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La construcción de paz en las universidades públicas colombianas en el post-acuerdo: aportes desde el exilio

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero

AJAFR.

1. Conflicto armado, víctimas y pedagogías de la paz

El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeabilizado en todos los sectores sociales. Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados hasta 2012).

La situación del conflicto permanente ha significado un desgaste de todas las instituciones y las administraciones del Estado, de la cual la educación superior es parte. Sin embargo, las conversaciones de paz iniciadas en 2012 en La Habana (Cuba), entre las FARC-EP y el Gobierno; y la fase exploratoria de conversaciones públicas del gobierno con el ELN iniciada este abril de 2016, dibujan un contexto de posibilidad y una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera al conflicto social y armado. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas.

En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ’80 ha surgido un campo de estudios sobre la violencia política, desarrollado por quienes han sido denominados los “Violentólogos”. Estos estudios responden a un ejercicio teórico colectivo, cuyo objetivo es entender y explicar, en última instancia, la larga historia de violencia en el país.

De esta manera, el desarrollo y estímulo de “Pedagogías para la Paz”, se enmarca en un contexto de avances significativos de la negociación para la solución política. Este escenario, dentro de las universidades públicas colombianas, debe significar un salto cualitativo que contribuya al fortalecimiento de los acuerdos que las partes en conversación han firmado. Las universidades públicas deben erigirse como verdaderos agentes que implementen, garanticen y desarrollen el “Acuerdo General para Terminación del Conflicto Colombiano y una Paz Estable y Duradera”. Dentro de ese marco existe un punto específico sobre las víctimas del conflicto y su reconocimiento, que contempla dos apartados: los Derechos Humanos de las Víctimas y  la Verdad. Este es uno de los puntos más relevantes para abordar la problemática sobre la violencia histórica que se ha manifestado en el seno de las universidades públicas colombianas.

El diagnóstico que subyace a la evaluación del daño causado por el conflicto armado a las instituciones universitarias, implica considerar que las amenazas a miembros de la comunidad académica representan actos criminales de enorme trascendencia social y política. Así, exigir silencio bajo amenaza de muerte genera profundas implicaciones personales, y agrede y violenta la esencia de la universidad como institución sociocultural y académica. El uso de la violencia política contra miembros de la comunidad universitaria ha generado profundas rupturas, y ha lesionado el espíritu universitario basado en la libertad de cátedra, la defensa de la vida, la libertad de expresión y la autonomía universitaria. El cuestionamiento del pensamiento crítico a través del uso de la violencia política (evitando el legítimo debate académico), es un fenómeno que continúa desarrollándose en la actualidad, y debe ser desterrado de una vez por todas de las universidades públicas colombianas.

En Colombia se han desarrollado Bancos de Datos de violaciones de Derechos Humanos con más cobertura y precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y testimonios han hecho posible el informe reciente de la “Comisión Histórica del Conflicto y Sus Víctimas”, así como los trabajos del Centro de Memoria Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico, Basta Ya, del año 2013.

La tarea fundamental que se presenta con el Proceso de Construcción de la Paz ante la comunidad universitaria, las instituciones del Estado y ante el conjunto de la sociedad colombiana, es vincular estos esfuerzos de recuperación de la memoria histórica, con la academia, las víctimas y la sociedad civil.

2. Universidades públicas, paramilitarismo y construcción de paz

Las universidades públicas colombianas deben contribuir a la Construcción de la Paz, en un contexto complejo y contradictorio; sin embargo, también nos encontramos ante un escenario de fondo potencialmente fértil para la defensa de los derechos humanos y las Pedagogías para la Paz en las universidades públicas colombianas (un escenario político y social que se abre paulatinamente nunca visto en los últimos 70 años en Colombia).

Con la Ley 975 de 2005 conocida como “Justicia y Paz”, más de 30.000 paramilitares fueron incorporados a la vida civil. En este proceso existieron acreditados elementos de impunidad. De hecho, ya quedó demostrado por la sentencia del 18 de Mayo de 2006 de la Corte Constitucional, que la desmovilización de las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC), no se planteó por el legislador en unos términos transparentes de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En las universidades públicas colombianas, esta Ley 975 normalizó la presencia de ex-paramilitares mediante beneficios para su ingreso en “Programas de capacitación y educación”. Durante los últimos 10 años, miles de paramilitares se han infiltrado en la vida universitaria interviniendo en los espacios democráticos y oponiéndose sistemáticamente al desarrollo del pensamiento crítico, en un país donde la violencia política de baja intensidad es estructural. Las Universidades, hasta la fecha, no disponen de herramientas efectivas mediante las cuales desarrollar Pedagogías para la Paz, procesos de acompañamiento a víctimas del paramilitarismo, o reparación de las violaciones de Derechos Humanos realizadas en sedes universitarias. Miles de víctimas del paramilitarismo, afectadas por la re-victimización que supuso la aprobación de la “Ley de Justicia y Paz”, están viendo cómo los beneficios de la Ley 975 de 2005 en las universidades, son únicamente para el victimario, y no para sus víctimas.

En este contexto, el paramilitarismo ha llevado a cabo una campaña de intervención de baja intensidad en las Universidades Públicas a nivel nacional durante los últimos 10 años. Este fenómeno se ha experimentado con mayor énfasis en universidades públicas como en la Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Córdoba, Universidad de la Guajira, Universidad del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre o la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte y más recientemente, el Gobierno impulsó las “Cátedras para la Paz” amparadas por la Ley 1732 de 2015. Por medio de ésta Ley, se establece la obligatoriedad en todas las instituciones educativas del país de  desarrollar programas con el objetivo de “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica”. Por lo tanto, es un buen momento para incidir en la filosofía y en el contenido de esta Ley; con los objetivos de impulsar la educación para la paz, defender los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos, se debe comenzar a desplegar una hoja de ruta que permita la “Reconstrucción de democracia y Paz” en espacios universitarios.

Por lo tanto, la problemática de la Construcción de la Paz en las universidades públicas debe ser abordada desde una perspectiva que abarque amplios sectores de la sociedad colombiana. Así, uno de los objetivos a medio plazo deberá ser el fortalecimiento de la participación de las víctimas directas y de la comunidad universitaria a través de un diálogo social fluido, que permita la creación de redes para estrechar los vínculos entre víctimas-universidad-sociedad civil.

Es fundamental evitar los procesos de re-victimización en las universidades públicas colombianas. Para ello se deben implementar medidas efectivas que permitan profundizar en la resolución del conflicto: 1) hacer un seguimiento de las múltiples violencias de baja intensidad, que se han desarrollado en las Universidades durante los últimos decenios, en clave de recuperación de la Memoria Histórica; 2) implementar mecanismos de reparación y no repetición para las víctimas de las violencias de motivación política que el Conflicto social y armado ha producido en la comunidad universitaria; y 3) facilitar un acompañamiento internacional que verifique el proceso de paz en las Universidades.

3. Aportes desde el exilio

Desde los y las exiliados-as colombianas en Europa – y creemos que esto es también extensible a las comunidades colombianas que residen acá por motivaciones económico-sociales- consideramos que debemos contribuir a la Construcción de la Paz, haciendo parte activa del momento histórico e ilusionante que atraviesa toda Colombia. Queremos participar defendiendo los derechos humanos y fortaleciendo la educación pública de nuestro país. Para ello es fundamental priorizar la recuperación de la memoria histórica, implementar mecanismos que favorezcan las garantías de no-repetición y apoyar la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia desde el exterior.

El acompañamiento internacional que desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero estamos desarrollando, tiene como objetivo aportar a la Construcción de Paz en las Universidades desde múltiples  ámbitos. Así, consideramos fundamental colaborar para desarrollar, fortalecer y acompañar las iniciativas que tengan como objetivo implementar propuestas concretas en defensa de los derechos humanos, como por ejemplo:

  • Cátedras de Paz en las universidades públicas colombianas.
  • Tribunales de la Verdad dentro de los campus universitarios.
  • Comisiones de Verificación Internacional de los derechos humanos.
  • Foros de participación directa de las víctimas del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado con sus familiares.
  • Homenajes que dignifiquen el buen nombre de mujeres y hombres que dejaron su vida en defensa de la educación pública, el pensamiento crítico y la lucha contra la corrupción dentro de las universidades públicas colombianas.
  • Actividades públicas que reconozcan todas las víctimas y todos los sufrimientos que el conflicto colombiano ha provocado en las universidades.
  • Documentación de los casos para ser puestos de manera jurídica y política en la futura Comisión de la Verdad y Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno paramilitar en Colombia.
  • Centros de la Memoria. Establecer en cada universidad pública donde el paramilitarismo ejecutó a profesores/as, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, trabajadores/as  de estás universidades un Centro de la Memoria donde reposé fotografías, audios, libros, biografías de todos/as las personas que fueron asesinadas.
  • La creación de cupos obligatorios y directos para los hijos-as y nietos-as de los profesores-as y trabajadores-as asesinados, como parte de la reparación y de la garantía de no repetición de estos hechos.

En este 2016, tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil debemos redoblar esfuerzos para fortalecer el papel que han de desempeñar las universidades públicas en la configuración de escenarios de paz. Tanto en Colombia como en el exterior, debemos caminar hacia la regeneración del tejido social dañado por el conflicto armado colombiano. Las universidades públicas son un elemento estratégico para la consolidación de escenarios estables de paz en Colombia: la academia debería de ser un enclave privilegiado desde donde facilitar espacios en los cuales las víctimas, la sociedad civil y el pueblo colombiano participen de forma directa en los múltiples procesos que buscan una solución estable y duradera a siete décadas de conflicto social y armado.

Por lo tanto, las problemáticas a las que la AJAFR pretende aportar sus esfuerzos implican:

  1. Impulsar desde el exterior el fortalecimiento de las universidades públicas colombianas a través de actividades, programas y ejes de intervención por la paz en el ámbito social y académico. Impulsar la Cultura de la Paz y a la defensa de los derechos humanos para Colombia en un marco de reciprocidad social y cultural.
  2. Desarrollar un trabajo en red que permita tender puentes entre las Universidades Públicas Colombianas, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD), Mondragón Unibertsitatea (MU)-,resto de universidades de Estado español; así como entre las Instituciones vascas, españolas y colombianas. Todo ello para contribuir, desde el acompañamiento internacional a la resolución  del Conflicto colombiano.
  3. Señalar, visibilizar y difundir procesos concretos en defensa de los derechos humanos y las “Pedagogías para la Paz”. Es decir, colaborar en la reconstrucción social en clave de reparación, verdad y garantías de no repetición, haciendo partícipes a las sociedades colombiana, vasca y española.

Dichas aportaciones, son mencionadas en el Informe del Viaje a la ciudad de Barranquilla por la Asociación elaborado al respecto en el 2016

Queremos construir una Colombia en Paz, con derechos de la ciudadanía, con justicia social y con reconocimiento y reparación para todas las víctimas del conflicto. Vamos a reconstruir esa Nueva Colombia también desde el exilio, porque muchos-as de nosotros-as queremos tener el derecho a retornar, y para ello necesitamos garantías de no volver a sufrir la violencia política nunca más.

Bilbao, Agosto de 2016

Asociación/Elkartean “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.Latinoamerika-ko indarkeria Politikoa eta bere espezializazioa: Kolonbiako Unibertsitatea Publikoak.

http://www.ascjafr.org ||Twitter: @ascjafr|| info@ascjafr.org 

Informe viaje representación de la Asociación J.A. Freytter Romero a Barranquilla, Colombia, septiembre de 2015

 

 

Bilbao, País Vasco, marzo de 2016

 

Por el presente mensaje les comunicamos que procedemos a adjuntarles el ‘Informe del viaje de la delegación de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero a la Jornada de Memoria Histórica en Homenaje al Profesor Jorge Adolfo Freytter Romero. Universidad del Atlántico (UA), Barranquilla, Colombia, 27 de septiembre a 3 de octubre de 2015’.

En dicho documento exponemos los objetivos y actividades de nuestra Asociación; los fines del traslado de una representación a Barranquilla, destacando la participación en el acto organizado oficialmente por la Universidad del Atlántico (UA) en torno a la figura del profesor y sindicalista mencionado; así como otras actividades efectuadas, entre ellas varias reuniones con profesores, estudiantes y trabajadores de la UA; y con otras entidades como la Defensoría del Pueblo (Regional Atlántico); Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Dirección Territorial Atlántico); y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En este Informe también mostramos nuestra valoración del viaje y las perspectivas abiertas.

Esperamos sea de su interés el Informe. Para cualquier comentario y/o sugerencia, quedamos a su disposición.

Asimismo, estaríamos muy agradecidos si considera oportuna la difusión por sus medios de este Informe.

Reciban nuestros saludos.

Elkartea/Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre violencia política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas

Informe viaje asociación Barranquilla, marzo 2016

Entrevista al antropólogo y médico colombiano Alberto Pinzón Sanchez.

En la presente entrevista el Antropólogo y Médico Alberto Pinzón Sánchez brinda su testimonio entorno a varios aspectos que se consideran importante a la hora de caracterizar el conflicto social y armado colombiano, como son: el paramilitarismo, pensamiento crítico y universidades, democracia y violencia política. Todo estos elementos abarca lo que verismo demostrando en base a nuestras hipótesis; la persecución política al Pensamiento Crítico Colombiano. En su momento el Antropólogo Pinzón Sánchez fue miembro de la Comisión de Notable en el Proceso de Paz anterior entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, Comisión, que suministró soportes y asesoramiento a las dos partes para buscar la solución política al conflicto colombiano en el Gobierno de Andrés Pastrana.

BLOQUE A: CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO, PARAMILITARISMO.
1) ¿Usted considera que el paramilitarismo será un obstáculo para la concreción en el Post Acuerdo?
Desde Luego. Como lo ha señalado en varias oportunidades la delegación de plenipotenciarios de las FARC-Ep en la mesa de paz de la Habana, la persistencia de la estructura Narco-paramilitar del Estado más allá de un (eventual) acuerdo final para la terminación del conflicto colombiano, será un gravísimo obstáculo en la concreción de su objetivo final cual es la construcción de una paz sostenible y duradera.
2) ¿Qué intereses económicos puede encontrar el paramilitarismo en las Universidades Públicas?
En el momento no conozco los presupuestos económicos y financieros de la Universidades Públicas colombianas, pero más allá de un interés puramente económico de apoderarse de estos recursos oficiales y de su distribución dentro de su clientela de profesores y administradores adscriptos, está el hecho político de dominar y hegemonizar la enseñanza superior universitaria de Colombia en favor de unos claros intereses contrainsurgentes que dominan la política del Estado colombiano desde comienzos de la guerra contrainsurgente a comienzos de la década del 60 del siglo pasado.
3) ¿En qué Universidades el paramilitarismo elegía, captaba, respaldaba las administraciones universitarias?
La toma de universidades públicas por el narcoparmilitarismo fue una estrategia de la guerra contrainsurgente “de dominar la mente y los corazones de los colombianos” y de “quitarle el agua al Pez” que abarcó desde el inicio de la guerra contrainsurgente todo el país. Sin embargo, fue en las zonas que ellos mismos señalaron como “rojas” o de influencia de las organizaciones Insurgentes como las Costa Caribe, el altiplano y valle del rio Cauca, el eje cafetero y el oriente colombiano, donde se hizo más cruel y evidente.
4) ¿Creé qué puede demostrarse que el paramilitarismo adelanta una política de persecución, también en el conjunto del Estado Colombiano?
No solo puede demostrarse, sino que numerosos estudios y documentos serios y muy bien elaborados de multiples organizaciones independientes, así lo han demostrado fehacientemente.
5) ¿Qué relación tiene el proyecto neoliberal con el modelo paramilitar y su irrupción en las universidades?
Es una verdad sociológica, política, económica y académica, que el neoliberalismo es intrínsecamente autoritario, y también constituye una verdad grabada con sangre ; que la implementación del llamado neoliberalismo de los “Chicago Boy´s”, se inició en America Latina el 11 S de 1973, con el golpe militar dado en Chile por la dupla gobernante en EEUU Nixon- Kissinger, la CIA y la compañía multinacional ITT, derrocando al presidente socialista legítimo Salvador Allende e instaurando la dictadura fascista de Pinochet. Desde ese momento, durante décadas y hasta ahora ya sin máscaras, ha mostrado de manera cínica en el conjunto de todas las sociedades del continente americano, incluidas obviamente las universidades, su rostro autoritario y sanguinario de la doctrina de la Seguridad Nacional.
BLOQUE B: PENSAMIENTO CRÍTICO Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS
1) ¿Qué ha significado la mercantilización de la educación, proliferación de amenazas, extorsiones y secuestros a miembros de la comunidad universitaria?
Fuera de los beneficios políticos y hegemónicos contrainsurgentes del Estado Colombiano y su clase dominante y dirigente, durante todos estos años de guerra contrainsurgente se ha hecho evidente la eliminación paciente y el exterminio de los académicos críticos e independientes, junto con la degradación intelectual, académica y ética de la llamada comunidad universitaria; su mediocridad, su silencio cómplice (con muy contadas excepciones), su conformismo y servilismo acríticos que han hecho carrera dentro de la intelectualidad y la cultura colombiana, agregando un elemento más a la crisis general de toda la sociedad colombiana.
2) ¿Por qué se configura una política sistemática de persecución a los docentes colombianos?
No fue con todos los docentes colombianos, aclaro, que se adelantó una política sistemática de persecución. Fue y ha sido, una persecución hasta la muerte y el exterminio contra quienes el bloque de poder contrainsurgente y sus mal llamados aparatos de Inteligencia denominaron “enemigos internos”. Los arribistas, conformistas y escaladores sociales, muchos de ellos provenientes de las clases subalternas, escalaron posiciones de responsabilidad académica y gobierno.
3) ¿Qué nos puede permitir identificar estas persecuciones?
Todas esas persecuciones y exterminios son precisamente el objeto de precisión de una Comisión de la Verdad como la que a fines de 2015 se pactó, en el punto quinto de la actual Agenda de la Habana.
4) El Informe especial de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se aborda la noción de Bloque de Poder Contrainsurgente en Colombia- BPCi- puntualice el desarrollo de sus acciones en las Universidades Públicas.
El concepto de Bloque de Poder Contrainsurgente dominante en Colombia BPCI y que fue retomado en varios de los informes de la Comisión Histórica del conflicto que Ud menciona; es un concepto científico y académico muy serio, elaborado por Vilma Liliana Franco Restrepo, una investigadora crítica y docente independiente antioqueña, quien dio a conocer y desarrolló dicho concepto en su muy sustentado y enjundioso libro titulado “Orden contrainsurgente y dominación. Bogotá. Instituto Popular de Capacitación-Siglo del Hombre. Editores, 2009,567 pp. Ahora bien, para puntualizar las incontables acciones que este aparato de Poder y Hegemonía ha realizado durante casi 70 años de guerra contrainsurgente en Colombia, tal y como lo digo en la respuesta anterior se requerirá del informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto colombiano y de los informes complementarios que para tal efecto se produzcan durante el periodo de transición del post acuerdo.
5) ¿Cuál será el papel de las universidades en este nuevo contexto de cambiar el relato de la violencia política vivida en 60 años de conflicto?
Indudablemente el sector universitario, especialmente público y en menor medida el privado, deberán jugar un papel fundamental en la aclaración científica y verdadera tanto histórica como política, económica, jurídica, ect, de los 70 años vividos en Colombia de guerra contrainsurgente llamada también conflicto histórico interno, social y armado de Colombia.

BLOQUE C: DEMOCRACIA Y VIOLENCIA POLÍTICA

1) ¿Cuál será el papel de los Movimientos Sociales y Políticos en la construcción de la Democracia en Colombia?
Sin la movilización social y popular amplia, unitaria y consiente, no habrá Democracia verdadera en Colombia
2) ¿Los gobiernos universitarios son Democráticos?
¡Dudo! Porque como decía el filósofo Carlos Gardel, “en la duda está el saber”.
3) ¿Cuáles son las deficiencias del modelo Democrático colombiano?
Todas las deficiencias de ilegitimidad e ilegalidad que han dejado 70 años de guerra contrainsurgente en Colombia.
4) ¿Se impide en la Democracia colombiana, la investigación, la denuncia y el trabajo académico y político?.
No solo se impide. Se le persigue y se le extermina.
5) ¿Qué ha pasado con los docentes orgánicos y críticos que se oponen a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos en Colombia?
Lo que no fueron exterminados y milagrosamente han sobrevivido están pudriéndose en alguna mazmorra del régimen, como por ejemplo y para citar un solo caso, Miguel Ángel Beltrán.
6) ¿El Estado Colombiano es irresponsable en el respeto de los Derechos Humanos y laborales de los docentes?.
No solo irresponsable, sino negligente e indolente.
7) ¿Quiénes a su consideración deben de participar en la formulación, seguimiento, evaluación y (re) formulación de estos mecanismos de Educación y Paz?
Considero que la nueva política educativa y de paz o para la Paz, debe ser (sobre todo en el sector de la educación pública) fruto de un gran acuerdo nacional en el que estén involucrados todos los colombianos que de alguna u otra manera tienen alguna relación con la educación pública en Colombia.

REF: REQUERIMIENTO DE AUDIENCIAS CON LA MESA DE CONVERSACIONES DE COLOMBIA EN LA HABANA, CUBA, POR PARTE DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL VASCA.

Bilbao, Enero 18 de 2016,

Estimado señores/as

DE LA CALLE, Humberto
Jefe de la delegación del Gobierno Colombia.

MARQUEZ Iván
Jefe de la delegación de la FARC-EP

 

A la atención de los Países Garantes: Gobierno del Reino de Noruega; y Gobierno de la República de Cuba.

A la atención de los Países Acompañantes: Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; y Gobierno de la República de Chile.

Cc: JARAMILLO CARO, Jaramillo
Alto Comisionado para la Paz.

Embajada de la República de Cuba en España

Embajada del Reino de Noruega en España

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España

Embajada de la República de Chile en España

REF: REQUERIMIENTO DE AUDIENCIAS CON LA MESA DE CONVERSACIONES DE COLOMBIA EN LA HABANA, CUBA, POR PARTE DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL VASCA.

 

La “Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas” sita en Bilbao, España, e inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, con número de registro G-95678561; surge como expresión de la Memoria Histórica de la figura del profesor, abogado y sindicalista de la Universidad del Atlántico: Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado en el 2001 por grupos paramilitares. Trabajamos en la reivindicación y la exigencia de la Verdad, Dignidad y Justicia, Reparación y la No Repetición de estas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia.

Entre los fines de esta Asociación se encuentran:

  1. Recuperación de la Memoria Histórica
  2. Estudio y análisis de la Violencia Política en Colombia
  • Análisis de las Migraciones, Refugio y exilio en Colombia, Estado Español, América Latina y Europa.
  1. Vinculación de la Cooperación Internacional con las zonas de conflicto desde un enfoque Derechos Humanos
  2. Divulgación y sensibilización sobre los resultados de las investigaciones.

La Asociación está integrada por personalidades de la sociedad Vasca, como profesores/as, abogados/as, investigadores/as sociales, así como colombianos y colombianas que trabajan por la Paz y la solidaridad entre los pueblos. Además, cuenta con el respaldo y el apoyo de una amplia red de académicos, intelectuales en el continente europeo y en América Latina.

Por tanto, teniendo presentes las funciones y atribuciones de atender y reparar integralmente a las víctimas, para contribuir a la inclusión social y a la paz. Reconociendo la necesidad de acercar a las víctimas que se encuentran en el exilio político, mediante coordinación y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en el exterior en su proceso de ser escuchadas, reconocidas, reparadas; así como vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional – en nuestro caso al País Vasco- en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto colombiano, de igual forma, comprendiendo los mecanismo de participación y el mismo reconocimiento que ustedes le hacen a las Víctimas en el Exterior (refugiados/as y exiliados/as) en el Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto Social y Armado- “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre los Derechos Humanos.

Desde esta asociación solicitamos a las partes en conversación y los países garantes:

1)     Acepten por parte de nuestra Asociación la presentación formal en audiencia ante la Delegación del Gobierno colombiano y las FARC-EP -bien conjuntamente o por separado- del crimen del Profesor Freytter Romero. Deseamos trasladarles las sentencias que existen sobre el mismo, tanto a nivel nacional como internacional (Resoluciones de la CIDH); y tratar el caso como un referente notable de la violencia política en la universidades públicas colombianas.

2)     Entrega del Informe de la visita efectuada por dos representantes de la Asociación en septiembre de 2015 a Barranquilla, para participar en el acto organizado por la Universidad del Atlántico en memoria del profesor J.A. Freytter Romero; y mantener reuniones con diversas entidades

3)     Entrega del libro colectivo Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas, coordinador por Alexander Ugalde Zubiri y Jorge Freytter-Florián y editado por la Universidad del País Vasco.

4)     Inclusión de esta asociación como agente activo y participe en el diseño de programas y políticas públicas destinadas a la reparación de las víctimas individuales y colectivas. Específicamente, para el acompañamiento internacional de las próximas fases de las Conversaciones de Paz.

 

 

5) Finalmente, como medida de justicia y reparación, solicitamos que el caso Freytter Romero sea admitido como caso de referencia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, de la misma manera formalizar unas candidaturas a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Sin otro cometido por el momento, quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Reciban de antemano un cordial saludo de todo nuestro equipo.

Firmas que apoyan la carta:

Dr. Alexander Ugalde Zubiri – Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco.

Dr. Juan Hernández Zubizarreta – Profesor en Derecho en la Universidad del País Vasco

Paúl Ríos – Abogado . Activista por la Paz y los Derechos Humanos en el País Vasco. Antes coordinador de Lokarri.

Marisela Galindo O. – Politóloga por parte de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Secretaría Técnica de la Asociación.

Alberto Pinzón Sánchez – Médico y Antropólogo, ensayista colombiano. Exiliado Político en Europa.

Jorge Freytter-Florián- Exiliado político colombiano en el País Vasco, hijo del profesor Freytter Romero, cofundador de la Asociación y estudiante de último año de Ciencias Políticas y Gestión Pública por parte de la Universidad del País Vasco.

REF: PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. CASO UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS.

Estimados(as) Señores (as),

Mesa de conversaciones, La Habana, Cuba: Delegación de Paz del Gobierno Nacional Colombiano y Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Universidad Nacional de Colombia.

País Vasco, 07 de Julio 2015

REF: PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. CASO UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS. 

 

Desde nuestra Asociación “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudio sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad; Universidades Públicas Colombianas, dentro de nuestras investigaciones del análisis y estudios de la Violencia Política en Colombia y la defensa de los Derechos Humanos, saludamos los esfuerzos de las partes en reafirmar la Paz de Colombia  a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, instrumento que desde mucho tiempo, como víctimas de terror del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado, ya habíamos interpelado la exigencia de una “Comisión de la Verdad”.  Desde nuestra Asociación acompañamos este nuevo proceso de significación para las víctimas, y exilio político Colombiano. De igual forma, queremos resaltar algunos aspectos importantes para consideración muy respetuosa de esta Comisión:

  1. Las situaciones de profesores/as, estudiantes, trabajadores/as de las Universidades Públicas Colombianas, afrontan la persecución paramilitar, el Terror de las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado Colombiano. Véase: Departamento Administrativo de Seguridad – DAS- DIJIN, GAULA, el Ejercito y Policía Nacional.
  1. Decimos que nos preocupa, lo sucedido en la Universidad del Atlántico en el periodo 1998 / 2003 en el que acontecieron los crímenes selectivos a profesores/as, estudiantes, líderes /as sindicales y trabajadores/as.
  1. Solicitamos un legítimo proceso de investigación de los asesinatos ocurrido en la Universidad del Atlántico, de profesores/as, sindicalistas y estudiantes, como en los sucesivos casos: Reynaldo Serna, Humberto Contreras, Jorge Adolfo Freytter Romero, Lisandro Vargas, Alfredo Marín Castro Haydar, Raúl Peña Robles, Demetrio Castro, Gustavo De Silvestre Saade, Paola Melo Mejía, Andrea Valero Jiménez, asesinatos sistemáticos, con montajes judiciales y seguidillas por parte del Estado en medio de altas irregularidades administrativas que sacrifican a la Universidad del Atlántico.
  1. Solicitamos una revisión de la situación de diferentes Universidades Públicas: Universidad Nacional, Universidad de Córdoba, del Magdalena, Guajira, Cesar, donde muchos casos quedan relegados por los Tribunales de Justicia Colombianos sin ningún proceso de Verdad,  Justicia, Reparación y Memoria Histórica.
  1. Todavía existen las denominas “células durmientes” del paramilitarismo en diferentes Universidades públicas Colombianas.

Exigimos reconstruir la Memoria Histórica de lo sucedido en estos casos atroces que siguen ocurriendo en las Universidades Públicas Colombianas, debe ser efectivo que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición, así mismo como lo expresa el Informe:

“.. Satisfaga los derechos de las Víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la Paz..”.- Y dedicarle un apartado de su misión a las Universidades Públicas Colombianas, recolectar los casos más olvidados y documentarlos para la reconstrucción de la Memoria Histórica de Conflictos Social y Armado. El Estado Colombiano debe buscar más mecanismos de Políticas Públicas para las Universidades, ir desenmascarando la impunidad y la irregularidad administrativa que avalo el accionar paramilitar.

La Asociación hace un llamado  para que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad , la Convivencia y la No Repetición tenga en observación estos casos, de conformidad con el Informe público, nos adherimos para aportar como organización de Colombianos y Colombianas residentes en el País Vasco y en condición de exiliados/as el respaldo institucional, asesoramiento y nuestra participación activa en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Finalmente nuestro aportación al punto (5) en las Conversaciones de Paz es la salida de la obra

“ Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En memoria del profesor Jorge Freytter Romero” siendo un texto e instrumento de estudio favorable al reconocimiento de la Memoria Histórica de nuestro futuro y presente en Colombia.

Afablemente,

Fdo.:Asociación “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.

http://www.ascjafr.org

asociacion@ascjafr.org

Twitter: @ascjafr

1. http://www.ascjafr.org
2. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  que ha decidido declarar el caso del Profesor y Sindicalista Freytter Romero y su admisibilidad en relación a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 21 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; los artículos 1,6 y 8  de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 1. b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas.
3.  Alexander Ugalde Zubiri y Jorge Freytter-Florián (coord.) (UPV/EHU, 2014) http://omal.info/spip.php?article6468

Lanzamiento del libro “La universidad de la ignorancia” de Renán Vega

La universidad de la ignorancia. Capitalismo académico y mercantilización de la educación superior se ocupa de estudiar la producción, consumo y adoración de un tipo específico de mercancía, «la educación», que se vende en diversos empaques y envolturas, como se ofrece cualquier mercancía de uso corriente —salchichas, papas fritas, automóviles, detergentes…

Mediante un análisis profundo que privilegia la crítica de la economía política, así como la consulta de textos de múltiples procedencia y género —sitios web, periódicos, ensayos, entrevistas—, Renán Vega Cantor arroja nuevas luces no solo sobre las causas, sino también sobre las consecuencias que supone la transformación de la universidad pública en una entidad mercantil, es decir, en una universidad de la ignorancia.

Sobre el autor

Renán Vega Cantor

: Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de América Latina. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Gente muy Rebelde (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad. Entre sus últimos trabajos podemos mencionar: Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra: El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo (2010). La República Bolivariana de Venezuela le entregó en 2008 el Premio Libertador por su obra Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar. Dirige la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo). Es integrante del Consejo Asesor de la Revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus trabajos.

Introducción del libro “La universidad de la ignorancia. Capitalismo académico y mercantilización de la educación superior”, de Renán Vega Cantor

El capitalismo busca convertir la universidad en sumisa, consumista y de derechas
(29-04-2015)

 

Las AUC asesinaron a profesores y estudiantes de la Costa a los que señalaban de tener presuntos vínculos con grupos subversivos. En el Atlántico fueron 19 víctimas.

“La danza de la muerte en las universidades públicas”

 

Desde 1996 hasta 2003 la intromisión del paramilitarismo en las universidades del Atlántico, Magdalena, Córdoba y Cesar dejó una estela de sangre, muerte y dolor que aún permanece intacta en el recuerdo de compañeros, familiares de las víctimas y en la sociedad.

Esta etapa, denominada como “la danza de la muerte”  por el profesor Walberto Torres Mármol, presidente de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad del Atlántico, Aspu, cobró la vida de 17 profesores y 20 estudiantes en toda la Costa.

En la Universidad del Atlántico fueron asesinados 8 profesores y 11 estudiantes, en la del Magdalena perdieron la vida 2 docentes y un estudiante; en la Universidad de Córdoba fueron asesinados 5 estudiantes e igual número de profesores, mientras que en la Universidad Popular del Cesar 2 profesores y 3 estudiantes fueron asesinados.

Precisamente esta semana en audiencias de priorización que se realizaron en el marco de la ley de Justicia y Paz, la fiscal Zeneida López imputó dos homicidios de profesores de la Universidad del Atlántico a los exparamilitares Hernán Giraldo Serna, alias el patrón, otrora jefe del frente Resistencia Tayrona de las AUC, y Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias el Flaco, ambos presos en Estados Unidos.

La imputación en contra de Giraldo Serna se hizo en calidad de autor mediato, en tanto que a Vengoechea Mola le fueron imputados los homicidios como coautor de los mismos.

El homicidio del profesor Alfredo Martín Castro Haydar, de 46 años, y quien había ocupado el cargo de vicerrector del Bienestar Social de la Universidad del Atlántico, ocurrió el 5 de octubre de 2000. El docente fue asesinado frente a su esposa y una hija cuando regresaba a su casa.

El 26 de agosto de 2000 cuatro balas segaron la vida del también profesor y abogado Luis Meza Almanza, luego de haber salido de una reunión con profesores y estudiantes pertenecientes a la institución educativa.

Vengoechea Mola fue condenado a 25 años de prisión por un juzgado en Barranquilla, señalado de haber participado en los asesinatos de los docentes.

Las hipótesis. En versiones libres realizadas con anterioridad, Hernán Giraldo indicó que las muertes fueron ordenadas debido a que los profesores tenían presuntos vínculos con grupos subversivos, en este caso del ELN.

Empero, directivas sindicales de la universidad informaron en su momento que los asesinatos fueron cometidos debido a que las víctimas habían denunciado presuntos malos manejos administrativos y financieros al interior de la alma máter. Castro y Meza habían sido también sindicalistas y se les conocía por sus posiciones de izquierda.

El mismo planteamiento coincide con el  del docente Walberto Torres. De acuerdo con el sindicalista, un grupo de profesores y estudiantes se convirtió en veedor del manejo y la  transparencia de los dineros que, por concepto de contratos, ingresaban a la Universidad del Atlántico.

Con la información recopilada con base en investigaciones, dijo Torres, realizaron las denuncias ante los organismos de control sobre todas las irregularidades que según ellos,  percibían del manejo de los recursos que se debían destinar a la educación.

Una de las irregularidades encontradas por el grupo veedor fue el de las pensiones que, según Torres, “es uno de los problemas candentes que aún  persiste en la universidad”.

De acuerdo con el profesor Torres, “en el manejo del fondo de pensiones de la universidad se perdieron más de 156 mil millones de pesos”, los cuales fueron destinados para presuntamente cubrir auxilios, aniversarios y eventos internacionales.

A raíz de esas denuncias, según información de los exparamilitares, hoy postulados a Justicia y Paz, algunos profesores y estudiantes fueron señalados de ser colaboradores de la guerrilla, por lo que sus nombres aparecieron en unos pasquines que fueron repartidos dentro de la universidad.

El frente José Pablo Díaz. En versiones rendidas ante fiscales de Justicia y Paz los desmovilizados han reconocido que se trató de un plan orquestado por la estructura del paramilitarismo para tener el control de todas las universidades públicas, especialmente de la región Caribe.

Johnny Acosta Garizábalo, alias 28, exmiembro del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, dijo ante un fiscal que el ingreso a la Universidad del Atlántico se dio a través de un paramilitar que infiltraron, con el consentimiento de las directivas de ese momento.

Otro profesor de la Universidad del Atlántico que fue víctima del frente José Pablo Díaz fue Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado el 28 de agosto de 2001. Su cuerpo fue hallado en el kilómetro 12 en la vía que conduce a Ciénaga, Magdalena. Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, quien confesó el homicidio, dijo que a Freytter Romero lo asfixiaron con una bolsa.

El listado de muertes lo conforman los profesores Carlos Rivera Riveros, Lizandro Vargas Zapata, Raúl Peña Robles, Demetrio Castro y Gustavo De Silvestre Saade, este último confesado por Johnny Acosta Garizábalo, alias 28.

Los estudiantes de la Universidad del Atlántico que fueron asesinados por defender también los intereses de la alma máter fueron Andrea Valero Jiménez, Yesid Álvarez Mercado, Jairo Puello Polo, Alexánder Acuña, José Luis Martínez, Omar Caro Guevara, Paola Melo Mejía, William José Orozco Payares, Adolfo Altamar, Humberto Contreras y Reinaldo Serna.

“A esta tragedia hay que sumarle el grupo de profesores, estudiantes y sus familiares que tuvieron que irse de la ciudad y del país, fueron desplazados por los violentos”, asegura Walberto Torres.

 

Universidad de Córdoba. A raíz del perdón que pidió esta semana a sus víctimas de Córdoba, Salvatore Mancuso se refirió al accionar criminal de las Autodefensas en la Universidad de Córdoba.

El exjefe paramilitar pidió perdón y reconoció el daño que le hizo a la institución educativa por las muertes cometidas. El baño de sangre se inició en enero de 1995 con el asesinato del profesor Francisco Aguilar Madera. Un año después, en julio de 1996, fue asesinado su compañero José Alberto Alzate Patiño.

El 12 de mayo de 2000 fue asesinado el profesor de Agronomía Hugo Iguarán Cote; también perdieron la vida sus colegas James Antonio Pérez Chimá, registrado el 10 de abril de 2000, y Misael Arsenio Díaz Ursula, ocurrido el 26 de mayo de 1998.

Los estudiantes asesinados durante esa época fueron Francisco José Ayazo Gómez, ocurrido el 5 de enero de 2000; Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de Ciencias Sociales, cometido el 18 de marzo de 2000; Sheyla María Olascoaga Quintero, Nelson Narváez Romero y Merly María De la Ossa, quien contaba con cinco meses de embarazo, ocurrido el 22 de mayo del mismo año.

Todos estos asesinatos fueron confesados por Salvatore Mancuso en audiencias de versión libre.

Miguel Ángel Vargas Zapata, Luis José Mendoza Manjarrés, profesores de la Universidad Popular del Cesar fueron asesinados junto a los estudiantes Elizabeth Córdoba Uliana, José Cuello Salcedo, Rosilda Arias Vásquez.

La fiscal Zeneida López señaló que las universidades afectadas por el accionar de las autodefensas están reconocidas como víctimas por el Gobierno, por lo que cada una ha constituido  un comité de Derechos Humanos, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Asesinatos en la Unimag

En versiones libres realizadas en 2007, Hernán Giraldo reconoció el asesinato del estudiante de Economía de la Universidad del Magdalena Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido el 26 de mayo de 2000 en Santa Marta, cuando departía con un hermano. Alias el Taladro también aceptó el homicidio del Vicerrector de la institución educativa, Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001, y el del decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el 5 de septiembre de 2002. Por el homicidio de Hugo Maduro, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión impuesta por el Juzgado Especializado de Santa Marta, contra el exparamilitar Helmer Sait Hincapié de la Cruz, del Bloque Norte de las Autodefensas.

Por: WILLIAM COLINA PÁEZ

Incluye ponencia del profesor Miguel Ángel Beltrán El silencio no es una alternativa: el pensamiento crítico en Colombia está en peligro

Incluye ponencia del profesor Miguel Ángel Beltrán
El silencio no es una alternativa: el pensamiento crítico en Colombia está en peligro

 

 

 

El pasado 9 de Julio de 2014, compartió su historia de vida y lucha académica con nosotros el sociólogo, profesor, en su día exiliado y hoy preso político, Miguel Ángel Beltrán, quien en el recinto de las Aulas de la Experiencia de Bizkaia, coopresentó el libro: “Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero” (Abogado y profesor de la Universidad del Atlántico asesinado en el 28 de Agosto de 2001 por agentes del Estado en connivencia con el Paramilitarismo del Bloque Norte).

Esta obra, que rinde homenaje a la memoria del profesor Freytter y que pretende ser una aportación a la memoria histórica en Colombia, es posible gracias al compromiso y la solidaridad internacionalista vasca para con el Pensamiento Crítico Colombiano que hoy se enfrenta al peligro y la amenaza de la persecución, la estigmatización, la cárcel y la muerte administrativa, proferidas por el Terrorismo de Estado en Colombia.

De hecho, tras su visita por el País Vasco, el profesor Miguel Ángel Beltrán se dirigió a Managua, Nicaragua, convocado a participar en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiante). En el vuelo con escala en Panamá este fue detenido y retenido por más de dos horas, realizándosele un proceso de “inadmisión” por el que fue devuelto a la ciudad de Bogotá, bajo la inspección de agentes de EEUU.

En el 2011 el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación), destituyó e inhabilitó al profesor Beltrán Villegas a 13 años, por considerar que Beltrán Villegas escribía documentos oficiales para la Insurgencia armada de las FARC-EP, finalmente el día 13 de Junio de 2011, un juez de Bogotá lo absolvió de los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y financiación de grupos insurgentes armados. La persecución al Pensamiento Critico no termina ahí, y por si fuera poco, más tarde, el 18 de diciembre de 2014 periódicos e informativos abren con la noticia de que el profesor Miguel Ángel Beltrán fue condenado a más de 8 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de rebelión. Con todo esto, resulta evidente la persecución directa, el ensañamiento contra un intelectual, un pensador y académico colombiano que desde una perspectiva crítica, se atreve a pensar, a reflexionar diferente, en un país donde se suprimen los Derechos del libre ejercicio sindical, libertad de cátedra, libertad de prensa, de asociación. En resumidas cuentas, un Estado que se enfila contra el Pensamiento Crítico.

Reproduzco la intervención del profesor Miguel Ángel Beltrán en el lanzamiento del libro en la ciudad de Bilbao.

(*) Jorge Freytter-Florián es hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado por el Estado Colombiano.  Actualmente trabaja como activista por la Paz de Colombia en el País Vasco y es miembro de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre la Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Miguel Ángel Beltrán Villegas∗

Quiero ante todo saludar a los organizadores, organizadoras y asistentes a esta presentación del libro Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas; se trata de un simbólico acto que nos brinda la oportunidad para convocar la memoria de nuestro colega Jorge Adolfo Freytter, a quien en el día de hoy queremos recordar como el profesor y luchador social que fue en vida y que los verdugos de la palabra pretendieron silenciar con su secuestro, tortura y alevoso crimen. Evocamos la memoria de quienes ya no están presentes físicamente aunque espiritualmente nos sigan acompañando, no porque participemos de un culto fetichista a la nostalgia y al pasado sino, fundamentalmente, porque creemos en el futuro y la esperanza. La memoria -nos lo recuerda la sabiduría de los pueblos ancestrales- es “una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria está muerto”(subcomandante Marcos).

De allí que establecer las estrechas y complejas conexiones entre el pasado y el presente, más que un ejercicio académico, hace parte de las innumerables batallas que libran las clases subalternas en el campo político, jurídico y cultural, en un país como Colombia donde las élites dirigentes han tratado de olvidar, silenciar, ocultar y eliminar aquellos recuerdos que provienen de los sectores excluidos. Precisamente aquí radica la fuerza y trascendencia del libro que hoy presentamos a Ustedes, ya que sus páginas nos hablan de la acción y el pensamiento de un hombre ejemplar, de un verdadero maestro cuyos ideales iluminan y seguirá iluminando el horizonte de las futuras generaciones universitarias; pero también, porque a través de las reflexiones que nos aporta un selecto grupo de colaboradores y colaboradoras que participan en esta obra, se desnudan las raíces del conflicto colombiano, las responsabilidades del Estado en el mismo y las posibilidades de paz en el país. Pensar crítica y colectivamente la realidad es otra forma de trazar caminos de esperanza, para quienes anhelamos cambios profundos en nuestra sociedad.

Hace algo más de un mes que el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC-EP suscribieron en La Habana (Cuba) un documento conjunto donde definen los principios que orientarán la discusión del punto 5 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Allí las partes firmantes hacen un histórico reconocimiento “que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición”. Dicho documento señala en uno de sus numerales que: “Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general”.

Nada más cierto; así lo demuestran las cercanas experiencias de paz vividas en El Salvador y Guatemala, que pusieron fin al agudo conflicto armado interno que estremeció a estas naciones centroamericanas en los años ochenta y comienzo de los noventa: ¿Cómo restablecer, entonces, los estrechos vínculos entre el pasado, el presente y el horizonte de expectativas de una paz futura? ¿Cómo la reconstrucción de la memoria puede convertirse en una garantía para que estos execrables crímenes no sigan repitiéndose? Escapa a esta presentación dar respuesta a estos gruesos interrogantes, no obstante quisiera aprovechar la oportunidad que nos brinda este evento, para reiterar algunas ideas que resultan pertinentes para la recuperación y reconstrucción de la memoria en el campo de la persecución al pensamiento crítico.

Para empezar quisiera señalar que la persecución al pensamiento crítico en las universidades ha tenido expresiones diversas, que contemplan no sólo la promoción y aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de las directivas universitarias conducentes a la sanción y en muchos casos destitución de miembros de la comunidad universitaria; sino también la infiltración de los organismos de inteligencia al campus universitario y la fabricación de montajes judiciales, sin dejar de recurrir a la tortura, la eliminación física y la desaparición de profesores, estudiantes y trabajadores críticos. El crimen de Jorge Freytter encarna dolorosamente estas oprobiosas prácticas: en los días previos a su asesinato el profesor Freytter fue investigado judicialmente bajo una falsa acusación de inasistencia alimentaria; días después se reportó su desaparición y tras ser sometido a tratos crueles e inhumanos fue finalmente asesinado. Este homicidio –como nos lo recuerda el abogado Alirio Uribe en su artículo incluido en este libro que hoy presentamos “se suma a una serie de crímenes que se cometieron contra miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que han manifestado ser opositores de las últimas administraciones y que se caracterizaron por denunciar irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución educativa”(pág. 101)

Hoy, como antes, tenemos suficientes elementos de prueba para afirmar que en estos crímenes han participado agentes del Estado Colombiano, ya sean del ejército, la policía o los organismos de inteligencia, en estrecha connivencia con integrantes de organizaciones paramilitares; complicidad que como bien lo documenta el sacerdote colombiano Javier Giraldo en el libro, cuenta con una larga data en Colombia. Cabe rememorar aquí el crimen cometido hace ya más de treinta años contra el reconocido defensor de presos políticos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, quien fuera asesinado por miembros de los escuadrones del naciente MAS (Muerte a Secuestradores), una de las organizaciones pioneras de los grupos paramilitares, que contó en sus orígenes con el auspicio de narcotraficantes y sectores ligados a las Fuerzas Militares.

Una práctica que ha tenido continuidad en la última década como lo ilustra dramáticamente el más reciente caso del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, acusado falsamente de ser un importante ideólogo de las FARC, y asesinado en septiembre del 2004, poco después de recuperar su libertad. Las pesquisas judiciales llevaron a concluir que se trató de un montaje judicial orquestado desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (organismo de inteligencia dependiente del ejecutivo) que actúo en estrecha conexión con miembros del Bloque Norte de las Autodefensas.

Pese a la contundencia de estos hechos, representantes del Estado e incluso sectores de la misma Academia, han difundido versiones en el sentido que estos crímenes han sido el resultado de “fuerzas oscuras” que pretenden desestabilizar la democracia. Así, en una versión cercana a lo que en Argentina se denominó la “teoría de los dos demonios”, se ha pretendido defender la existencia en Colombia de dos bandos enfrentados, uno y otro igual de violentos y con una misma responsabilidad ante la sociedad cuyo papel ha sido relegado al de simple espectadora para luego ser declarada “víctima”. La difusa conceptualización de “actores armados” en el que se incluye tanto paramilitares (hoy llamadas eufemísticamente “bandas criminales”), fuerzas militares y guerrillas, sin diferenciar sus orígenes, modalidades de acción, objetivos estratégicos, es parte de esta interpretación oficial que, de una u otra forma recoge el reciente informe del centro de Memoria “basta ya”:

“En Colombia, el conflicto armado –afirma el mencionado informe- no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto”.

Frente a esta tesis quisiera señalar –y esta es la segunda idea que me interesa subrayar en esta presentación- es que en Colombia la persecución contra el pensamiento crítico en las universidades no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de una política sistemática de silenciamiento y exterminio de diferentes expresiones de pensamiento crítico en la sociedad, que afecta no solamente a la comunidad académica sino, también, a líderes políticos y sociales, así como a diferentes sectores de la oposición. Con lo anterior queremos hacer explícito la existencia en Colombia de una política estatal que busca garantizar el orden social vigente recurriendo a medios legales y extralegales. No de otro modo se explica la existencia de un gigantesco aparato militar que amparado en doctrinas contrainsurgentes como la “Doctrina de la Seguridad Nacional” han identificado en los movimientos de protesta y resistencia, un “enemigo interno” que debe ser aniquilado.

La otra arista de esta realidad es la actuación de una justicia politizada que -salvo muy raras excepciones- ha fungido como mecanismo de desarticulación de las organizaciones sociales, contribuyendo a la persecución, estigmatización y judicialización de quienes -desde la palabra o desde la acción- han cuestionado las políticas oficiales. Por esta vía se garantiza la impunidad jurídica para los autores de crímenes de lesa humanidad, narco-paramilitares y desfalcadores del erario público que, a lo sumo, purgan leves condenas en cómodos centros de reclusión o guarniciones militares disfrutando de todos los lujos y beneficios que para otro interno sería impensable, mientras a los presos políticos se les aplica una legislación draconiana, y se les recluye en establecimientos penitenciarios que no respetan las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Esta es la condición en que viven los más de 9000 prisioneros y prisioneras políticas del país cuya existencia es negada con vehemencia por los gobiernos de turno.

Capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, principios constitucionales e incluso tratados internacionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del juicio penal, constituyen el denominador común de estos montajes judiciales, que hoy mantienen tras las rejas a numerosos estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas bajo los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir”; en tanto que otros miembros de la comunidad académica han tenido que abandonar el país amenazados por los grupos paramilitares.

Bajo esta perversa lógica numerosos estudiantes como Ómar Marín, Carlos Lugo, Jorge Eliércer Gaitán, Alexis Bueno, Cristian Leyva, Erika Aguirre, Xiomara Torres y profesores como Omar Cómbita y Carlo Carrillo llevan más de treinta meses arbitrariamente privados de la libertad acusados de tener supuestos nexos con la insurgencia armada; Se trata de juicios parcializados con base en el testimonio de personas al servicio del Estado que no tienen ninguna credibilidad, pero que creen que asesinando o encarcelando el pensamiento crítico se logrará cortar de raíz los sueños de quienes queremos una patria más justa y equitativa donde quepamos todos y todas.

De allí la urgente tarea de derrotar los crecientes silencios, señalamientos y autocensura que se han ejercido incluso desde la misma Universidad y algunos sectores de izquierda contra aquellos que asumen el pensamiento crítico. Sin duda, la memoria constituye un instrumento de visibilización y un paso importante en la exigencia de no repetición de estos repudiables hechos; por lo que proyectos como el que hoy estamos presentando a ustedes constituyen un antídoto eficaz para enfrentar el olvido, porque tienen además la virtud de condensar la tenacidad de los familiares que no han cejado en su afán de exigir verdad y reclamar justicia; el compromiso de los analistas críticos de la realidad social y la incansable labor de colectivos e instituciones que han asumido la loable tarea de la defensa de los derechos humanos.
Por ello, no quiero terminar sin agradecer públicamente a todas las organizaciones políticas, sociales y civiles que hacen presencia hoy en este evento de lanzamiento del libro: a la Universidad del País Vasco, a la diputación foral de Gipuzkoa, al movimiento internacionalista de solidaridad del País Vasco, que han contribuido a la materialización de un proyecto que, sin duda, demuestra el importante papel que puede jugar la comunidad internacional en la solidaridad, visibilización, denuncia de estos crímenes de Estado y, sobre todo, como garantía para que en Colombia no vuelvan a repetirse estos horrendos hechos.

(∗) Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político colombiano.

“¡El pensamiento crítico en Colombia esta en peligro!”

 

Entrevista a Jorge Freytter-Florian, coordinador del libro “Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza”
“¡El pensamiento crítico en Colombia esta en peligro!”

 

Investig’Action/Rebelión

 

 Jorge Freytter-Florian es el coordinador del libro “Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza”, que aborda el trabajo de reconstrucción de la memoria histórica de este pais a partir de la memoria de su padre, Jorge Freytter-Romero, asesinado por el terrorismo de Estado en Colombia en 2001. En esta entrevista, el militante de los derechos humanos Freytter-Florian nos da las herramientas necesarias para entender el contexto y los desafios de las negociaciones de paz. 

-El maestro, luchador social y sindicalista que fue su padre, Jorge Freytter-Romero, fue asesinado en el 2001 por ser un oponente politico. ¿Cómo explica usted el hecho de que la violencia en ese pais se haya ensañado especialmente con profesores, estudiantes y lideres sindicales? 

-Antes que nada quiero aclarar que no se trata de simple violencia, sino de violencia politica. Segun una definicion de ciencias políticas, ésta es: “un terrorismo intrumental de estado, alimentado por grandes corporaciones y los cuerpos de seguridad del mismo”. La violencia política en la que pongo énfasis, es pues una violencia ejercida a través de operaciones extrajudiciales y crímenes de estado dirigidos contra profesores/as, maestros/as de escuela en las regiones colombianas, sindicalistas, lideres y lideresas sociales, etc. De hecho, no solo se ha ensañado con los profesores/as, sino también con los sindicatos de la salud, de alimentos, el campesinado, la mujer y los humoristas colombianos. Por ejemplo: el movimiento social y político Marcha Patriótica, ya cuenta con 80 personas asesinadas en sus filas, a lo largo y ancho del país. Lo cual demuestra que la solución a esta violencia política debe ser estructural y no a corto plazo. Una solución en la que los mismos sectores que han sufrido esa violencia política sean participes del final del conflicto social y armado. Ademas, quiero recalcar la importancia de las luchas que se dan a díario en las universidades públicas, el movimiento estudiantil y los sindicatos. Son sectores en los que la lucha de clases siempre ha estado presente debido a la falta de un Estado que no garantiza sus derechos. Un ejemplo: el aumento del coste de las matriculas para los estudiantes, en universidades que destacan por sus altos indices de corrupción, y la paramilitarización de las instituciones.

El sindicalismo colombiano continua experimentando la impunidad en lo que concierne a las investigaciones penales. Eso explica que Colombia haya obtenido una condena en menos del 10% de los más de 3.000 sindicalistas asesinados.

Esa lucha por la cual mi padre dio su vida, sigue intacta. Y ahora cuenta con más hijos y hijas que la seguiremos, para llevar a cabo la transformación política, social y cultural que requiere Colombia en el camino a la segunda y definitiva Independencia. Como dice la compañera y amiga Piedad Córdoba en el prólogo del libro: “Somos eternos militantes de la Paz. Hemos dejado en este empeño la vida misma, y hoy rendimos tributo a lo posible”.

-¿Como analiza el fenomeno del terrorismo de estado (paramilitarismo)? Como cree que deberia resolverse la cuestion de la impunidad? 

-El Terrorismo de Estado en Colombia no es solo paramilitarismo, sino una doctrina militar: el Estado colombiano en su conjunto, el sistema de partidos, la polícia secreta, la Fiscalia General de la Nación, pasando por todas las esferas de la sociedad, incluyendo aquellos sectores que acumulan las grandes ganancias económicas, como las elites mediaticas, comerciantes, agencias de loterias y hospitales. Muchos parlamentarios/as, alcaldes, gobernadores, rectores de universidades públicas y privadas están siendo investigados por su relación con el narcoparamilitarismo (Narcotrafico y paramilitares).

Como victima del Terrorismo de Estado considero que es urgente nombrar y definir el narcoparamilitarismo. En realidad, el proceso de desmovilización del paramilitarismo, más conocido como: “Pacto de Ralito” (Sanfé de Ralito, Cordoba), ha sido la legalización del pramilitarismo en el Gobierno de Alvaro Uribe Velez. Como víctima de Crimen de Estado reitero mi total desacuerdo con ese mecanismo gubernamental que es la Ley de Justicia y Paz, y afirmo que es una tremenda burla contra las víctimas. Los víctimarios gozan de grandes privilegios en las cárceles, como televisión por cable, telefonía celular, internet, grandes fiestas y el derecho de seguir asesinando desde las carceles; mientras que los presos/as políticos/as viven una situación de desahumanización total en las cárceles. Ni tan solo se les garantizan sus derechos mas basicos, como la salud: unos mueren por torturas y otros por problemas de salud. Todo esto tiene ser sometido a verdaderas investigaciones judiciales que destierren la impunidad, que resulta ser un mecanismo de garantia para los victimarios. A continuacion debemos basarnos en estos principios fundamentales: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A ello le agregaría la construcción de una Memoria Historia que sea coherente y se construya por el pueblo colombiano, no por la oligarquia y sus instrumentos de guerra.

También debemos implicar a las grandes multinacionales y los gobiernos que auspician estos actos de criminalidad contra el pueblo colombiano. Existen muchos elementos que todavía siguen encubiertos y por investigar en profundidad, como los binomios: industria militar-paramilitarismo; elites-paramilitarismo; coorporaciones nacionales–paramilitarismo; multinacionales–paramilitarismo; Alvaro Uribe Velez-Estado narco–paramilitar…y a nivel internacional el papel de Estados Unidos, Israel y la misma Unión Europea. Ojalá que se constituya una Comisión de la Verdad y veamos a personajes como Alvaro Uribe Vélez y Francisco Santos enjuiciados, como ha sido el caso de Fujimori en el Perú.

-¿Cual es su visión acerca de los puntos sometidos a negociacion en los diálogos de Paz de La Habana ? 

-Me parece que el punto de víctimas es especialmente importante, ya que permite que se abra un debate nacional sobre el papel de las víctimas del Terrorismo de Estado y su papel en la solución política al conflicto social y armado. En otras conversaciones de paz no se discutia de este tema, que sin embargo es de gran trascendencia. Pero no debemos conformarnos, sino ir más allá. El Estado Colombiano debe reconocer su implicación y responsabilidad en muchos asesinatos y masacres. Y las demandas de las víctimas deben cumplirse de verdad, mediante políticas públicas para muchas de esas familias que estan sufriendo el Terrorismo de Estado. No es fácil, porque pueden desmoralizar a muchas víctimas de las regiones colombianas. Son familias que por falta de recursos no pueden ni acudir a los Foros Nacionales de víctimas. Muchas víctimas del Terrorismo de Estado siguen quedando fuera de estas discusiones y eso nos preocupa.

Otro punto de suma importancia en el marco del debate nacional, de la construcción de la dignidad de nuestras mujeres y de la Memoria Histórica, es la Creación de la Subcomisión de Género. Es una óptica del conflicto que a mi parecer nunca se había discutido en otras Conversaciones de Paz. Espero que de ahí se emitan grandes comunicados y propuestas en relación a las violaciones de los Derechos Humanos originadas por el Terrorismo de Estado. Aprovecho para decir que, a lo largo del conflicto, las mujeres colombianas han tenido distintos roles, y juegan cada día un papel trascendental en la transformación social, política, económica, cultural y academica del país. Es un deber histórico sacar a la palestra el sistema patriarcal en Colombia y la doble represión que ejerce contra la mujer, ya que la condición de mujer se conjuga con la identidad de género, etnia, clase, etc.

-¿Qué papel considera que puedan tener en ese proceso los organismos de integracion regional como el ALBA y la CELAC ? 

-Sobre esta cuestión les remitiría a la intervención del comandante Chavez Frías del 2 de Diciembre del 2011. Es un texto de lectura obligada: son las líneas políticas que deben mantenerse como premisa historica para Nuestra América Latina y Caribeña, en las que se resalta el antiimperialismo y anticolonialismo como principios regidores de nuestra integración. Se trata de organismos que juegan un papel importante como observadores y garantes de la construcción de la Paz con Justicia Social en Colombia. Las experiencias, desde la perspectiva de los pueblos, de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela son de gran ayuda. Esperemos no fallar en estos procesos y seguir consolidando este modelo de integración, que ya está derrotando los modelos de integración neoliberales, es decir los Tratados de Libre Comercio, y creando modelos de cooperación Sur-Sur en los ámbitos más importantes de nuestra América Latina y Caribeña.

-Partiendo de su experiencia personal, ¿podria explicarnos cual es la situación de los exiliados colombianos que llevan a cabo un trabajo académico y en defensa de los derechos humanos en Europa ? 

-La situación no es nada facil. Existen todo tipo de trabas, desde el racismo, problemas de documentación, de adaptación, desconexión de las familias…hasta el extremo de que el mismo Estado Colombiano realiza operaciones de espionaje contra muchos exiliados/as colombianos/as en Europa. Pero también debe destacarse el fuerte activismo de los exiliados/as colombianos/as en diversos países de la Unión Europea.

Hace unos pocos días en el Bolivar, en una municipalidad del País Vasco, se llevó a cabo el proceso Constituyente del Exilio colombiano que aglutinó a alrededor de unos 70 colombianos/as exiliados por el Terror del Estado en 10 países. Debo destacar algunos elementos importantes que surgieron del debate y que se reflejaron en la declaración: “Encuentro de Constituyente de Exiliados/as Perseguidos/as por el Estado Colombiano. Declaración Final. Bolivar, País Vasco 15 de Noviembre de 2014”. Quisiera citar solo algunas de las propuestas para la construcción de la Paz de Colombia que se pronunciaron en aquella ocasion:

– “Respaldamos los diálogos de paz que adelantan el Gobierno y las FARC-EP en La Habana, así como los que están comenzando entre el Gobierno y el ELN en el Ecuador, y reclamamos el comienzo inmediato de un proceso de paz con el EPL. Consideramos imprescindible el acuerdo inmediato de un Cese Bilateral del Fuego que genere el ambiente constructivo para los acuerdos, y para garantizar la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz”. 

– “Impulsamos acciones políticas y jurídicas necesarias para detener la persecución que sigue adelantando el gobierno colombiano en total impunidad (como la llamada “Operación Europa” del DAS y las recientes interceptaciones ilegales contra el exilio colombiano). Acciones de re-victimización del exilio y de persecución extraterritorial al movimiento popular mediante acuerdos intergubernamentales” 

– y finalmente Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social y del pensamiento crítico, que mantienen a más de 9500 presos/as políticos/as y sociales en las cárceles colombianas y en el exterior, para quienes exigimos su inmediata libertad” 

El día 18 de Diciembre se entregó el documento final a la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para que sea remitido a la Mesa de Conversaciones y a todas las organizaciones y entidades acompañantes a las Conversaciones de Paz, tanto en Colombia como a nivel internacional.

-Recientemente se ha publicado el libro “Presente y futuro de Colombia”, que es un trabajo de reconstruccion de la memoria historica en ese pais a través del ejemplo de su padre, Jorge Adolfo Freyyter-Romero. La obra colectiva cuenta con un prologo de Piedad Cordoba, y con importantes testimonios y analisis de autores como François Houtart, Nestor Kohan… ¿Qué destacaria usted de las perspectivas analizadas en esta obra como contribucion para la enseñanza de una cultura de la Paz? 

-Aprovecho para agradecer a todos/as los coautores/as que nos han apoyado. El libro recoge la experiencia real de un profesor asesinado por el Estado Colombiano. Para la cultura de Paz, el libro aporta la reconstrucción de la memoria historia de una parte de la criminalización, hostigamiento y asesinatos que se dirigieron contra la Universidad del Atlántico y la Región del Caribe colombiana. La publicacion coincide con una coyuntura de suma relevancia política, como son las Conversaciones de Paz. En el dialogo de paz hay un punto en el que se aborda la cuestion de las víctimas. Nosotros profundizamos el debate acerca de ese punto, que ha de servir como un instrumento para la conformación de una Comisión de estudio de los casos de profesores y sindicalistas asesinados en Colombia. Y también debe saberse que no existe un limite de tiempo en la reconstrucción de la memoria historica. Han pasado ya 10 años del asesinato y del ocultamiento por parte del Estado de la actividad política, el pensamiento y la figura de mi padre. En su ámbito, la Universidad Pública, lo que a él más le gustaba era animar a sus discípulos, para que pudiesen abanderar las justas causas de nuestro pueblo colombiano.

-Precisamente en una de las presentaciones de este libro, usted participo junto al Profesor Miguel Angel Beltran. Recientemente se ha hecho publico un comunicado que denuncia su encarcelamiento por motivaciones politicas y exige su liberacion. Como amigo personal del Profesor Beltran, ¿puede explicarnos cual es la situacion que él ha atravesado estos últimos años ? 

-El profesor y compañero Beltrán sufre la persecución más horrenda que el Estado Colombiano ejerce contra un académico. Es alguien que crea cátedra, y nos ayuda a todos y todas a reflexionar sobre el país que queremos, y sobre las caracteristicas de la historia que hemos tenido en Colombia. El profesor Beltrán está sufriendo un montaje judicial, con su destitución administrativa en la Universidad Nacional. Lo único que si les puedo decir es que no lo silenciaran nunca; ¡El silencio no es una alternativa! La vida del profesor Beltrán corre peligro, pedimos que la solidaridad internacionalista se manifieste en contra de este montaje judicial que, enmedio de las Conversaciones de Paz, quiere ir eliminando o poniendo en jaque mate a los que constribuyen desde las academias a la solución política del conflicto social y armado en Colombia. ¡El pensamiento crítico en Colombia esta en peligro!

¡LA PAZ DE COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL! País Vasco- Euskal Herria, 07-08 y 09 de Abril 2015

LLAMAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL
¡LA PAZ DE COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL!
País Vasco- Euskal Herria, 07-08 y 09 de Abril 2015

El nueve de Abril está incrustado en la memoria social colombiana. Inicialmente como un recuerdo nacional doloroso, ya que conmemora el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán en el año de 1948 a manos de la oligarquía antidemocrática que históricamente ha gobernado el país. Destruyendo así la posibilidad de construcción de un proyecto de gobierno democrático de origen popular, anti bipartidista y anti imperialista. Podemos afirmar, que con su asesinato se afianza el periodo de violencia política que aún no cesa en contra de quienes como Gaitán han buscado una Colombia diferente.

Sin embargo, el nueve de abril se ha reconfigurado y a pesar de su anterior connotación es la fecha simbólica que encarna las luchas del pueblo colombiano, de sus movimientos sociales y fuerzas políticas alternativas en pro de una Colombia en paz con justicia social.  Este nueve de Abril es significativo en el actual contexto de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano, ya que en este momento histórico se aproxima la posibilidad de poner fin al conflicto armado, social y político que vive Colombia desde hace más de 50 años.

Es así, que las colombianas y colombianos en Euskal Herria nos sumamos y replicamos la convocatoria nacional a los movimientos sociales y fuerzas políticas del País Vasco, por medio de las jornadas del nueve de Abril en Bilbao, denominadas “La paz en Colombia es con Justicia Social un espacio de encuentro cuyo objetivo es respaldar la mesa de negociaciones y la movilización en Colombia de los sectores sociales, campesinos, afro descendientes, de mujeres, exiliadas, exiliados y de todas aquellas personas que exigen la justicia social como requisito para construir una paz estable y duradera.

 En las jornadas se desarrollaran las siguientes actividades:

El 7 de Abril, a las 18:30 en la Bolsa, proyectaremos un  documental sobre la implicación de la Multinacional Pacific Rubiales, donde explica la persecución, amenazas y despojo de sus tierras y territorios a nuestras campesinas colombianas, y un Conversatorio: Las Multinacionales en Colombia con Beatriz Plaza del OMAL

El 8 de Abril, a las 19:00 en las Juntas Generales de Bizkaia  Conservatorio  La paz en Colombia y la estabilidad Regional con el exiliado político, antropólogo colombiano Alberto Pinzón Sánchez sobre el último informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Conflicto Colombiano, acompañado de la Cónsul de República Venezuela Yolanda Rojas, y la investigadora social Colombiana Diana Carolina Bustos.

El día 9 de Abril, realizaremos una concentración en el Teatro Arriaga de Bilbo  19,00 horas.

!LA PAZ EN COLOMBIA ES CON JUSTICIA SOCIAL!