesto en marcha. La concentración de la propiedad de la tierra, la democratización del país y la lucha contra la desigualdad, se convierten en ejes centrales del combate.

Además, la solidaridad internacional debe ser otro frente de lucha a tener en cuenta. El fortalecimiento de redes contra hegemónicas globales son muy importantes para frenar y revertir los planes de las grandes corporaciones transnacionales.

Por otra parte, el movimiento popular colombiano debe profundizar en un modelo de desarrollo radicalmente distinto al que impone el capitalismo. Las corporaciones transnacionales quieren afianzar sus espacios de poder económico y convertir a Colombia, entre otras cosas, en una nueva locomotora minera, por eso, la lucha contra los acuerdos de comercio e inversiones, la puesta en marcha de la soberanía alimentaria y de las ideas eco socialistas y eco feministas son desafíos imprescindibles para un nuevo modelo de desarrollo social y económico.

-Entremos de lleno en el objeto central de esta conversación, a su parecer, ¿ el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo   la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos tiene competencia para juzgar a las empresas nacionales y transnacionales? 

-Rotundamente sí. El análisis del documento mencionado nos confirma esta afirmación.

Destacaría algunas ideas fuerza que recorren este texto.

1. En los principios básicos que componen el sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición se insiste mucho en el derecho de las víctimas a la justicia y a la protección de sus derechos. La centralidad de las víctimas es un elemento esencial. Por tanto, la verdad, justicia y reparación de sus derechos es uno de los objetivos del documento. Las empresas nacionales y transnacionales no pueden sustraerse, en ningún caso, a este principio general.

2. El apartado 15 y 32 establecen que el Sistema Integral se aplicará a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y se añade que también será competente para juzgar las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones.

3. También se refiere a las responsabilidades colectivas del Estado, por las prácticas y hecho incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto.

Es cierto que el documento no establece ningún epígrafe donde se mencione expresamente a las empresas como posibles actores del conflicto armado, pero la lectura global del texto y la específica de algunos apartados del mismo no deja ninguna duda sobre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a las empresas.

-¿Hay algún otro apartado que reseñaría especialmente? 

-El apartado 19 del texto me parece muy importante. Especifica que los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y cómo al adoptar sus resoluciones o sentencias se hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, la cual puede ser diferente a la efectuada por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas. Es decir, los magistrados y magistradas deben aplicar, también para juzgar a las empresas, el marco normativo internacional y disponen de un amplio margen interpretativo al poder realizar una calificación jurídica propia, que en ningún caso quiere decir arbitraria, ya que sus referencias son el marco mencionado.

No debe extrañarnos el apartado 19 -y menos al hablar de empresas-, ya que estas disponen en el ámbito global de los Mecanismos de Resolución de Diferencias Inversor –Estado -los llamados tribunales arbitrales-, para la defensa de sus intereses. Es un sistema paralelo al poder judicial -se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral. Los árbitros disponen de un margen de interpretación sin límite alguno.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas de los acuerdos y tratados de comercio e inversiones y no las normas sobre los derechos humanos.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos, es todo lo contrario, ubica en el centro de su práctica jurídica al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, dadas las características específicas del Acuerdo Final, el margen de interpretación de los magistrados y magistradas debe ser muy amplio y en la pura teoría del Derecho, puede ser un sistema que neutralice la asimetría existente entre normas corporativas a favor de las empresas transnacionales y los derechos de las mayorías sociales. ¿Por qué no dotar a los magistrados y magistradas de la misma capacidad interpretativa de la que disponen los árbitros de los tribunales arbitrales cuando de juzgar a empresas se trata?

-¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos iniciales para encausar a las empresas? 

-El apartado 48 recoge cómo la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas recibirá los informes que le presente la Fiscalía y otros órganos e instituciones de carácter oficial, pero también incluye los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas relativos a las conductas cometidas por las empresas con ocasión del conflicto armado.

Se específica, además, que se les dará el mismo tratamiento. Por tanto, y más allá de todo el procedimiento previsto, el papel de la sociedad civil va a ser muy importante, ya que son muchos los informes -y de un alto rigor- que circulan en Colombia en relación a la impunidad con la que han actuado las empresas transnacionales y nacionales sirviéndose del conflicto armado.

A partir de aquí los magistrados y magistradas tomarán en consideración o no, los hechos descritos y activarán el procedimiento previsto.

-¿En estos momentos hay fuentes, indicios, pruebas… para denunciar a las empresas? 

-Resultaría muy prolijo enumerar el trabajo realizado en condiciones extremas de seguridad de miles de personas y de un importante número de organizaciones, movimientos sociales, observatorios, Ongs, sindicatos, colectivos de abogados y abogadas… etc. que han elaborado denuncias, informes y documentos muy rigurosos sobre la tremenda responsabilidad de las empresas en el conflicto armado. Estos documentos se entregarán a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas y muchos de ellos se convertirán en documentos “oficiales” y pasarán a formar parte del cuerpo de pruebas que los magistrados y magistradas tendrán que valorar.

Desde mi experiencia personal puedo nombrar al Tribunal Permanente de los Pueblos y a las sucesivas sentencias que ha ido fallando en relación a la responsabilidad de las empresas transnacionales en Colombia. Hay muchos datos y pruebas que involucran a las mismas en el conflicto armado.

Por otro lado, el papel de la fiscalía ha sido completamente insuficiente y la impunidad de las empresas es lo que ha imperado en Colombia. No obstante, a finales de 2015 se creó un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de las Dirección de Justicia Transicional que se encuentran trabajando en 50 casos como “prueba piloto”. Los primeros resultados ponen en valor algunas de las denuncias realizadas desde el movimiento popular. Así, aparece la vinculación y financiación de grupos paramilitares por empresarios bananeros, ganaderos, palmicultores, empresas mineras, hidrocarburos, energéticas… etc.

-¿Cómo se concreta la responsabilidad de las empresas? 

-Cuando una empresa produce daños o vulnera los derechos humanos, debe responder civilmente. Es decir, deben reparar a las víctimas por el daño causado, y si los daños constituyen delito o crímenes deben responder penalmente. En el caso tratado, si las empresas han cometido actos o han actuado como cómplices, colaboradoras, instigadoras, inductoras o encubridoras de las conductas tipificadas en al apartado 40 -“No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además, del reclutamiento de menores conforme a los establecido en el Estatuto de Roma”- tienen una responsabilidad penal.  

Por otra parte, los miembros del consejo de administración, los dirigentes, ejecutivos, funcionarios, trabajadores, representantes… de las empresas son personas físicas y las normas jurídicas vigentes descritas anteriormente son también obligatorias para ellos, particularmente en materia civil y penal. Por ejemplo, responderán de haber financiado a grupos paramilitares para delinquir en favor de las empresas.

En definitiva, hay una doble imputación, por una lado, a las empresas, y por otro, a las personas físicas responsables de las gravísimas conductas recogidas en el apartado 40 del  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos.

-¿La responsabilidad penal de las empresas está regulada en el ámbito internacional? 

-En Europa -más de 25 países- y en todo el mundo, sobre todo en los últimos veinte años, cada vez más países han introducido la misma. Hay que tener en cuenta que el principio de legalidad en el Derecho Penal obliga a la fiscalía a investigar y otorga una protección jurídica más segura.

En el contexto de los juicios de Nuremberg como con posterioridad -los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda- la responsabilidad penal de las empresas transnacionales se llegó a establecer. Se determinó que las personas jurídicas habían vulnerado determinadas leyes de la guerra. El Estatuto del Tribunal de Nuremberg recogió que grupos u organizaciones pueden ser declaradas criminales y que formar parte de ellas daría lugar a una conducta delictiva. No podemos olvidar que muchas empresas alemanas se beneficiaron de la ocupación nazi al adquirir propiedades o explotar a prisioneros de guerra.

-¿La legislación internacional reconoce la responsabilidad de las empresas nacionales y transnacionales ?

-Hay una primera premisalas empresas son personas jurídicas y, en tanto tales, sujeto y objeto de Derecho, de modo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es también obligatorio -además del ordenamiento jurídico colombiano- para éstas.

La responsabilidad de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, no es una materia pacífica en la doctrina internacional. Durante mucho tiempo se han calificado a los derechos humanos como derechos individuales frente al poder del Estado. En estos momentos se ha consolidado la tesis por la que se reconoce que los derechos humanos pueden ser vulnerados por las personas físicas y jurídicas, es decir, las empresas también pueden violar los derechos humanos. Este es un tema muy importante, veamos algunas cuestiones.

El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

Artículo 29 

  1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
  2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Las empresas como toda persona privada debe respetar la ley nacional e internacional. Principio que la doctrina ha asumido y que numerosos convenios internacionales han ido incorporando. Además, la Declaración de Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia: Las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales. En Derecho Internacional la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario están en vigor y es obligatorio. La Declaración Universal de Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa. Lo mismo que el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

En definitiva, además de los textos descritos existe un número muy importante de normas e instrumentos internacionales vigentes que son aplicables a las empresas. Son normas que se refieren a la dignidad inherente a las personas y por tanto obligatorias e inderogables.

Los magistrados y magistradas deben tener en cuenta las normas internacionales que las empresas nacionales e internacionales deben cumplir, más allá, incluso, de lo que la legislación colombiana establezca.

-¿Existe alguna norma concreta referida a la responsabilidad de las empresas respecto a la vulneración de los derechos humanos? 

-Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, son la referencia normativa internacional más importante y con mayor consenso en la comunidad internacional y en el seno de la ONU; Colombia también ha acogido dichos Principios.

En su apartado II letra nº 11 establece que “las empresas deben respetar los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. De la lectura de estos Principios deriva la responsabilidad de respetar los derechos humanos como una conducta mundial aplicable a todas las empresas, donde quiera que operen. Responsabilidad que se acentúa al referirnos a prácticas vulneradoras de los derechos humanos tan relevantes como las recogidas en el apartado 40 del   Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos.

Es verdad que el carácter voluntario de estos Principios relativiza mucho su eficacia jurídica, pero en el caso que nos ocupa y de acuerdo con el apartado 19 del Sistema Integral, los magistrados y magistradas pueden otorgarles el carácter imperativo que consideren de acuerdo con su pertenencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la gravedad de los hechos juzgados y a la capacidad de adoptar sus resoluciones o sentencias en base a una calificación jurídica propia del Sistema Integral.

-¿Cómo se puede probar la responsabilidad de las empresas y de las personas responsables individuales? 

-La carga de la prueba se rige por la regla clásica, lo que implica que las víctimas o el Estado son los que tienen que probar la responsabilidad de los daños causados por las empresas o por las personas físicas que dirigen o trabajan para ellas. No obstante, en la doctrina internacional se está extendiendo la obligación jurídica por la cual son las empresas las que tienen la obligación de prevenir los posibles daños causados, invirtiendo la carga de la prueba en relación con los medios y capacidades de dichas empresas.

Así, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos ratificados en el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considera que cuanto mayor sea la cercanía o proximidad de la empresa a una zona de conflicto o situación de riesgo, las empresas deberán desplegar un mayor esfuerzo para no incurrir en responsabilidades respecto a las vulneraciones de derechos producidos. La debida diligencia y la “prevención” deben completar la regla clásica de la prueba de los daños causados por las empresas. Los Principios también recogen que puede existir complicidad “cuando una empresa contribuye o parece contribuir a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos causadas por otras partes”.

Por ejemplo, si una empresa tiene la oposición de todas las comunidades cercanas para imponer soja en una determinada zona y de la noche a la mañana las comunidades se “desplazan” y la oposición desaparece, la debida diligencia y la prevención que emana de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos debe tenerse en cuanta a la hora de establecer las responsabilidades. La empresa debe demostrar que no tiene nada que ver con los desplazamientos de las comunidades y con la “misteriosa” desaparición de la oposición al proyecto de soja.

Los empresarios que aleguen buena fe en la compra de tierras, que fueron objeto de despojos o desplazamientos forzosos anteriores a su adquisición, deben demostrar que actuaron con la debida diligencia y se aseguraron de que su forma de actuar no tendría un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos.

-¿Qué sanciones caben contra las empresas? 

-En principio, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos, prevé dos tipos de sanciones: de cinco a ocho años para quienes reconozcan la verdad y acepten su responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de los delitos previstos en el apartado 40 y de 15 a 20 años cuando no exista reconocimiento de la verdad ni se acepte su responsabilidad.

Estas sanciones se aplican a las personas físicas que hayan delinquido gravemente a favor de las empresas que dirigen, en las que trabajan o a las que representan -financiando, por ejemplo, grupos paramilitares- y, además, deben reparar a las víctimas por el daño causado.

Respecto a la responsabilidad penal de las empresas existe un vació legal (obviamente una empresa no puede ser encarcelada), ya que las sanciones previstas no recogen esta posibilidad. Resulta evidente que deben reparar civilmente el daño causado a las víctimas, pero en otras legislaciones se prevé, en base a la responsabilidad penal, multas, exclusión de contratos públicos y subvenciones, disolución de la empresa…etc.

Los magistrados y magistradas deben fundamentar sus fallos en las normas internacionales e impedir la impunidad de prácticas tipificadas, entre otras, como delitos de lesa humanidad o genocidio, en grado de autoría, complicidad, colaboración, instigación, inducción o encubridor. También deben despejar las posibles contradicciones entre los grados de participación descritos y lo que el Acuerdo recoge en el apartado 31 sobre “las conductas de financiación o colaboración de los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieran una participación determinante o habitual”. Pienso que el carácter de esta participación no puede quebrar los grados de de autoría, complicidad, colaboración, instigación, inducción o encubridor.

A mi parecer, la vinculación de empresas transnacionales como agentes directos o indirectos con el conflicto armado colombiano -en función de las gravísimas conductas previstas en el apartado 40 del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre derechos humanos- , requiere la expulsión de la zona donde han actuado y según la gravedad de los hechos, de la propia Colombia. La disolución de las empresas nacionales por los mismos hechos es otra sanción a tener en cuenta.

El que la legislación colombiana no regule la responsabilidad penal de las empresas, no impide que los magistrados y magistradas puedan aplicarla, ya que según el apartado 19 mencionado anteriormente, las referencias normativas son el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y además a la hora de adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema, lo que les permite aplicar la responsabilidad penal de las empresas tal y como se desarrolla en la legalidad internacional.

-¿Por qué actúan con tanta impunidad las empresas transnacionales en el ámbito global?

-Es un pregunta muy compleja, pero desde una perspectiva jurídica, la existencia de una nueva lex mercatoria o Derecho Corporativo Global explica la impunidad con la que actúan.

En la lex mercatoria, los derechos de las empresas transnacionales se blindan a través de un complicado entramado legal compuesto por miles de normas -los contratos firmados por las grandes corporaciones; las reglas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales arbitrales – caracterizadas por su fortaleza jurídica. La oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies transnacionales a la creación de normas que puedan poner en riesgo sus perspectivas de negocio tiene una explicación muy sencilla: las actuales normas corporativas globales están diseñadas a su imagen y semejanza. Son “leyes” para la defensa de los intereses de las grandes corporaciones; son normas para ricos.

Por otra parte, las multinacionales protegen sus derechos por medio de normas supranacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que debilitan la soberanía de los Estados receptores; sus obligaciones, sin embargo, se ajustan a las legislaciones nacionales previamente sometidas a la lógica del capital.

En el caso de Colombia, la alianza entre el poder corporativo, el gobierno y las clases dominantes han desregulado, privatizado y quebrado todas las políticas públicas de apoyo a las mayorías sociales en el marco de un conflicto armado y una violencia generalizada contra los movimientos populares. Colombia es una excelente pista de aterrizaje para el capital transnacional.

Y, junto a la debilidad y complicidad de los Estados para controlar a las empresas transnacionales, existe una ausencia de mecanismos e instancias adecuadas para exigir la responsabilidad de estas compañías en el ámbito global, con unos sistemas regionales e internacionales que no están diseñados para recibir denuncias contra las grandes corporaciones y con una falta de cumplimiento y ejecución de las decisiones de los órganos competentes.

La arquitectura de la impunidad que emerge de la lex mercatoria descrita es la manera en que se explica jurídicamente el poder corporativo global.

-¿Para terminar, tiene alguna reflexión final? 

-El Acuerdo desde una perspectiva general y en lo relacionado con las Víctimas del Conflicto que incorpora el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre los derechos humanos, necesita ser “observado” y “controlado” por el movimiento popular. El poder corporativo, el gobierno y el bloque dominante van a presionar para que el mismo se vacíe de contenido y se ponga al servicio de las clases dominantes. En relación a la Jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre los derechos humanos, los principios de priorización y de la selección de los máximos responsables van a ser interpretados por los sectores más reaccionarios como frenos al desarrollo de la Jurisdicción especial. Únicamente la organización y la unidad de las luchas populares pueden presionar para que los Acuerdos se interpreten a favor de la emancipación de las mayorías sociales.
Notas
Jorge Freytter-Florián, Exiliado político en el País Vasco, miembro de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudio sobre violencia política en América Latina. http://www.ascjafr.org

[2] El Acuerdo Final contiene un sub apartado referente al Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto que incorpora el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que incluye la Jurisdicción especial para la paz y compromisos sobre los derechos humanos.

Entrevista al antropólogo y médico colombiano Alberto Pinzón Sanchez.

En la presente entrevista el Antropólogo y Médico Alberto Pinzón Sánchez brinda su testimonio entorno a varios aspectos que se consideran importante a la hora de caracterizar el conflicto social y armado colombiano, como son: el paramilitarismo, pensamiento crítico y universidades, democracia y violencia política. Todo estos elementos abarca lo que verismo demostrando en base a nuestras hipótesis; la persecución política al Pensamiento Crítico Colombiano. En su momento el Antropólogo Pinzón Sánchez fue miembro de la Comisión de Notable en el Proceso de Paz anterior entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, Comisión, que suministró soportes y asesoramiento a las dos partes para buscar la solución política al conflicto colombiano en el Gobierno de Andrés Pastrana.

BLOQUE A: CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO, PARAMILITARISMO.
1) ¿Usted considera que el paramilitarismo será un obstáculo para la concreción en el Post Acuerdo?
Desde Luego. Como lo ha señalado en varias oportunidades la delegación de plenipotenciarios de las FARC-Ep en la mesa de paz de la Habana, la persistencia de la estructura Narco-paramilitar del Estado más allá de un (eventual) acuerdo final para la terminación del conflicto colombiano, será un gravísimo obstáculo en la concreción de su objetivo final cual es la construcción de una paz sostenible y duradera.
2) ¿Qué intereses económicos puede encontrar el paramilitarismo en las Universidades Públicas?
En el momento no conozco los presupuestos económicos y financieros de la Universidades Públicas colombianas, pero más allá de un interés puramente económico de apoderarse de estos recursos oficiales y de su distribución dentro de su clientela de profesores y administradores adscriptos, está el hecho político de dominar y hegemonizar la enseñanza superior universitaria de Colombia en favor de unos claros intereses contrainsurgentes que dominan la política del Estado colombiano desde comienzos de la guerra contrainsurgente a comienzos de la década del 60 del siglo pasado.
3) ¿En qué Universidades el paramilitarismo elegía, captaba, respaldaba las administraciones universitarias?
La toma de universidades públicas por el narcoparmilitarismo fue una estrategia de la guerra contrainsurgente “de dominar la mente y los corazones de los colombianos” y de “quitarle el agua al Pez” que abarcó desde el inicio de la guerra contrainsurgente todo el país. Sin embargo, fue en las zonas que ellos mismos señalaron como “rojas” o de influencia de las organizaciones Insurgentes como las Costa Caribe, el altiplano y valle del rio Cauca, el eje cafetero y el oriente colombiano, donde se hizo más cruel y evidente.
4) ¿Creé qué puede demostrarse que el paramilitarismo adelanta una política de persecución, también en el conjunto del Estado Colombiano?
No solo puede demostrarse, sino que numerosos estudios y documentos serios y muy bien elaborados de multiples organizaciones independientes, así lo han demostrado fehacientemente.
5) ¿Qué relación tiene el proyecto neoliberal con el modelo paramilitar y su irrupción en las universidades?
Es una verdad sociológica, política, económica y académica, que el neoliberalismo es intrínsecamente autoritario, y también constituye una verdad grabada con sangre ; que la implementación del llamado neoliberalismo de los “Chicago Boy´s”, se inició en America Latina el 11 S de 1973, con el golpe militar dado en Chile por la dupla gobernante en EEUU Nixon- Kissinger, la CIA y la compañía multinacional ITT, derrocando al presidente socialista legítimo Salvador Allende e instaurando la dictadura fascista de Pinochet. Desde ese momento, durante décadas y hasta ahora ya sin máscaras, ha mostrado de manera cínica en el conjunto de todas las sociedades del continente americano, incluidas obviamente las universidades, su rostro autoritario y sanguinario de la doctrina de la Seguridad Nacional.
BLOQUE B: PENSAMIENTO CRÍTICO Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS
1) ¿Qué ha significado la mercantilización de la educación, proliferación de amenazas, extorsiones y secuestros a miembros de la comunidad universitaria?
Fuera de los beneficios políticos y hegemónicos contrainsurgentes del Estado Colombiano y su clase dominante y dirigente, durante todos estos años de guerra contrainsurgente se ha hecho evidente la eliminación paciente y el exterminio de los académicos críticos e independientes, junto con la degradación intelectual, académica y ética de la llamada comunidad universitaria; su mediocridad, su silencio cómplice (con muy contadas excepciones), su conformismo y servilismo acríticos que han hecho carrera dentro de la intelectualidad y la cultura colombiana, agregando un elemento más a la crisis general de toda la sociedad colombiana.
2) ¿Por qué se configura una política sistemática de persecución a los docentes colombianos?
No fue con todos los docentes colombianos, aclaro, que se adelantó una política sistemática de persecución. Fue y ha sido, una persecución hasta la muerte y el exterminio contra quienes el bloque de poder contrainsurgente y sus mal llamados aparatos de Inteligencia denominaron “enemigos internos”. Los arribistas, conformistas y escaladores sociales, muchos de ellos provenientes de las clases subalternas, escalaron posiciones de responsabilidad académica y gobierno.
3) ¿Qué nos puede permitir identificar estas persecuciones?
Todas esas persecuciones y exterminios son precisamente el objeto de precisión de una Comisión de la Verdad como la que a fines de 2015 se pactó, en el punto quinto de la actual Agenda de la Habana.
4) El Informe especial de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se aborda la noción de Bloque de Poder Contrainsurgente en Colombia- BPCi- puntualice el desarrollo de sus acciones en las Universidades Públicas.
El concepto de Bloque de Poder Contrainsurgente dominante en Colombia BPCI y que fue retomado en varios de los informes de la Comisión Histórica del conflicto que Ud menciona; es un concepto científico y académico muy serio, elaborado por Vilma Liliana Franco Restrepo, una investigadora crítica y docente independiente antioqueña, quien dio a conocer y desarrolló dicho concepto en su muy sustentado y enjundioso libro titulado “Orden contrainsurgente y dominación. Bogotá. Instituto Popular de Capacitación-Siglo del Hombre. Editores, 2009,567 pp. Ahora bien, para puntualizar las incontables acciones que este aparato de Poder y Hegemonía ha realizado durante casi 70 años de guerra contrainsurgente en Colombia, tal y como lo digo en la respuesta anterior se requerirá del informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto colombiano y de los informes complementarios que para tal efecto se produzcan durante el periodo de transición del post acuerdo.
5) ¿Cuál será el papel de las universidades en este nuevo contexto de cambiar el relato de la violencia política vivida en 60 años de conflicto?
Indudablemente el sector universitario, especialmente público y en menor medida el privado, deberán jugar un papel fundamental en la aclaración científica y verdadera tanto histórica como política, económica, jurídica, ect, de los 70 años vividos en Colombia de guerra contrainsurgente llamada también conflicto histórico interno, social y armado de Colombia.

BLOQUE C: DEMOCRACIA Y VIOLENCIA POLÍTICA

1) ¿Cuál será el papel de los Movimientos Sociales y Políticos en la construcción de la Democracia en Colombia?
Sin la movilización social y popular amplia, unitaria y consiente, no habrá Democracia verdadera en Colombia
2) ¿Los gobiernos universitarios son Democráticos?
¡Dudo! Porque como decía el filósofo Carlos Gardel, “en la duda está el saber”.
3) ¿Cuáles son las deficiencias del modelo Democrático colombiano?
Todas las deficiencias de ilegitimidad e ilegalidad que han dejado 70 años de guerra contrainsurgente en Colombia.
4) ¿Se impide en la Democracia colombiana, la investigación, la denuncia y el trabajo académico y político?.
No solo se impide. Se le persigue y se le extermina.
5) ¿Qué ha pasado con los docentes orgánicos y críticos que se oponen a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos en Colombia?
Lo que no fueron exterminados y milagrosamente han sobrevivido están pudriéndose en alguna mazmorra del régimen, como por ejemplo y para citar un solo caso, Miguel Ángel Beltrán.
6) ¿El Estado Colombiano es irresponsable en el respeto de los Derechos Humanos y laborales de los docentes?.
No solo irresponsable, sino negligente e indolente.
7) ¿Quiénes a su consideración deben de participar en la formulación, seguimiento, evaluación y (re) formulación de estos mecanismos de Educación y Paz?
Considero que la nueva política educativa y de paz o para la Paz, debe ser (sobre todo en el sector de la educación pública) fruto de un gran acuerdo nacional en el que estén involucrados todos los colombianos que de alguna u otra manera tienen alguna relación con la educación pública en Colombia.

REF: PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. CASO UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS.

Estimados(as) Señores (as),

Mesa de conversaciones, La Habana, Cuba: Delegación de Paz del Gobierno Nacional Colombiano y Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Universidad Nacional de Colombia.

País Vasco, 07 de Julio 2015

REF: PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. CASO UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS. 

 

Desde nuestra Asociación “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudio sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad; Universidades Públicas Colombianas, dentro de nuestras investigaciones del análisis y estudios de la Violencia Política en Colombia y la defensa de los Derechos Humanos, saludamos los esfuerzos de las partes en reafirmar la Paz de Colombia  a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, instrumento que desde mucho tiempo, como víctimas de terror del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado, ya habíamos interpelado la exigencia de una “Comisión de la Verdad”.  Desde nuestra Asociación acompañamos este nuevo proceso de significación para las víctimas, y exilio político Colombiano. De igual forma, queremos resaltar algunos aspectos importantes para consideración muy respetuosa de esta Comisión:

  1. Las situaciones de profesores/as, estudiantes, trabajadores/as de las Universidades Públicas Colombianas, afrontan la persecución paramilitar, el Terror de las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado Colombiano. Véase: Departamento Administrativo de Seguridad – DAS- DIJIN, GAULA, el Ejercito y Policía Nacional.
  1. Decimos que nos preocupa, lo sucedido en la Universidad del Atlántico en el periodo 1998 / 2003 en el que acontecieron los crímenes selectivos a profesores/as, estudiantes, líderes /as sindicales y trabajadores/as.
  1. Solicitamos un legítimo proceso de investigación de los asesinatos ocurrido en la Universidad del Atlántico, de profesores/as, sindicalistas y estudiantes, como en los sucesivos casos: Reynaldo Serna, Humberto Contreras, Jorge Adolfo Freytter Romero, Lisandro Vargas, Alfredo Marín Castro Haydar, Raúl Peña Robles, Demetrio Castro, Gustavo De Silvestre Saade, Paola Melo Mejía, Andrea Valero Jiménez, asesinatos sistemáticos, con montajes judiciales y seguidillas por parte del Estado en medio de altas irregularidades administrativas que sacrifican a la Universidad del Atlántico.
  1. Solicitamos una revisión de la situación de diferentes Universidades Públicas: Universidad Nacional, Universidad de Córdoba, del Magdalena, Guajira, Cesar, donde muchos casos quedan relegados por los Tribunales de Justicia Colombianos sin ningún proceso de Verdad,  Justicia, Reparación y Memoria Histórica.
  1. Todavía existen las denominas “células durmientes” del paramilitarismo en diferentes Universidades públicas Colombianas.

Exigimos reconstruir la Memoria Histórica de lo sucedido en estos casos atroces que siguen ocurriendo en las Universidades Públicas Colombianas, debe ser efectivo que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición, así mismo como lo expresa el Informe:

“.. Satisfaga los derechos de las Víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la Paz..”.- Y dedicarle un apartado de su misión a las Universidades Públicas Colombianas, recolectar los casos más olvidados y documentarlos para la reconstrucción de la Memoria Histórica de Conflictos Social y Armado. El Estado Colombiano debe buscar más mecanismos de Políticas Públicas para las Universidades, ir desenmascarando la impunidad y la irregularidad administrativa que avalo el accionar paramilitar.

La Asociación hace un llamado  para que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad , la Convivencia y la No Repetición tenga en observación estos casos, de conformidad con el Informe público, nos adherimos para aportar como organización de Colombianos y Colombianas residentes en el País Vasco y en condición de exiliados/as el respaldo institucional, asesoramiento y nuestra participación activa en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Finalmente nuestro aportación al punto (5) en las Conversaciones de Paz es la salida de la obra

“ Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En memoria del profesor Jorge Freytter Romero” siendo un texto e instrumento de estudio favorable al reconocimiento de la Memoria Histórica de nuestro futuro y presente en Colombia.

Afablemente,

Fdo.:Asociación “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.

http://www.ascjafr.org

asociacion@ascjafr.org

Twitter: @ascjafr

1. http://www.ascjafr.org
2. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  que ha decidido declarar el caso del Profesor y Sindicalista Freytter Romero y su admisibilidad en relación a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 21 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; los artículos 1,6 y 8  de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 1. b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas.
3.  Alexander Ugalde Zubiri y Jorge Freytter-Florián (coord.) (UPV/EHU, 2014) http://omal.info/spip.php?article6468

Carta abierta de un preso político colombiano a los ex presidentes Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe

Tienen boca, mas no hablarán; tienen ojos, mas no verán

Oídos tienen, más no oirán; tienen narices, mas no olerán

Manos tienen, mas no palparán; tienen pies, mas no andarán

 

A través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de la “Declaración de Panamá sobre Venezuela” difundida en el marco de la celebración de la VII Cumbre de las Américas, donde sus firmantes denuncian la supuesta “alteración democrática que sufre Venezuela”. Al observar sus nombres entre los 24 ex mandatarios latinoamericanos que suscriben dicho documento no pude menos que pensar en aquella extraordinaria narración de Robert Louis Stevenson, tan elogiada por Jorge Luis Borges: “El Extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hide”. Como recordarán el protagonista de este relato sufre un desdoblamiento al ingerir una mezcla de sustancias químicas que él mismo ha preparado en su laboratorio. A partir de ese momento su existencia se escinde en dos personajes: el Dr. Henry Jekill científico filantrópico preocupado por el bienestar y el progreso de la humanidad y Edward Hide, un ser maligno inclinado hacia a los actos más depravados y violentos, en el que habitan las mayores infamias. Solía decir el novelista francés Julio Verne que “todo lo que un escritor imagina, siempre quedará más acá de la verdad, porque otros podrán hacerlo realidad”, y, créanme señores ex presidentes que Ustedes lo han logrado al rubricar este declaración donde exigen “garantías constitucionales y democráticas” al hermano país de Venezuela; sólo que en este caso la metamorfosis ha operado en sentido contrario: Mr. Hide ha tomado la figura del respetable Dr. Jekill.

No dudo que la libertad de expresión y el respeto por los derechos fundamentales sean reivindicaciones válidas en cualquier régimen, independientemente del signo político que éste ostente. Pero que esta reclamación salga de sus voces (y que dicha petición esté acompañada de otros ex mandatarios, buena parte de ellos símbolos de una caduca y regresiva forma de hacer política) corrobora los fundados indicios de las maniobras intervencionistas que se vienen fraguando para derrocar un régimen establecido constitucionalmente con amplio respaldo popular. Y es que una cosa es el derecho a la libre expresión y a la protesta y otra, muy diferente, las repudiables acciones de violencia y sabotaje que han realizado las llamadas “guarimbas” -asesoradas y estimuladas por miembros de la oposición venezolana y financiadas desde el exterior con propósitos claramente golpistas- a las cuales se les atribuye la muerte de decenas de civiles en solo mes de febrero.

Porque si algo representa el gobierno venezolano, en cabeza de su primer mandatario Nicolás Maduro, es la continuación de la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y heredera de las más caras tradiciones democráticas de este continente. Por eso no sorprende el señalamiento que el pasado 9 de marzo hiciera Barack Obama, declarando a Venezuela “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” imponiendo vetos y sanciones a funcionarios venezolanos. La historia de América Latina, nos revela que estos anuncios han sido el preludio de operaciones intervencionistas, abiertas o encubiertas, del país del norte, dirigidas abortar procesos independientes que riñen con sus intereses imperiales, como sucedió en su momento con los gobiernos populares de Jacobo Arbenz (Guatemala), Fidel Castro (Cuba), Salvador Allende (Chile) y Francisco Caamaño (República Dominicana).

Ustedes como signatarios de esa carta se han convertido en punta de lanza para una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos del hermano país de Venezuela, porque en su pobre imaginación no les cabe un régimen que ha legislado para los sectores menos favorecidos fortaleciendo la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas; que ha tenido logros significativos en la reducción de la pobreza (CEPAL, 2011); que ha incrementado notablemente el gasto social a tiempo que ha acortado la brecha entre pobres y ricos, siendo el país menos desigual de la región. Lo que sucede, señores ex presidentes, es que el modelo de democracia que ustedes han defendido y siguen defendiendo es el del bipartidismo excluyente sustentado en las mafias del narcotráfico, y el imperio del paramilitarismo; el de la impunidad y la corrupción; el del fraude electoral y la eliminación física y jurídica de la oposición; el del consenso de Washington y el sometimiento a los grandes intereses transnacionales y globalizados.

Ya lo advertía, a principios del siglo pasado, el pensador venezolano Laureano Vallenilla Lanz en su polémica con el periodista (y posterior presidente de Colombia) Eduardo Santos. Cuando éste –en un arrebato de pueril patriotismo- señalaba que “el pueblo de Colombia es el más ilustrado, el más libre, el más digno de toda la América”, aquel sociólogo –tan poco sospechoso de marxismo- le replicaba: “¿Quién es el pueblo de Colombia? ¿Serán las cien familias que desde la independencia vienen figurando en el Gobierno, constituyendo las dos oligarquías que se han discutido el poder, llamándose liberales y conservadores? […..] que me señalen siquiera una docena de hombres surgidos de las bajas clases populares que hayan sido en Colombia Presidentes, Ministros, Diplomáticos, etc. Y si los hubiera habido en cien años, no harían sino confirmar la existencia de un régimen oligárquico, aristocrático, hermético apoyado en el clero o cayendo en la anarquía y en la dictadura, cuando han tratado de destruirlo?. Que casi cien años después el mandatario actual de los colombianos sea Juan Manuel Santos, y su primo Francisco Santos candidato para la alcaldía de Bogotá -después de haber ejercido como vicepresidente bajo su presidencia, señor Uribe- no es sino una triste confirmación de las verdades que enrostraba el intelectual venezolano al tío-abuelo del actual jefe de gobierno.

Pero retornemos a los fueros que motivan esta carta pública: yo pregunto –y estoy seguro que buena parte del pueblo colombiano también- ¿cuáles son sus credenciales éticas para exigir “la puesta en libertad de los presos políticos” en el vecino país de Venezuela? Admito que actuo con cierta ligereza al colocar sus actuaciones en un mismo plano; sus trayectorias políticas e intelectuales, así como sus estilos de gobierno y sus talantes personales me obligarían a establecer ciertos matices que es imposible enunciar en esta carta. Sin embargo creo no faltar a la verdad si afirmo que como miembros de la clase política de nuestro país ustedes carecen de la solvencia moral para hablar de “garantías democráticas” siendo, como lo son, autores de graves omisiones y complicidades criminales que han pretendido esconder bajo el manto de una supuesta defensa del estado de derecho. Y no voy a referirme a la cuota de responsabilidad que tuvieron sus gobiernos en la materialización de los más de seis millones de desplazados (Cohdes); de los tres mil sindicalistas asesinados (CUT) y de los 57200 desaparecidos (ONU), sólo hablaré de sus políticas penitenciarias y el tratamiento de la problemática de los presos políticos.

Señor Belisario, reconozco en usted una persona que pese a provenir de las tradiciones más ultramontanas del conservatismo colombiano tuvo la voluntad política de propiciar una amnistía política (pese a sus limitaciones), reorientar la política exterior colombiana y viabilizar un proceso de paz que naufragó en medio de la tolerancia al accionar de grupos paramilitares, que en connivencia con los fuerzas militares y las élites políticas nacionales y regionales, adelantaron la más cruda “guerra sucia” que haya vivido país alguno en aquellos años.

Sin embargo -como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República- es usted responsable del asesinato de decenas de personas que fueron masacradas durante la retoma del Palacio de Justicia, así como de aquellas que salieron con vida para ser posteriormente interrogadas, torturadas y desaparecidas. Una de ellas fue Irma Franco, guerrillera del M19, que tras ser llevada a la Casa del florero, fue cruelmente torturada e interrogada y finalmente asesinada. En el marco de esos mismos hechos ocurrió la desaparición forzada de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes del mismo, y la detención arbitraria e ilegal de cuatro ciudadanos más, considerados sospechosos de colaborar con esa guerrilla, como lo revela la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena al Estado colombiano [http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm]. Todos(as) ello(as), sin distinción de si eran guerrilleros o civiles, estaban cobijados por las garantías constitucionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, contando con su aquiescencia fueron sometidas por las Fuerzas Militares a tratos crueles y degradantes y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente.

Y como confirmación de que estos hechos de violencia estatal han contribuido a atizar el conflicto armado, déjeme contarle, señor Belisario, que cuando estuve detenido la cárcel nacional Modelo, hace ya más de 25 años, por cuenta de otro montaje judicial, conocí a René Guarín, un joven y brillante estudiante de la Universidad Nacional de Colombia cuya hermana, Cristina del Pilar Guarín, fue desaparecida en estos luctuosos hechos del 6 y 7 de noviembre. Su único delito: ser empleada de la cafetería. Agraviado por este hecho –que el Establecimiento negó sistemáticamente- y hostigado por los servicios de inteligencia que lo presionaron para guardar silencio, optó por abandonar sus prometedores estudios de ingeniería e ingresar a las filas del M-19. Es que Ustedes con sus acciones y omisiones han tenido responsabilidades directas en el incremento de la insurgencia armada en este país, porque nadie se hace guerrillero por “el gusto de hacer la guerra”. Y si en mi caso personal –que estoy seguro es el de muchos otros- nunca di ese paso fue porque primó –y sigue primando en mí- la honda convicción en el poder del diálogo y las salidas políticas al conflicto. Pese a lo anterior he sido judicializado y estigmatizado como “subversivo” por el Estado y sus aparatos de propaganda.

Señor Pastrana, a finales del mes de enero, estuvo usted visitando Caracas en compañía de los ex mandatarios Sebastián Piñeira y Felipe Calderón. A su regreso al país hizo varias declaraciones a los medios de comunicación, donde manifestaba su aflicción porque no se le permitió la visita del opositor Leopoldo López. Poco después en una entrevista concedida al periódico El Tiempo hablaba horrorizado de la existencia en Venezuela de “83 presos políticos y casos aberrantes como los de las tumbas que son unas celdas de 2×2, tres pisos bajo tierra, con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a los estudiantes que protestan”. No pretendo poner en tela de juicio sus afirmaciones –aunque bajo su mandato presidencial la mentira haya sido una de sus más efectivas armas para dar al traste con el proceso de paz en El Caguán- sin embargo quisiera recordarle que cuando la Corte Constitucional declaró “la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones” (a raíz del hacinamiento, la corrupción y la sistemática violación de los derechos humanos a los internos) y, acto seguido, ordenó “un plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida digna en los penales”(Sentencia T-153 de 1998. Subrayado Mío), la salida “humanitaria” que su gobierno ofreció fue la construcción de esa gran tumba para seres vivientes que es la cárcel de Valledupar (más conocida como “La Tramacúa”).

Esta cárcel de castigo -que no sin razón los internos llaman “La Guantánamo de Colombia”- formó parte del “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario” que como anexo al Plan Colombia estuvo bajo el directo planeamiento y control de los EEUU, de modo tal que su reglamento interno fue copiado de manuales diseñados por agentes de este país, quienes a su vez se encargaron de entrenar el cuerpo de guardianes instruyéndolo con técnicas encaminadas a quebrar la moral de los presos, como lo demuestra en su documentada investigación el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) que junto a otras organizaciones defensoras de presos políticos ha liderado el cierre de esta cárcel de alta y mediana seguridad por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. No es para menos: este centro penitenciario -el cual alberga tanto condenados como sindicados- ubicado en una región que alcanza los 40º de temperatura cuenta con graves deficiencias en el suministro del agua al punto que este líquido vital sólo se suministra 5 o 10 minutos al día y sólo en las áreas colectivas ubicadas en el primer piso, con todas las implicaciones que esto tiene para la convivencia en el penal. De otra parte, los reclusos deben hacer sus necesidades en bolsas de plástico por lo que es común que los orines y las heces fecales inunden los pasillos. Muchas celdas no tienen techo; no se permite la posesión de espejos ni siquiera de fotografías. La visita conyugal debe ser atendida en cubículos sucios, colchonetas infectadas de hongos y baños repletos de excrementos orgánicos. Como si esto fuera poco, los visitantes son sometidos a denigrantes requisas tanto a la entrada como a la salida, porque el ingreso de periódicos, documentos y revistas que critiquen al gobierno están prohibidos, así como el envío de notas escritas a amigos y familiares.

Las instalaciones de la “Tramacua” están diseñadas para ser una cárcel exclusiva de varones pero -como usted recuerda señor Uribe- allí trasladó a la extraditada guerrillera de las FARC Nayibe Rojas (“Sonia”), quien previamente –y de manera irregular- había permanecido incomunicada en una base marina ubicada en el Pacífico colombiano bajo la custodia de personal de los Estados Unidos. Ante la protesta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que cuestionaron tamaño adefesio, su gobierno dispuso el traslado de cerca de 100 mujeres de los diferentes penales del país, y convirtió así la torre 9 de la cárcel de Valledupar en un sitio de reclusión de mujeres, algo similar a lo que hizo el protagonista del Otoño del Patriarca cuando ordenó que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera más larga. Huelga anotar que “Sonia” jamás tuvo contacto con sus nuevas acompañantes. Estas agresiones a la condición humana nunca despertaron la sensibilidad de al menos uno de los 26 firmantes de “La Declaración de Panamá”; fue la tenaz resistencia civil de las prisioneras la que logró el cierre de esta torre en el 2011, luego que aquella mole de ignominia se convirtiese en el escenario de varias muertes.

Pero los tratos crueles e indignantes en la “Tramacúa” no son cosa del pasado, señor Pastrana, precisamente pocos días antes de su viaje “humanitario” a Caracas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dio a conocer una denuncia pública sobre torturas en este penal. La fuerza de los hechos narrados me obliga a transcribir una parte del documento: “El día de hoy [12 de enero de 2015] a eso de las 3:30 de la tarde los guardianes requirieron al interno Leonardo Yepes TD 3592 a una requisa por encontrarse en área no permitida, el interno atendió el requerimiento pero de inmediato los guardianes lo encendieron a golpes, los demás internos acudieron a su ayuda ante la cual se presentó un operativo donde la guardia arrojó a los internos 5 granadas lacrimógenas. Es de anotar que además de sus porras el grupo de reacción traía un palo largo mango de una pata y un garrote cuadrado de una pata de una mesa además de dos tábanos. En medio de la avalancha del Inpec algunos internos escalaron la estructura ante lo cual a una altura de cuatro pisos los guardianes entre ellos el dragoneante Reyes les echaron gas pimienta en los ojos y la cara a los internos y les golpeaban las manos con sus porras, lo que casi ocasiona una tragedia. Los otros internos tuvieron que desafiar y recibir los porrazos de la guardia para socorrer a los internos que pendían en él vacío siendo bajados con lazos improvisados de sábanas. Varios internos fueron golpeados presentando contusiones y laceraciones en la cabeza e incluso heridas abiertas […] Es de anotar que esto internos fueron sacados del patio y gaseados en la noche en los calabozos estando en estado de indefensión (Cf. CSPP. “Hasta con las patas de las Mesas”)

Estos actos inhumanos y degradantes de la guardia hacia los reclusos no es patrimonio exclusivo de “la Tramacúa” por el contrario ocurren a diario en los diferentes centros de reclusión del país, pues como ustedes saben la cárcel de Valledupar se convirtió en arquetipo para la expansión -en los tres últimos lustros- de la “oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, programa que cristalizó en la construcción de once establecimientos reclusorios de Orden Nacional (ERON), bajo la asesoría del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Estos atropellos son invisibles a sus ojos no sólo por el hecho elemental que fueron Ustedes los artífices de estos monumentos a la infamia sino porque a dichas cárceles jamás ingresan quienes ostentan poder político, económico o criminal. Las raras veces que la justicia colombiana actúa, estos “prestantes” delincuentes son alojados en sitios de reclusión donde cuentan con permisos permanentes de salida, visitas diarias de amigos, familiares y “modelos prepago”, ingreso de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, tráfico de influencias, ejecución de obras dentro del penal para su mayor comodidad, posibilidades de celebrar sus cumpleaños acompañados de reconocidas orquestas musicales a las que asisten los directores del penal. Entiendo que en Venezuela el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y el ex candidato presidencial Leopoldo López no gozan de estos mismos privilegios ¿Explica esta circunstancia su gran indignación, señor Pastrana?

En Colombia –señores ex presidentes- son más de 9500 hombres y mujeres, prisioneros/as político/as que se encuentran distribuidos/as en más de 140 establecimientos carcelarios, como resultado del conflicto social y armado que en último medio siglo ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas (Cfr. Informe ¡Basta Ya!). Algunos están allí porque se alzaron dignamente en armas, ejerciendo el legítimo derecho a la rebelión para hacer frente a una política de terrorismo estatal que lleva aplicándose en nuestro país hace más de sesenta años. Otros -la gran mayoría- son campesinos(as), estudiantes, amas de casa, obrero(as), defensores(as) de derechos humanos, opositores políticos y líderes sociales que hemos sido víctimas de montajes judiciales. Porque en nuestro país se amenaza, se persigue, se encarcela, se tortura, se desaparece y se asesina a quienes pensamos críticamente.

Un doloroso caso que ilustra esta política es el del sociólogo y ex rector de la Universidad del Magdalena, Alfredo Correa de Andreis quien fuera sindicado de pertenecer a las FARC y de actuar en esta organización bajo el supuesto alias de ‘Eulogio’. Tras varios meses de prisión se le absolvió de todos los cargos siendo asesinado pocas semanas después. En los días que estuvo privado de la libertad el profesor Correa dirigió a usted, señor Uribe, una angustiosa misiva donde le solicitaba: “su intervención directa en este atropello del que mi persona y toda mi familia somos víctimas [….]lo que estoy experimentando, el sufrimiento, la humillación, el sometimiento propio y de mi unidad familiar a este tipo de injusticia, a esta privación de la libertad, a una angustia que se dilata en indagatorias. Quedé perplejo, se me liquidó por completo mi capacidad de asombro frente a unos testimonios en mi contra que no sólo riñen con la verdad, sino que parece obra demencial, fuera de toda lógica y razón humana. Señor Presidente en su condición de Jefe de Estado le pido que intervenga para que afirme mi derecho a la libertad”. Una súplica similar hizo a Usted, señor Belisario, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Alfonso Reyes Echandía cuando en condición de rehén, suplicó que ordenara cesar el fuego e ingresara la Cruz Roja para atender los heridos ¿Acaso, corrieron Ustedes presurosos a atender estas demandas para salvar valiosas vidas humanas entregadas no a actos conspirativos sino a la más excelsa cátedra universitaria?. Hoy sabemos que el asesinato del profesor Correa fue planeado desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un órgano de inteligencia dependiente directamente del ejecutivo.

Lamentablemente los montajes judiciales no ha sido una práctica excepcional, baste recordarles aquí algunos casos como el del sindicalista y docente universitario Jorge Freytter, encarcelado torturado, desaparecido y asesinado por agentes pertenecientes a cuerpos especializados de la policía que actuaron en connivencia con grupos paramilitares; como la socióloga y estudiante de Ciencias Políticas Liliany Patricia Obando, condenada con pruebas ilícitas e ilegales y a quien se negó, en diez ocasiones, su solicitud de casa por cárcel, no obstante ser una madre cabeza de familia de dos menores; como el defensor de Derechos Humanos Carmelo Agámez, quien permaneció cerca de tres años privado de la libertad, perseguido jurídicamente por su labor en favor de las víctimas del Estado; como el profesor David Rabelo condenado a 220 meses de prisión, en un proceso plagado de irregularidades donde se le cobró su compromiso con la defensa de los derechos humanos; como el dirigente sindical de Fensuagro Hubert Ballesteros, quien fuera uno de los más destacados líderes del último paro nacional agrario; como el profesor universitario Francisco Toloza, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica; como el canta autor Carlos Lugo y los líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios, Omar Marín y Jorge Eliécer Gaitán, judicializados por su participación en las movilizaciones estudiantiles contra la privatización de la educación superior. A estos nombres se suman los de Erika Rodríguez y Xiomara Torres, estudiantes de Química de la Universidad Pedagógica Nacional; así como, Cristian David Leiva y Diego Alejandro Ortega, de las Universidades Distrital y del Valle respectivamente, quienes junto al profesor Carlo Alexánder Carrillo, fueron falsamente incriminados en hechos delictivos por un agente de inteligencia militar infiltrado en la comunidad universitaria.

La Lista de Presos(as) Politicos(as) haría interminable esta misiva si en ella incluimos una relación de las torturas, tratos inhumanos, atropellos y arbitrariedades a que han sido sometidos (as) todos(as) ellos(as). Una rápida revisión de los procesos arroja en estos casos: capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; negación del derecho a la presunción de inocencia; descrédito y estigmatización ante los medios de comunicación; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; carrusel de falsos testigos; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado, dilatación indebida del proceso buscando doblegar la voluntad del preso; amenaza y hostigamiento a familiares.

No voy a detenerme en mi caso personal, los intríngulis que han acompañado este montaje judicial los conoce Usted muy bien, señor Uribe, (y también el señor Felipe Calderón que ¡vaya coincidencia! también es firmante de la declaración) porque –como lo manifestó un agente de la inteligencia mexicana pagado por el Estado Colombiano y que rindió su testimonio en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas- “Beltrán era uno de los mayores trofeos de Colombia y México” (Semana.com. mayo 23 de 2011), pues con mi detención se pretendía “demostrar” la supuesta infiltración de las guerrillas en las universidades públicas, a la vez que se buscaba atemorizar a aquellos investigadores que venían abordando el conflicto armado y social colombiano desde una perspectiva crítica. Esto lo corrobora el hecho de que se hayan utilizado mis escritos académicos como indicio de mi supuesta militancia en las FARC. Secuestrado, juzgado con pruebas ilícitas e ilegales como el fantasmagórico computador del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes; privado de la libertad por más de dos años en un pabellón del alta seguridad; absuelto de todos los cargos en primera instancia; estigmatizado por los medios masivos de comunicación como guerrillero; amenazado de muerte y forzado al exilio por dos años junto con mi esposa e hijos; destituido de mi cargo como docente de la Universidad Nacional de Colombia, inhabilitado por 13 años para desempeñar cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, fui condenado el pasado 18 de diciembre por el por el delito de “rebelión”.

El Magistrado Jorge Enrique Vallejo integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá considera en la sustentación de su sentencia que no sólo es rebelde el promotor armado en el conflicto sino que también son “autores del delito quienes hacen parte de la denominada ala política o ideológica”. Pero ¿qué significa en Colombia ser parte del ala política e ideológica de una organización guerrillera?: escribir artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales sobre el conflicto armado y social colombiano con una perspectiva crítica. Interpretación que en su momento hiciera el inquisidor Alejandro Ordoñez –a través de sus procuradores delegados- al emitir los fallos de primera y segunda instancia. Todo parece indicar que estos funcionarios judiciales padecen de una dislexia jurídica que los lleva a confundir divergencia con insurgencia.

La pena que me impuso el mencionado Tribunal por el delito de ejercer mi actividad académica con sentido crítico, es de ocho años y 4 meses (junto a una multa de cuarenta y cinco mil dólares). Esta sentencia resulta mayor a la que individualmente recibieron 12 de los principales jefes paramilitares, a quienes la fiscalía imputa 15 mil víctimas (Semana, 4 de febrero de 2014). Esto gracias a la pena alternativa que otorga la llamada “Ley de Justicia y Paz” y que hoy cubre a figuras como Ramón Isaza, responsable de 1139 víctimas en las que se cuentan 163 desapariciones; “el iguano” quien ordenó cuatro mil asesinatos y 28 masacres; “Botalón” autor de numerosos crímenes contra ancianos y miembros de la Comunidad LGTBI en la zona del Magdalena Medio. Quiere esto decir que en Colombia resulta más peligroso escribir un artículo sustentando que la guerrilla colombiana tiene sus orígenes en la desigual distribución de la tierra, que despedazar cuerpos vivos y mochar cabezas con motosierra, abusar sexualmente de mujeres, desplazar campesinos de sus comunidades para apropiarse de sus fincas, cometer masacres indiscriminadas, eliminar integrantes de la oposición y cometer delitos de lesa humanidad. De nuevo me asalta la pregunta señores ex presidentes: ¿Esta es la justicia que Ustedes reclaman para la hermana república Bolivariana de Venezuela?

Ahora bien, si en algún país de América Latina verdaderamente se cierne un grave peligro sobre la oposición política y social, ese no es otro que Colombia. Las amenazas sistemáticas a sus líderes, los homicidios y masacres selectivas, el hostigamiento a las organizaciones sociales y a las comunidades campesinas, el creciente número de los pesos políticos, constituyen el pan de cada día. Ad portas de las elecciones presidenciales pasadas el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica denunció que en el lapso de dos años de existencia, sesenta de sus integrantes habían sido asesinados o desaparecidos. Esto sin contar sus numerosos líderes que se encuentran en las cárceles colombianas, o bajo amenaza permanente como la Doctora Piedad Córdoba, que valga recordar fue destituida de su cargo de senadora e inhabilitada para desempeñar funciones públicas durante 18 años, en un acto de retaliación por sus activas gestiones en favor de la paz de Colombia. Situaciones similares padecen otros movimientos políticos alternativos.

No son sólo cifras. Las víctimas en Colombia tienen nombres, hijos, hermanos, padres que han cargado de generación en generación con historias de dolor y sufrimiento. Buena parte de ellas han sido condenadas al olvido, como en el caso de los presos políticos y sus familiares que no existen ni siquiera en las estadísticas oficiales, porque en Colombia los gobiernos de turno han negado sistemáticamente la existencia de los mismos. Como olvidar por ejemplo, las cínica declaración del presidente Turbay (1978-1982) cuando ante la prensa internacional expresó que el único preso de conciencia era él, mientras que en la Brigada de Institutos Militares se torturaba a centenares de hombres, mujeres, niños y ancianas, judicializados, con el fin de mostrar resultados positivos en la “lucha contra el terrorismo” (Cfr. Informe de Amnistía Internacional, 1979). Uno de los responsables de estos actos crueles y degradantes fue el general Miguel Vega Uribe –fundador del terrible grupo paramilitar conocido como la Alianza Americana Anticomunista (Triple A)- y quien fuera designado por Usted, señor Belisario, Ministro de Defensa. Si bien desde aquellos lejanos años el número de presos políticos se ha incrementado notablemente, el actual gobierno del presidente Santos insiste en la tesis que en Colombia éstos no existen, impidiendo en reiteradas ocasiones el ingreso de observadores internacionales de Derechos Humanos como denunciara en su momento la Fundación Lazos de Dignidad.

A esta invisibilización han contribuido los medios de comunicación oficiales como Caracol, RCN y El Tiempo que en un característico gesto de solidaridad de clase han dado un gran despliegue publicitario a la actividad de Mitzy Capriles y Lilian Tintores respectivas esposas de los venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López, privados de la libertad por sus actividades golpistas, al mismo tiempo que esconden el drama familiar no digamos de los presos políticos que sería esperar demasiado, sino de los miles de colombianos y colombianas que pagan en las cárceles penas altísimas por delitos comunes (los cuales crecieron al amparo de las políticas neoliberales aplicadas por sus gobiernos). A los medios alternativos de información que tratan de romper este cerco mediático y develar estas realidades ocultas Usted, señor Uribe, los llama “aliados del terrorismo? (El Espectador, septiembre 18 de 2014), porque “terrorista” en nuestro país es todo aquel que denuncia la violación de los derechos humanos

Cierto es que en Colombia, los familiares y amigos que se solidarizan con sus seres queridos presos, tienen que soportar un pesado fardo que altera por completo sus vidas cotidianas, pues apenas si puede distinguirse la delgada frontera que separa la afectación que recibe el procesado, y sus allegados. Estos últimos deben asumir no solo los altos gastos económicos para la defensa de sus parientes sino los vejámenes de que son objeto a la hora de las visitas. Cargas que se tornan aún más duras cuando los procesados son presos políticos pues, lo corriente es que sean privados de su libertad en centros de reclusión alejados del núcleo familiar. A este respecto resulta esclarecedor el testimonio de Blanca Dorelly, madre del estudiante universitario Cristian Leiva, quien lleva más de dos años detenido víctima de un montaje judicial: “Nosotros –relata doña Blanca- vivimos en Bogotá, en la localidad de ciudad Bolívar, y él actualmente se encuentra en la cárcel modelo de Bucaramanga (Santander). Así que apenas lo he podido visitar tres veces. Un viaje hasta la cárcel me cuesta mínimo doscientos mil pesos [80 dólares], regresándome el mismo día. Esto sin contar que hay que llevarle la comida o lo que ellos dejen entrar”. Cabe advertir que esta suma de dinero es equivalente a un poco más de la mitad del salario que recibe mensualmente y con el cual debe contribuir al sostenimiento de otros hijos. Lo más doloroso –continua relatando la madre de Cristian- es que Uno llega con la esperanza de verlo enseguida, pero desde la entrada empiezan las filas que son tremendas, luego tiene que pasar por una cantidad de sitios y someterse a todo tipo de requisas, la comida es minuciosamente esculcada. Son más de dos horas haciendo las filas y el tiempo que uno logra estar con él es apenas dos horas”.

En estas inequidades e injusticias ancla sus raíces el conflicto social y armado colombiano, pero ¿acaso a los políticos de la sociedad del espectáculo les interesa auscultar en las profundidades de este subsuelo? o ¿han preguntado alguna vez qué secretos esconden esos muros de concreto donde los gobernantes de turno, en un acto de prestidigitación, hacen desaparecer los problemas políticos y sociales que ellos mismos generan? Seguro que No. Y si lo hicieran necesitarían la imaginación de un Dante para describir los círculos del infierno carcelario en Colombia: reclusos(as) con enfermedades terminales o heridas de guerra, que agonizan a la espera de recibir atención médica; presos mutilados que son golpeados brutalmente por la guardia; internos(as) que amenazan con suicidio porque no se les permite ver a sus seres queridos; celdas pestilentes donde están recluidos seis o más internos; prisioneros aislados por meses en oscuros calabozos como castigo por liderar movimientos de resistencia civil; centros penitenciarios que carecen de ventilación, agua o luz solar; alimentos en pésimas condiciones higiénicas y en descomposición que hacen parte del menú diario; pacientes psiquiátricos que cohabitan con la demás población carcelaria y que son instrumentalizados por los guardianes para atentar contra la integridad de los presos políticos; reclusos en huelga de hambre que se han cosido la boca para sacudir la indiferencia de la comunidad nacional e internacional que todavía se alimenta del mito que “Colombia es la Democracia más estable del continente”.

Debo decirles que a pesar de estas indignantes condiciones los prisioneros y prisioneras políticas no hemos enterrado la esperanza, seguimos construyendo caminos alternativos, mediante el estudio, la escritura, el trabajo conjunto y la denuncia del oprobioso sistema carcelario, siempre en la perspectiva de rescatar la perspectiva humana, de mantener viva la llama de la utopía, de continuar luchando por una vida digna, junto a los estudiantes, a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes que, también, han levantado sus banderas por su derecho al territorio, al agua, a las semillas, en contra del TLC, de las locomotoras mineras, y de los proyectos de un supuesto progreso que sólo han dejado despojo y desolación en nuestro territorio.

Este es el espíritu libertario que anima estas líneas porque mientras el terror del presidio y los barrotes sea el precio que debamos pagar los colombianos y colombianas insumisos(as) a las “verdades” oficiales; mientras se nos imponga la muerte laboral y política a quienes ejercemos el pensamiento crítico; mientras se nos nieguen las mínimas garantías democráticas conquistadas hace ya más de dos siglos en occidente, tras grandes luchas y esfuerzos, no guardaremos silencio y seguiremos reivindicando la necesidad de una verdadera paz con justicia social para Colombia. Hablo con mi voz y mis palabras, que son las únicas armas que he esgrimido en estos años de compromiso con la investigación y la docencia universitaria, pero también con la certeza que miles de compatriotas, de dentro y fuera de las cárceles, se reconocerán en el sentimiento de “digna rabia” que acompaña esta misiva.

Señores ex presidentes: Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe:

Ustedes son representantes de un régimen bipartidista que en casi dos siglos de excluyente hegemonía ha sido incapaz de dar solución a los graves y profundos problemas sociales que aquejan el pueblo colombiano, y que constituyen las causas objetivas del prolongando conflicto social y armado.

Ustedes encarnan la doble moral de una clase política que habla de “democracia”, pero que ha aplicado de manera sistemática el terrorismo de estado para defender sus más mezquinos intereses.

Ustedes simbolizan la barbarie de una clase política que ha sacrificado el presupuesto de inversión social en educación, salud, vivienda para despilfarrarlo en una guerra que ha dejado grandes ganancias para sus proveedores pero sólo dolor, miseria y destrucción para la gran mayoría de la población.

…Y ahora, pretenden darle lecciones de democracia a un pueblo que libre y autónomamente ha emprendido transformaciones sociales de hondo calado, que hacen de él un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del continente. Si les queda algo de pudor ¡Retiren sus manos de la hermana República de Venezuela!, no sea que terminen como aquel personaje de Gautier que atraído por el amor de Clarimonda, una bella mujer que le seducía desde las profundidades de la muerte, acabó por no distinguir el sueño de la vigilia y olvidar dónde empezaba la realidad y dónde terminaba el deseo.

Con la Dignidad de Siempre (porque el silencio no es una alternativa).

Miguel Ángel Beltrán Villegas. Sociólogo e Historiador. Preso político colombiano. Condenado a ocho años y 4 meses de prisión por el delito de pensar diferente.

¡LA PAZ DE COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL! País Vasco- Euskal Herria, 07-08 y 09 de Abril 2015

LLAMAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL
¡LA PAZ DE COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL!
País Vasco- Euskal Herria, 07-08 y 09 de Abril 2015

El nueve de Abril está incrustado en la memoria social colombiana. Inicialmente como un recuerdo nacional doloroso, ya que conmemora el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán en el año de 1948 a manos de la oligarquía antidemocrática que históricamente ha gobernado el país. Destruyendo así la posibilidad de construcción de un proyecto de gobierno democrático de origen popular, anti bipartidista y anti imperialista. Podemos afirmar, que con su asesinato se afianza el periodo de violencia política que aún no cesa en contra de quienes como Gaitán han buscado una Colombia diferente.

Sin embargo, el nueve de abril se ha reconfigurado y a pesar de su anterior connotación es la fecha simbólica que encarna las luchas del pueblo colombiano, de sus movimientos sociales y fuerzas políticas alternativas en pro de una Colombia en paz con justicia social.  Este nueve de Abril es significativo en el actual contexto de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano, ya que en este momento histórico se aproxima la posibilidad de poner fin al conflicto armado, social y político que vive Colombia desde hace más de 50 años.

Es así, que las colombianas y colombianos en Euskal Herria nos sumamos y replicamos la convocatoria nacional a los movimientos sociales y fuerzas políticas del País Vasco, por medio de las jornadas del nueve de Abril en Bilbao, denominadas “La paz en Colombia es con Justicia Social un espacio de encuentro cuyo objetivo es respaldar la mesa de negociaciones y la movilización en Colombia de los sectores sociales, campesinos, afro descendientes, de mujeres, exiliadas, exiliados y de todas aquellas personas que exigen la justicia social como requisito para construir una paz estable y duradera.

 En las jornadas se desarrollaran las siguientes actividades:

El 7 de Abril, a las 18:30 en la Bolsa, proyectaremos un  documental sobre la implicación de la Multinacional Pacific Rubiales, donde explica la persecución, amenazas y despojo de sus tierras y territorios a nuestras campesinas colombianas, y un Conversatorio: Las Multinacionales en Colombia con Beatriz Plaza del OMAL

El 8 de Abril, a las 19:00 en las Juntas Generales de Bizkaia  Conservatorio  La paz en Colombia y la estabilidad Regional con el exiliado político, antropólogo colombiano Alberto Pinzón Sánchez sobre el último informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Conflicto Colombiano, acompañado de la Cónsul de República Venezuela Yolanda Rojas, y la investigadora social Colombiana Diana Carolina Bustos.

El día 9 de Abril, realizaremos una concentración en el Teatro Arriaga de Bilbo  19,00 horas.

!LA PAZ EN COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL!

 

 

 

 

El silencio no es una alternativa: el pensamiento crítico en Colombia está en peligro

 

 

 

El pasado 9 de Julio de 2014, compartió su historia de vida y lucha académica con nosotros el sociólogo, profesor, en su día exiliado y hoy preso político, Miguel Ángel Beltrán, quien en el recinto de las Aulas de la Experiencia de Bizkaia, coopresentó el libro: “Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero” (Abogado y profesor de la Universidad del Atlántico asesinado en el 28 de Agosto de 2001 por agentes del Estado en connivencia con el Paramilitarismo del Bloque Norte).

Esta obra, que rinde homenaje a la memoria del profesor Freytter y que pretende ser una aportación a la memoria histórica en Colombia, es posible gracias al compromiso y la solidaridad internacionalista vasca para con el Pensamiento Crítico Colombiano que hoy se enfrenta al peligro y la amenaza de la persecución, la estigmatización, la cárcel y la muerte administrativa, proferidas por el Terrorismo de Estado en Colombia.

De hecho, tras su visita por el País Vasco, el profesor Miguel Ángel Beltrán se dirigió a Managua, Nicaragua, convocado a participar en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiante). En el vuelo con escala en Panamá este fue detenido y retenido por más de dos horas, realizándosele un proceso de “inadmisión” por el que fue devuelto a la ciudad de Bogotá, bajo la inspección de agentes de EEUU.

En el 2011 el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación), destituyó e inhabilitó al profesor Beltrán Villegas a 13 años, por considerar que Beltrán Villegas escribía documentos oficiales para la Insurgencia armada de las FARC-EP, finalmente el día 13 de Junio de 2011, un juez de Bogotá lo absolvió de los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y financiación de grupos insurgentes armados. La persecución al Pensamiento Critico no termina ahí, y por si fuera poco, más tarde, el 18 de diciembre de 2014 periódicos e informativos abren con la noticia de que el profesor Miguel Ángel Beltrán fue condenado a más de 8 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de rebelión. Con todo esto, resulta evidente la persecución directa, el ensañamiento contra un intelectual, un pensador y académico colombiano que desde una perspectiva crítica, se atreve a pensar, a reflexionar diferente, en un país donde se suprimen los Derechos del libre ejercicio sindical, libertad de cátedra, libertad de prensa, de asociación. En resumidas cuentas, un Estado que se enfila contra el Pensamiento Crítico.

Reproduzco la intervención del profesor Miguel Ángel Beltrán en el lanzamiento del libro en la ciudad de Bilbao.

(*) Jorge Freytter-Florián es hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado por el Estado Colombiano.  Actualmente trabaja como activista por la Paz de Colombia en el País Vasco y es miembro de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre la Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Miguel Ángel Beltrán Villegas∗

Quiero ante todo saludar a los organizadores, organizadoras y asistentes a esta presentación del libro Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas; se trata de un simbólico acto que nos brinda la oportunidad para convocar la memoria de nuestro colega Jorge Adolfo Freytter, a quien en el día de hoy queremos recordar como el profesor y luchador social que fue en vida y que los verdugos de la palabra pretendieron silenciar con su secuestro, tortura y alevoso crimen. Evocamos la memoria de quienes ya no están presentes físicamente aunque espiritualmente nos sigan acompañando, no porque participemos de un culto fetichista a la nostalgia y al pasado sino, fundamentalmente, porque creemos en el futuro y la esperanza. La memoria -nos lo recuerda la sabiduría de los pueblos ancestrales- es “una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria está muerto”(subcomandante Marcos).

De allí que establecer las estrechas y complejas conexiones entre el pasado y el presente, más que un ejercicio académico, hace parte de las innumerables batallas que libran las clases subalternas en el campo político, jurídico y cultural, en un país como Colombia donde las élites dirigentes han tratado de olvidar, silenciar, ocultar y eliminar aquellos recuerdos que provienen de los sectores excluidos. Precisamente aquí radica la fuerza y trascendencia del libro que hoy presentamos a Ustedes, ya que sus páginas nos hablan de la acción y el pensamiento de un hombre ejemplar, de un verdadero maestro cuyos ideales iluminan y seguirá iluminando el horizonte de las futuras generaciones universitarias; pero también, porque a través de las reflexiones que nos aporta un selecto grupo de colaboradores y colaboradoras que participan en esta obra, se desnudan las raíces del conflicto colombiano, las responsabilidades del Estado en el mismo y las posibilidades de paz en el país. Pensar crítica y colectivamente la realidad es otra forma de trazar caminos de esperanza, para quienes anhelamos cambios profundos en nuestra sociedad.

Hace algo más de un mes que el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC-EP suscribieron en La Habana (Cuba) un documento conjunto donde definen los principios que orientarán la discusión del punto 5 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Allí las partes firmantes hacen un histórico reconocimiento “que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición”. Dicho documento señala en uno de sus numerales que: “Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general”.

Nada más cierto; así lo demuestran las cercanas experiencias de paz vividas en El Salvador y Guatemala, que pusieron fin al agudo conflicto armado interno que estremeció a estas naciones centroamericanas en los años ochenta y comienzo de los noventa: ¿Cómo restablecer, entonces, los estrechos vínculos entre el pasado, el presente y el horizonte de expectativas de una paz futura? ¿Cómo la reconstrucción de la memoria puede convertirse en una garantía para que estos execrables crímenes no sigan repitiéndose? Escapa a esta presentación dar respuesta a estos gruesos interrogantes, no obstante quisiera aprovechar la oportunidad que nos brinda este evento, para reiterar algunas ideas que resultan pertinentes para la recuperación y reconstrucción de la memoria en el campo de la persecución al pensamiento crítico.

Para empezar quisiera señalar que la persecución al pensamiento crítico en las universidades ha tenido expresiones diversas, que contemplan no sólo la promoción y aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de las directivas universitarias conducentes a la sanción y en muchos casos destitución de miembros de la comunidad universitaria; sino también la infiltración de los organismos de inteligencia al campus universitario y la fabricación de montajes judiciales, sin dejar de recurrir a la tortura, la eliminación física y la desaparición de profesores, estudiantes y trabajadores críticos. El crimen de Jorge Freytter encarna dolorosamente estas oprobiosas prácticas: en los días previos a su asesinato el profesor Freytter fue investigado judicialmente bajo una falsa acusación de inasistencia alimentaria; días después se reportó su desaparición y tras ser sometido a tratos crueles e inhumanos fue finalmente asesinado. Este homicidio –como nos lo recuerda el abogado Alirio Uribe en su artículo incluido en este libro que hoy presentamos “se suma a una serie de crímenes que se cometieron contra miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que han manifestado ser opositores de las últimas administraciones y que se caracterizaron por denunciar irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución educativa”(pág. 101)

Hoy, como antes, tenemos suficientes elementos de prueba para afirmar que en estos crímenes han participado agentes del Estado Colombiano, ya sean del ejército, la policía o los organismos de inteligencia, en estrecha connivencia con integrantes de organizaciones paramilitares; complicidad que como bien lo documenta el sacerdote colombiano Javier Giraldo en el libro, cuenta con una larga data en Colombia. Cabe rememorar aquí el crimen cometido hace ya más de treinta años contra el reconocido defensor de presos políticos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, quien fuera asesinado por miembros de los escuadrones del naciente MAS (Muerte a Secuestradores), una de las organizaciones pioneras de los grupos paramilitares, que contó en sus orígenes con el auspicio de narcotraficantes y sectores ligados a las Fuerzas Militares.

Una práctica que ha tenido continuidad en la última década como lo ilustra dramáticamente el más reciente caso del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, acusado falsamente de ser un importante ideólogo de las FARC, y asesinado en septiembre del 2004, poco después de recuperar su libertad. Las pesquisas judiciales llevaron a concluir que se trató de un montaje judicial orquestado desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (organismo de inteligencia dependiente del ejecutivo) que actúo en estrecha conexión con miembros del Bloque Norte de las Autodefensas.

Pese a la contundencia de estos hechos, representantes del Estado e incluso sectores de la misma Academia, han difundido versiones en el sentido que estos crímenes han sido el resultado de “fuerzas oscuras” que pretenden desestabilizar la democracia. Así, en una versión cercana a lo que en Argentina se denominó la “teoría de los dos demonios”, se ha pretendido defender la existencia en Colombia de dos bandos enfrentados, uno y otro igual de violentos y con una misma responsabilidad ante la sociedad cuyo papel ha sido relegado al de simple espectadora para luego ser declarada “víctima”. La difusa conceptualización de “actores armados” en el que se incluye tanto paramilitares (hoy llamadas eufemísticamente “bandas criminales”), fuerzas militares y guerrillas, sin diferenciar sus orígenes, modalidades de acción, objetivos estratégicos, es parte de esta interpretación oficial que, de una u otra forma recoge el reciente informe del centro de Memoria “basta ya”:

“En Colombia, el conflicto armado –afirma el mencionado informe- no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto”.

Frente a esta tesis quisiera señalar –y esta es la segunda idea que me interesa subrayar en esta presentación- es que en Colombia la persecución contra el pensamiento crítico en las universidades no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de una política sistemática de silenciamiento y exterminio de diferentes expresiones de pensamiento crítico en la sociedad, que afecta no solamente a la comunidad académica sino, también, a líderes políticos y sociales, así como a diferentes sectores de la oposición. Con lo anterior queremos hacer explícito la existencia en Colombia de una política estatal que busca garantizar el orden social vigente recurriendo a medios legales y extralegales. No de otro modo se explica la existencia de un gigantesco aparato militar que amparado en doctrinas contrainsurgentes como la “Doctrina de la Seguridad Nacional” han identificado en los movimientos de protesta y resistencia, un “enemigo interno” que debe ser aniquilado.

La otra arista de esta realidad es la actuación de una justicia politizada que -salvo muy raras excepciones- ha fungido como mecanismo de desarticulación de las organizaciones sociales, contribuyendo a la persecución, estigmatización y judicialización de quienes -desde la palabra o desde la acción- han cuestionado las políticas oficiales. Por esta vía se garantiza la impunidad jurídica para los autores de crímenes de lesa humanidad, narco-paramilitares y desfalcadores del erario público que, a lo sumo, purgan leves condenas en cómodos centros de reclusión o guarniciones militares disfrutando de todos los lujos y beneficios que para otro interno sería impensable, mientras a los presos políticos se les aplica una legislación draconiana, y se les recluye en establecimientos penitenciarios que no respetan las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Esta es la condición en que viven los más de 9000 prisioneros y prisioneras políticas del país cuya existencia es negada con vehemencia por los gobiernos de turno.

Capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, principios constitucionales e incluso tratados internacionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del juicio penal, constituyen el denominador común de estos montajes judiciales, que hoy mantienen tras las rejas a numerosos estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas bajo los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir”; en tanto que otros miembros de la comunidad académica han tenido que abandonar el país amenazados por los grupos paramilitares.

Bajo esta perversa lógica numerosos estudiantes como Ómar Marín, Carlos Lugo, Jorge Eliércer Gaitán, Alexis Bueno, Cristian Leyva, Erika Aguirre, Xiomara Torres y profesores como Omar Cómbita y Carlo Carrillo llevan más de treinta meses arbitrariamente privados de la libertad acusados de tener supuestos nexos con la insurgencia armada; Se trata de juicios parcializados con base en el testimonio de personas al servicio del Estado que no tienen ninguna credibilidad, pero que creen que asesinando o encarcelando el pensamiento crítico se logrará cortar de raíz los sueños de quienes queremos una patria más justa y equitativa donde quepamos todos y todas.

De allí la urgente tarea de derrotar los crecientes silencios, señalamientos y autocensura que se han ejercido incluso desde la misma Universidad y algunos sectores de izquierda contra aquellos que asumen el pensamiento crítico. Sin duda, la memoria constituye un instrumento de visibilización y un paso importante en la exigencia de no repetición de estos repudiables hechos; por lo que proyectos como el que hoy estamos presentando a ustedes constituyen un antídoto eficaz para enfrentar el olvido, porque tienen además la virtud de condensar la tenacidad de los familiares que no han cejado en su afán de exigir verdad y reclamar justicia; el compromiso de los analistas críticos de la realidad social y la incansable labor de colectivos e instituciones que han asumido la loable tarea de la defensa de los derechos humanos.
Por ello, no quiero terminar sin agradecer públicamente a todas las organizaciones políticas, sociales y civiles que hacen presencia hoy en este evento de lanzamiento del libro: a la Universidad del País Vasco, a la diputación foral de Gipuzkoa, al movimiento internacionalista de solidaridad del País Vasco, que han contribuido a la materialización de un proyecto que, sin duda, demuestra el importante papel que puede jugar la comunidad internacional en la solidaridad, visibilización, denuncia de estos crímenes de Estado y, sobre todo, como garantía para que en Colombia no vuelvan a repetirse estos horrendos hechos.

(∗) Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político colombiano.

Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas

Publicamos este libro en memoria a Jorge Adolfo Freytter Romero (Santa Marta, 1949 / Carretera Barranquilla-Ciénaga, 2001), profesor en la Universidad del Atlántico y luchador social, que fue secuestrado, torturado y asesinado en agosto de 2001 a manos del paramilitarismo conectado con sectores del aparato estatal colombiano.

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Familiares Palacio de Justicia

“Para nosotros la mejor reparación es que el Estado Colombiano concretamente los militares se sienten y nos cuente la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares”
René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, desaparecida durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985

Uno de los hechos más sobresalientes del fallo de la Corte Interamericana es que ratifica que el Estado colombiano conocía los planes del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia, y el riesgo que pesaba sobre las Altas Cortes y aún así, no adoptó las medidas necesarias, suficientes y oportunas para evitar su ocurrencia, con lo cual faltó a su deber de prevención. En este sentido, la Corte respalda las conclusiones de la Comisión de la Verdad, el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo de Estado quienes ya habían señalado se “abandonó a su suerte la institución judicial” y dejó en situación de desprotección a las víctimas del presente caso que laboraban o se encontraban visitando el Palacio de Justicia.

Declaración final del Festival Por la Paz en Colombia – Memoria y Justicia social

Mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional

Con motivo de la clausura de nuestro Festival, queremos expresar un gran sentimiento de alegría y satisfacción tras constatar que somos muchas y múltiples las voces y las manos que nos sumamos a la voluntad irrefrenable de avanzar hacia un proceso de construcción de la Paz en Colombia.

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